Equipo de investigación de Fecode*
Don Sabas (…) inició una adolorida explicación de su
régimen alimenticio. Extrajo un frasquito del bolsillo de la camisa y puso
sobre el escritorio una pastilla blanca del tamaño de un grano de habichuela.
(…) El coronel se acercó al escritorio. Examinó la pastilla en la palma de la
mano hasta cuando don Sabas lo invitó a saborearla.
—Es para endulzar el café —le explicó—. Es azúcar, pero sin azúcar.
—Por supuesto —dijo el coronel, la saliva impregnada de una dulzura
triste—. Es algo así como repicar pero sin campanas.
El coronel no tiene quien le escriba
Gabriel García Márquez
Este artículo entrega información recogida mediante una encuesta diseñada en la plataforma Google forms y aplicada entre febrero y abril de 2021 (Salazar et al., 2021). El propósito de la encuesta fue verificar el estado de las medidas de bioseguridad que el Gobierno nacional ha promovido para implementar la alternancia (clases en casa para unos estudiantes y presencial para otros) y el retorno de estudiantes y docentes a las aulas de clase.
En la encuesta, se destacan los siguientes ítems que dan cuenta del estado de las escuelas públicas que determinan los pasos a seguir en relación con la situación de la pandemia: población escolar, infraestructura, dotación, servicios públicos, verificación de acuerdos institucionales, personal de servicios especializados, necesidades permanentes durante la jornada laboral, testeo, prevención y manejo y acuerdos institucionales para la permanencia en la institución escolar.
El instrumento llegó a 1.029 personas que trabajan en las instituciones escolares: 29 % de ellas, del área urbana y 71 %, del área rural, en su amplia mayoría de la jornada de la mañana.
Pues bien, comencemos diciendo que, de modo parecido a como se acercó el coronel al escritorio en El coronel no tiene quien le escriba (García Márquez, 1958, p. 40) para examinar, en la palma de la mano, esa pastilla blanca del tamaño de una habichuela que puso en la superficie don Sabas con la intención de endulzar el café, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) se aproximó a las instituciones escolares oficiales. Su propósito fue hacer una lista de chequeo de las condiciones de las 47.279 sedes escolares que hay en el país y para ello indagó en una muestra de escuelas de todo el país.
Partió del hecho de que, según el Sistema de Identificación de Sedes Educativas (SISE), tales lugares se distribuyen así: 64 %, en zonas urbanas y el 34 %, en áreas rurales; hasta 2019, hubo en ellas 309.889 docentes estatales: 270.000, con afiliación a la Federación (Fecode, 2019, p. 17).
El azúcar, pero sin azúcar, de la lista de chequeo T1
Al percatarse de la curiosidad del coronel con la pastilla, don Sabas lo invitó a saborearla advirtiéndole que era para endulzar el café e indicándole que era azúcar, “pero sin azúcar”. Fecode, distante de la actitud asumida por don Sabas, confió en que los ministerios de Educación y Salud y las entidades que hacen sus veces en distritos, departamentos y municipios, sí le habían puesto el dulce de la bioseguridad a las miles de sedes escolares que tiene Colombia, entre otras razones, porque es su obligación facilitar, proveer y adoptar “medidas positivas que le permitan al individuo y a las comunidades disfrutar del Derecho a la Educación” (Defensoría del Pueblo Colombia, 2003, p. 44).
Pero, lo que muestra la lista de chequeo resultante de la encuesta es que la pandemia diluyó la gragea en el pocillo de la escuela y dejó en el paladar de la ciudadanía colombiana un sinsabor en materia del derecho a la educación que contiene la Constitución Política del que tanto se vanagloria el Gobierno nacional. No se cata el dulce y si se paladea, no existe, es imperceptible al sentido del gusto de las comunidades educativas.
Con respecto a los protocolos de seguridad, uno de los aspectos sobre los que indagó la encuesta y la herramienta más publicitada por los gobernantes para el retorno a clases, se encontró que en 28 de 30 instituciones escolares, por poner una cifra, los consejos directivos no habían aprobado los protocolos. El consejo directivo es el órgano del gobierno escolar que se encarga, por mandato de la Ley General de la Educación, de tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, de asumir la defensa y garantía de los derechos de la comunidad del plantel y de establecer procedimientos para “el uso de las instalaciones en actividades educativas (…) de la respectiva comunidad educativa” (Ley 115 del 8 de febrero de 1994).
No se habían aprobado esos protocolos porque en marzo de 2021 las comunidades educativas no los conocían: del 100 % de esas comunidades que debían conocer y suscribir los protocolos y las decisiones del retorno de menores a las aulas, únicamente el 6,5 % estaba enterado de lo que allí se estaba definiendo. Tampoco las autoridades regionales y locales, en la misma proporción que los centros escolares, los habían aprobado por la misma razón.
Pues bien, el cumplimiento de los protocolos ha sido, acudiendo al argot popular, “un caballito de batalla” entre el magisterio y los gobiernos, un punto central de controversia. En los párrafos siguientes se mostrará la discusión y se argumentará por qué mientras el magisterio defiende la Ley y la vida, en los gobiernos se pone por encima de ellas la reactivación económica y, por esta vía, la necro política.
En seguida, se indicará lo encontrado en la encuesta con respecto a los siguientes aspectos: la ventilación, el distanciamiento físico, señalización de rutas de entrada y salida a los centros escolares, la situación en materia de servicios públicos, las condiciones de conectividad a internet y lo que sucede con el personal de servicios.
Ventilación
Una de las exigencias de los expertos para controlar la propagación del covid-19 es que haya ventilación en los lugares en los que se encuentra la gente, en este caso, en las aulas y los espacios escolares. Al preguntar si las sedes de la escuela cuentan con la conveniente ventilación natural o artificial y si se hacen los mantenimientos de rigor, el 43,3 % de las personas encuestadas respondió de manera afirmativa y el 56,7 %, con un “no”; es decir, más de la mitad de las instituciones educativas carece de ventilación, sea natural o artificial, para garantizar el ambiente saludable del proceso de enseñanza y aprendizaje.
A lo anterior se añade que el 67,7 % de las instituciones no cumple con espacios de ventilación cruzada y permanente, que se garantiza con rejillas por las que entre y salga el aire.
Distanciamiento físico T2
El distanciamiento físico entre las personas es otra de las recomendaciones de las autoridades nacionales e internacionales de salud para aminorar el contagio.
Es importante anotar que hay normas establecidas de antemano. Por ejemplo, según el grado de estudio, es diferenciada la norma Técnica Nacional 4595 del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) sobre el distanciamiento físico en los llamados Ambientes Básicos de Aprendizaje:
– Un ambiente A, para treinta estudiantes en un aula de clase, calculado a partir de 1,65 metros cuadrados (m2), demanda 1,75 m2 por estudiante, de acuerdo con edades y también con el mobiliario.
– Para educandos entre cuatro y cinco años, el área definida para cada estudiante es de 2 m2, lo mismo que para quienes estudian el grado transición.
– En educación básica y media, en la que hay educandos entre seis y 16 años, el área por estudiante oscila entre 1,65 y 1,80 m2.
– En educación especial, el área es 1,85 m2 (González, 2017, pp. 46 y siguientes).
– Un salón de informática demanda, como máximo, 40 alumnos y 2,2 m2 por estudiante.
Sin embargo, las entidades gubernamentales hacen caso omiso de esta norma: pese a que existe, el rango de distanciamiento físico impuesto por ellas para el retorno a clases es de 1 m2 en todos los espacios del entorno escolar, decisión que desconoce, sin argumento, lo estatuido por el Mineducación y el Icontec.
Para la Norma Técnica Colombiana 4595, las áreas comunes y de recreación corresponden a los Ambientes Básicos de Aprendizaje tipo D. Quienes respondieron la encuesta sobre estas áreas admiten que solamente tres, de 30 instituciones, amparan el distanciamiento físico de 1,5 metros a la redonda entre las personas. Solo este número de entidades cumple lo exigido. La unidad de referencia, en este caso, es la cancha multiusos (incluye baloncesto, microfútbol, juegos, filas y otras actividades), que en miles de sedes no existe o, si la hay, es muy precaria; es decir, no tiene pavimento, ni demarcación y carece de las medidas técnicas exigidas por las entidades encargadas del deporte.
Señalización para la entrada y la salida T2
En lo atinente a la señalización de las rutas de entrada y salida a los centros escolares para evitar el cruce entre transeúntes, el 93,5 % de las personas encuestadas manifestó que no existe esa señalización. En la Norma Técnica Nacional 4595 se trata este aspecto: habla del tipo E de los Ambientes Básicos de Aprendizaje cuyas dimensiones equivalen hasta 30 o 40 % del área total construida del plantel, cubierta o descubierta y hace énfasis en vías de evacuación y en áreas tanto de almacenamiento y exhibición de elementos y enseres, como de desarrollo de actividades de extensión.
Sin embargo, en estos sitios no hay garantías, lo que implica que se entorpecen varias condiciones relacionadas con la protección: por una parte, el aislamiento de personas con fiebre, tos y malestar estomacal, que pueden contagiar a otras con SARS CoV-2 o covid-19. Por otra, faltan los espacios de enfermería, dotaciones de atención primaria en salud y hay obstáculos para acceder a la red pública de salud, realidades que ratifican su poca factibilidad en el 93, 5 %, según la encuesta.
A la problemática mencionada se suma el hecho de que solamente una, de 30 instituciones escolares, posee condiciones para la movilidad de personas discapacitadas o con capacidades múltiples. Como quien dice, el derecho a la educación sigue esfumándose, porque lo que indica este guarismo es que, pese a que han transcurrido tres decenios desde su implementación, el derrumbe de barreras arquitectónicas para garantizar la accesibilidad de las personas a las instituciones escolares y espacios públicos sigue en deuda.
Agua y alcantarillado T2
Ligado a lo expuesto están los servicios públicos, condición sine qua non para la implementación de la alternancia y la bioseguridad si en verdad se honra la prevalencia y superioridad de los derechos de niñas y niños consignados en la Constitución. Las cifras señalan que el 67,7 % de las sedes no gozan de acceso a agua potable durante el año escolar, más de las dos terceras partes de las instituciones no mantienen un tanque de almacenamiento de agua para suplir interrupciones en el servicio de acueducto o atender emergencias.
A secas, el 41,9 % tiene conexión a una red de alcantarillado o a un sistema de tratamiento y evacuación y más del 85 % de las sedes no tiene plan de manejo, recolección y aprovechamiento de residuos. Escuetamente, solo el 38,7 % garantiza el lavado de manos con agua y jabón, mínimo cada tres horas, antes y después de la ingesta de alimentos, luego de ir al baño, del receso y de tener contacto con superficies.
Conectividad a internet T2
La conectividad es otro componente primordial en el sentido de garantizar el seguimiento y la interacción del centro escolar con las organizaciones internas y externas responsables del retorno del alumnado a las aulas. Los dígitos en 2020 revelaron que solo el 4 % de los 1.100 municipios del país tenía buena conectividad, que el 63 % de las personas bachilleres de 2018 no tenía acceso a Internet desde sus hogares y que en las zonas campesinas, apenas el 9 % de quienes estaban educándose en escuelas disponía de computador (Colectivo Caja de Pandora, 2021, p. 249). La lista de chequeo rubrica que solo el 12,9 % de las sedes posee conectividad a Internet para el desarrollo de actividades escolares y que la conexión a energía eléctrica supera el 80 %.
Sobre el personal de servicios T2
Otro factor crucial en el retorno seguro es el de las condiciones del denominado personal de servicios. El 22,6 % de ese grupo de personas tiene disponibilidad permanente como personal exclusivo para las tareas de aseo, limpieza y desinfección de las instalaciones, y menos del 5 % del mismo está certificado. Alrededor del 80 % de las sedes cuenta con personas que manipulan y suministran alimentos, garantizan condiciones sanitarias, almacenamiento, limpieza y desinfección. Entre el 40 % y el 45 % de las personas encuestadas aduce que el transporte escolar no cumple con los protocolos de bioseguridad y que apenas el 3,2 % del personal encargado de ese servicio tiene certificación.
Otros aspectos derivados de la encuesta T2
Por las características del covid-19, el manejo del contagio es una situación sui generis para gobernantes, comunidad educativa y gente de la ciencia, pero ha sido inadecuado. En marzo de 2021, estaba implementándose la alternancia. Por esta razón, la encuesta, aplicada entre febrero y abril de 2021, halló que el 25,8 % de las personas encuestadas hacía parte del comité constituido para tal efecto y el 24,1 % conformaba el comité institucional y de funcionamiento. Al indagar si el plan de retorno seguro a la institución contempló la caracterización de comorbilidades de las familias de la comunidad educativa, especialmente, de quienes estudian, la respuesta positiva no sobrepasó el 20 %. En el caso de docentes y de personal administrativo, fue 50 %.
Es claro que el saber de docentes y plantas directivas no les autoriza para manejar situaciones que son del dominio de quienes trabajan en salud; empero, cerca del 40 % de las instituciones que participaron en la lista de chequeo no disponen de personal idóneo para hacer el testeo diario; tampoco quienes, de todas maneras, lo hacen, tienen un contacto directo que les entregue reportes y haga seguimiento de los casos de contagio asociados a la comunidad. Menos aún, tienen los contactos para reportar estudiantes, docentes y personal administrativo que se hayan contagiado con el SARS-Cov-2 o para indicar que hay sospecha de ello. Esto último se constató en más del 90 % de las encuestas.
El paisaje es más calamitoso al registrar que cerca del 50 % de las instituciones no ostenta un sistema de seguimiento a las familias que han reportado casos de contacto o contagio con el covid-19, de manera que se puedan activar protocolos de aislamiento. Solo en el 19,4 % de los casos hay un mecanismo de información al sistema de salud y en el 9,7 %, un plan de contingencia para el manejo pretendido de los casos de contacto y contagio mencionados en el entorno escolar.
Lo que queda en el fondo del tintero, recreando el pasaje de don Sabas con el coronel, es la fragilidad del derecho a la educación, conexo con las obligaciones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. Estas obligaciones se señalaron al Estado colombiano a finales del siglo XX con motivo de la visita a Colombia de la Relatora Especial del Derecho a la Educación (Tomasevski, 2004). Sin embargo, lo que se dijo no se ha cumplido. Pero sí se fuerza al personal docente a retornar a las clases presenciales y se conmina a las madres y padres de familia a mandar a sus hijos e hijas a las instituciones escolares con la firma de un consentimiento.
El magisterio hizo todo el esfuerzo por prevenir el contagio de más de ocho millones de educandos del sector público estatal y puso al servicio del Estado y de la comunidad educativa sus habitaciones, medios tecnológicos de su propiedad, los costos de servicios públicos y más tiempo de su jornada laboral para atender estudiantes y padres de familia. Ahora, el sabor que queda, como dijo el coronel a don Sabas, es el de “una dulzura triste”, un sabor amargo, algo así como “repicar y repicar, pero sin campanas”.
Repicar, pero sin campanas T1
Es verdad de Perogrullo que el covid-19 dejó al desnudo el raquitismo del derecho a la educación, luego de 30 años de existencia. El estallido social que hubo en Colombia desde el 24 de abril de 2021 reafirma también la depauperación en salud, trabajo y demás derechos humanos. No obstante, los gobernantes han hecho bastante algarabía; se repica y repica, pero “sin campanas” y sin su sonido, solo se perciben discursos que nos ensordecen, pero las campanas no son tangibles.
Dicho de otro modo, la asequibilidad, la accesibilidad, la adaptabilidad y la aceptabilidad, tal como lo muestra el estudio en la lista de chequeo, no se han materializado. Esa irrealidad es la que problematiza el retorno a las aulas y justifica la continuidad del “aprendizaje en casa” hasta que haya condiciones de bioseguridad y psicoseguridad, así los organismos de gobierno e incluso los de control aludan al retorno seguro, cual párroco que “predica, pero no aplica”.
Sobre la base de la información alcanzada, la bioseguridad centra su atención en los componentes físicos y materiales, en las campanas y el azúcar, más que en el sonido y en el dulce. El sonido y el dulce, retomando la analogía de la conversación de don Sabas con el coronel, son cualidades perceptibles pero que poco se pueden asir, como son la psiquis y la mente en los seres humanos.
Los ministerios repican y las secretarías de Educación hacen eco de la cantinela. Estas últimas dicen que el retorno gradual, progresivo y seguro de estudiantes a las clases presenciales es una prioridad de salud pública que responde a las necesidades de promoción de su desarrollo y de su salud mental. Que esto se hará con implementación de medidas de bioseguridad, pero, como vimos, no se garantizan la aplicación de protocolos, aforos, distanciamiento, atención y seguimiento a las personas afectadas por el covid-19.
En esa vía, menos se protege la salud mental, entre otras razones, porque no se cuenta con estudios oficiales que permitan tener un diagnóstico preciso al respecto. El que sí da un duro campanazo al gobierno y al magisterio es el Instituto Colombiano de Neurociencias, una entidad privada.
El Instituto mencionado advirtió en junio de 2020 que el 88 % de educandos con edades entre cuatro y 12 años presentaba signos relacionados con la salud mental y el comportamiento. Para su estudio, hizo una encuesta a 651 hogares en los que hay 1.044 niñas y niños y de allí extrajo las siguientes conclusiones al respecto:
– El 46 % de las 1.044 personas menores de edad presentaron problemas para dormir y levantarse.
– El 36 % de ellas contestaba en forma fuerte o grosera.
– El 31 % mostró frustración con frecuencia.
– El 30 % había experimentado cambios de apetito.
– El 29 % se aburría con facilidad.
– Al 26 % le costaba trabajo concentrarse.
– El 25 % lloraba con frecuencia.
– El 22 % no quería hacer caso.
– El 18 % se negaba a hacer tareas escolares.
– El 18 % era más desordenado en ese momento que antes.
– El 18 % dormía en la cama de papá y mamá.
– El 16 % estaba con hiperactividad
– El 9 % olvidaba lo aprendido.
– El 8 % tenía pesadillas.
– El 8 % estaba experimentando nuevos miedos.
– El 42 % presentaba problemas relacionados con habilidades académicas.
– Una inexacta cantidad desplegaba desesperanza e ideación suicida.
Un artículo de prensa publicado en septiembre de 2020 (Sánchez, 2020) comenta los resultados de la encuesta del Instituto de Neurociencia y destaca: “durante el confinamiento, los niños están en riesgo de desarrollar trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés postraumático, trastorno adaptativo, depresión y ansiedad”.
Esas son, apenas, señales de la efervescencia de psicoseguridad que sale del pocillo y que nublan el horizonte en el quehacer pedagógico de quienes ejercen la docencia; además, que han inundado la orientación escolar, escenario en el que convergen estas problemáticas. Surge, así, la pregunta por el paraguas, al que poca atención le pone el coronel:
—Coronel, espérese y le presto un paraguas.
El coronel respondió sin volver la cabeza.
—Gracias, así voy bien.
…
—Métase aquí, compadre —gritó.
Hizo espacio bajo el paraguas.
—Gracias, compadre —dijo el coronel.
Pero no aceptó la invitación.
…
—Espérese y le presto un paraguas, compadre.
«Gracias, compadre», dijo acodado en la ventana. «Prefiero esperar a que escampe.»
Un paraguas que encarnan las y los docentes y la orientación escolar, donde la hay, pues para las 47.279 sedes escolares no hay más de 5.000 personas que orientan. El paraguas también es “azúcar, pero sin dulce”; la salud mental del magisterio, que sería el dulce, está muy desabrida y ese desabrimiento viene de tiempo atrás; el covid-19 ha auscultado los agujeros que sin duda se ensancharán.
El primer estudio sobre síndrome de burnout en personas que ejercen la docencia en Colombia[1] se hizo en Medellín a comienzos del milenio (Restrepo-Ayala et al., 2006) y arrojó que cerca del 47 % de docentes padecían o estaban sitiados por tal síndrome; posteriormente, en Bogotá, se demostró que 69,7 % sufre problemas psicosociales ocasionados por los estudiantes; 53 % padece de cansancio emocional, 28,8 % está perturbado en su realización personal y 16,7 % se siente desmotivado.
Finalizamos este artículo señalando que lo examinado es apenas un botón del traje que deja ver el deterioro de la vestimenta del derecho a la educación y sus conexos. Ese botón pone en entredicho la ficción de los discursos gubernamentales que repican, pero sin campanas. Este botón llama la atención de los sastres a no encubrir la verdad del traje, a actuar con seriedad en la toma de medidas, para no seguir ocasionando sinsabores y dolor en las familias colombianas, ahora con el tal retorno seguro y obligado.
Referencias
Colectivo Caja de Pandora (2021, abril). La Caja de Pandora entre signos de puntuación y síntomas de malestar. Pandemia y escuela en Bogotá: Crónicas de maestras y maestros 2020. Secretaría de Educación de Bogotá. https://www.researchgate.net/publication/350640260_La_Caja_de_Pandora_entre_signos_de_puntuacion_y_sintomas_de_malestar_2021_En_Pandemia_y_escuela_en_Bogota
Defensoría del Pueblo Colombia (2003). El derecho a la educación en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales. Defensoría del Pueblo.
Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) (2019). La vida por educar. Fecode.
García Márquez, G. (1958). El coronel no tiene quien le escriba. Editorial Suramericana.
González, J. (2017). Espacios y desespacios en los colegios públicos. Revista Educación y Cultura, 120, 46 y ss.
Instituto Colombiano de Neurociencias (2020, 20 de junio). Emergencia sanitaria y su impacto sobre nuestros niños. Consultado en https://www.neurociencias.org.co/especiales/2020/emergencia-sanitaria-y-su-impacto-sobre-nuestros-ninos/
Restrepo-Ayala, N., Colorado-Vargas, G., Cabrera-Arana, G. (2006, marzo). Desgaste emocional en docentes oficiales de Medellín. Colombia, 2005. Revista de Salud Pública, 8, 1. Universidad Nacional de Colombia. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42280106
Saborío, L. e Hidalgo, L. (2015, enero-marzo). Síndrome de Burnout. Med. leg. Costa Rica, 32, 1. https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152015000100014#:~:text=El%20s%C3%ADndrome%20de%20Burnout%20(SB,debido%20a%20su%20capacidad%20para
Sánchez, L. (2020, 21 de septiembre). Educación remota estresa a estudiantes. Lapatria.com. https://www.lapatria.com/educacion/educacion-remota-estresa-estudiantes-464039
Salazar, L. et al. (2021, abril). Listas de chequeo: una herramienta para la lucha por la defensa del derecho a la educación en condiciones de dignidad. Revista Educación y cultura No 141, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
Tomasevski, K. (2004). El derecho a la educación en Colombia. Revista Educación y Cultura, 65, 40.
Normas
Ley 115 del 8 de febrero de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. Congreso de la República.
* De este equipo hacen parte José Israel González Blanco, Martha Rocío Alfonso Bernal, Óscar Mauricio Patiño Prieto y Johana Jiménez, integrantes de los equipos de trabajo, y el Comité Ejecutivo de Fecode.
[1] A este síndrome también se le conoce como “síndrome de desgaste profesional, síndrome de sobrecarga emocional, síndrome del quemado o síndrome de fatiga” (Saborio e Hidalgo, 2015).
