Corporación Sisma Mujer*
Para las mujeres y las niñas, el tercer año de mandato de Duque se caracterizó por un aumento en los riesgos de sufrir violencia intrafamiliar y feminicidio. Así mismo, las mujeres se vieron expuestas a un aumento en los trabajos de cuidado y reproductivo no remunerados, al tiempo que descendió notablemente su participación en el mercado laboral. Ninguna de las políticas para enfrentar la pandemia tuvo en cuenta la participación o una visión desde los derechos de las mujeres, actitud que se extendió a otros aspectos de la gobernanza, en los que las mujeres y las niñas quedaron por fuera de la lista de prioridades. Entre la respuesta a la pandemia y la represión de la protesta social, en este último año se profundizaron las relaciones asimétricas de poder que ponen en desventaja a las mujeres y niñas del país.
Para nadie es desconocido que en 2020 y lo que va de 2021 se ha podido ver de manera clara, producto de la emergencia sanitaria por covid-19, la vulnerabilidad humana y la falta de eficiencia de los Estados y sus gobernantes. Las desigualdades estructurales se hicieron más profundas y más notorias. La emergencia sanitaria también fue excusa, apareció, lejos de lo que muchos piensan, a favor de quienes gobiernan, como una estrategia de ocultamiento, de aplazamiento, bajo la cual se pusieron todas las situaciones pendientes, empeorándolas. Un viejo truco que, de entrada, sabemos que no funciona, y que quienes trabajamos por los derechos de las mujeres conocemos bien, pues hemos dedicado nuestros esfuerzos a desenmascarar instituciones y gobernantes mediocres en su capacidad de respuesta que, cuando se trata de los derechos de las mujeres y las niñas, se valen de excusas para no actuar de conformidad a sus competencias y obligaciones.
Por eso no nos fue difícil anticiparnos a que el 2020-2021, coincidente con el tercer año de mandato de Iván Duque como presidente, sería difícil para las mujeres y las niñas; un año en el que, de la mano de la peor crisis económica, social y sanitaria, las alertas anunciadas a gritos por el movimiento de mujeres se materializarían, lamentablemente, para dar lugar a una crisis feminizada.
El feminismo ha sido una herramienta para entender cómo funciona la cultura patriarcal en donde se establecen jerarquías y se da por sentado que es más valioso ser hombre que mujer. Como consecuencia de ello hemos podido explicar el funcionamiento de la división sexual del trabajo, en el que los trabajos feminizados, remunerados y no remunerados, muchos de ellos asociados al cuidado, han sido considerados de menor importancia. Sin embargo, durante este año, la pandemia mostró cómo, de cara a la fragilidad de la existencia humana y el aislamiento como mejor alternativa, la productividad se solapó y dependió en su totalidad del trabajo de cuidado y reproductivo. Las mujeres, todas, fuimos la primera línea de atención en la pandemia por covid-19, no solo nos encargamos de garantizar las posibilidades de seguir produciendo, con la vida confinada, sino que el cuidado se volvió casi que la única herramienta efectiva para garantizar, en el aislamiento, la posibilidad de sobrevivir al virus.
Aunque el trabajo, lejos de disminuir, aumentó para las mujeres, fuimos las primeras en descender de manera notable en la participación laboral. Sisma Mujer, en su boletín número 25, hizo un balance en el que pudo evidenciar la tendencia a la masculinización del mercado laboral. De los 22.287 millones de personas ocupadas que había en Colombia en 2019, el 41,4 % correspondía a mujeres y el 58,6 % a hombres (DANE, 2021, citado por Sisma Mujer, 2021a, p. 41). Sin embargo, para enero de 2021, de 19.968 millones de personas ocupadas solo el 38,9 % correspondió a mujeres, mientras que el 61,1% fueron hombres (DANE, 2021, citado por Sisma Mujer, 2021a, p. 41). El impacto económico sufrido por las mujeres en la pandemia, durante los años 2020 y 2021, aumentó las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, ubicándolas en situaciones de dependencia frente a sus agresores, limitando su autonomía y profundizando las causas estructurales de desigualdad.
Sumado a lo anterior, los índices de violencia contra las mujeres aumentaron. Sisma Mujer, en el seguimiento realizado en el periodo de aislamiento preventivo, identificó un aumento del 141,91 % en las denuncias de violencia intrafamiliar por canales telefónicos, al pasar de 692 llamadas en 2019 a 1.674 en 2020 (Sisma Mujer, 2020a, p. 6). A partir de un análisis de las cifras de la Fiscalía General de la Nación, vemos que durante 2020 al menos una mujer fue víctima de violencia intrafamiliar cada seis minutos (Sisma Mujer, 2021a, p. 9). A marzo de 2021, cada once minutos una mujer fue víctima de violencia intrafamiliar (p. 11). En el marco de la pandemia, los obstáculos para la denuncia de estos hechos se incrementaron, sumándose a los ya existentes. Las mujeres, al permanecer en el asilamiento con sus agresores, se vieron ante una suspensión de servicios de atención y protección presenciales, sin claridad de su funcionamiento en la virtualidad. La atención a la violencia intrafamiliar no fue considerada como un servicio esencial, lo que impidió que las mujeres y las niñas pudieran ver satisfecho su derecho de acceso a la justicia de una manera plena, promoviendo el subregistro y condenando a las mujeres a vivir el continuum de violencias adaptado, sin incomodidad, al contexto de la pandemia (p. 7).
Igualmente, es importante resaltar que 2020 y 2021 fueron especialmente graves para las niñas. La visión patriarcal y adultocéntrica de la respuesta del Estado a las violencias basadas en género dio lugar a un riesgo diferenciado y desproporcional para estas de ser víctimas de violencia. Además de los casos de feminicidio de niñas, que para marzo de 2021 ya eran aproximadamente seis (Sisma Mujer, 2021a), Sisma Mujer analizó que las niñas y adolescentes fueron la población de mujeres que más sufrieron violencia sexual. De los 15.462 casos registrados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) en 2020, 13.011 correspondieron a niñas y adolescentes, es decir, el 84,15 % del total de mujeres agredidas, lo que indica que por lo menos una niña o adolescente fue agredida sexualmente cada 41 minutos durante 2020. Dentro de este grupo, las niñas que tienen entre 10 y 14 años son las más afectadas, seguidas por las que tienen entre 5 y 9 años (Sisma Mujer, 2021b, p. 4).
La crisis feminizada requería, por parte del Gobierno nacional, de medidas claras y estratégicas que nombraran y tuvieran en cuenta los escenarios de riesgo para las mujeres y las niñas y propusieran mecanismos efectivos para mitigarlos. Esa respuesta nunca llegó. Junto con la deficiente respuesta a la pandemia, el gobierno sumó una serie de acciones que también pusieron en riesgo los derechos de las mujeres, a saber:
En primer lugar, frente al Acuerdo de Paz se continuó con la desaceleración de las medidas de género contenidas en este. El Grupo de Género en la Paz (GPaz), del cual Sisma Mujer es secretaría técnica, en su reciente informe, que analiza el ritmo de la implementación durante 2020, identificó que tan solo el 20 % de las 109 medidas a las que le hace seguimiento estaban siendo implementadas de manera adecuada (GPaz, 2021). Frente al 50 % de estas, GPaz calificó el avance como parcial (GPaz, 2021). La falta de voluntad del gobierno frente a la paz, concretamente frente a los derechos de las mujeres, impide materializar las intenciones pretendidas con el Acuerdo. El lento ritmo de implementación, alertado desde 2018 (GPaz, 2021) por las organizaciones que hacemos parte de esta plataforma, pone en riesgo la posibilidad real de transformar la vida de las mujeres en el corto y mediano plazo (GPaz, 2021).
En segundo lugar, el tercer año de gobierno de Duque coincidió con el alto riesgo que enfrentaron las mujeres defensoras de sufrir violencias y, por ende, de ver mitigadas las posibilidades de ejercer de manera libre y segura su labor durante 2020 (Sisma Mujer, 2021c). Sisma Mujer, en su Boletín sobre Lideresas y defensoras de derechos humanos durante el segundo año de la pandemia en Colombia (Sisma Mujer, 2021c), identificó que, con corte al 13 de mayo de 2021, al menos 11 lideresas y defensoras de derechos humanos y lideresas sociales habrían sido asesinadas en lo corrido del año. En igual sentido, se pudo establecer la persistencia de amenazas, agresiones físicas, desplazamientos, atentados y abuso policial (Sisma Mujer, 2021c), así como el incremento del control territorial por parte de actores armados (Sisma Mujer, 2020b, p. 9).
Para Sisma Mujer es preocupante el hecho de que el Programa Integral de Garantías no esté siendo implementado de manera adecuada. Hemos encontrado que la respuesta del Estado se ha centrado en las ofertas educativas, principalmente, sin que se avance de manera más decidida en la prevención de las violencias, en la protección integral y en investigación y judicialización con debida diligencia. Nos preocupa la práctica del Estado de no acatar, ni siquiera, la implementación efectiva de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Concretamente y a manera de ejemplo, en el caso de Yirley Velasco, defensora de derechos humanos de los Montes de María, hemos evidenciado una actitud evasiva que no se corresponde con el alto riesgo y las marcas de género de la violencia cometida contra esta (CIDH, 2020).
De igual modo, este gobierno ha adelantado acciones estigmatizantes contra las defensoras a través de pronunciamientos, persecución judicial y capturas contra sus familiares basados en pruebas insuficientes. Por otro lado, también hemos podido evidenciar acciones regresivas en su seguridad, con el desmonte injustificado de sus esquemas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En conclusión, garantizar las condiciones de seguridad para que las defensoras y lideresas puedan ejercer su labor en el país es aún una deuda pendiente por parte del Gobierno nacional, que requiere de su máxima atención.
Finalmente, es necesario hacer referencia a las medidas adoptadas por el gobierno de cara a enfrentar la protesta social en medio de un estallido como consecuencia de las desigualdades históricas exacerbadas en el contexto de la pandemia. Sisma Mujer, en su análisis sobre el particular, concluyó que la pandemia trajo como consecuencia la mayor presencia de fuerza pública en las ciudades y territorios, por razones sanitarias (Sisma Mujer, 2021b, pp. 12-19). Sin embargo, durante las manifestaciones sociales, este mayor poder, producto de su lugar en la contención de la pandemia, fue empleado y aprovechado como mecanismo para reforzar el control militar y policial sobre la ciudadanía, en perjuicio especial de las mujeres (Sisma Mujer, 2021b). Muestra de ello fue el uso de violencia patriarcal, arbitraria y desproporcionada, con claras marcas de género, en donde la violencia sexual fue una forma de castigo contra las manifestantes, en su mayoría mujeres jóvenes (Sisma Mujer, 2021b). De la misma magnitud del estallido social fue la resistencia del gobierno a reconocer las violencias y abrir caminos de diálogo. A la fecha, y pese a las recomendaciones hechas por la CIDH, aún no se garantiza la participación efectiva de las mujeres (CIDH, 2021).
Así pues, podemos decir que este tercer año de gobierno de Iván Duque marcó para las mujeres y las niñas un camino hacia la pobreza, la violencia y la estigmatización. Insistimos en que el primer paso es reconocer el carácter feminizado de la crisis que vivimos, producto de hechos externos como la pandemia, pero agudizada por la falta de escucha y de empatía del Gobierno nacional frente a la ciudadanía en general y las mujeres en particular. Como hemos venido insistiendo a lo largo de este año desde la Corporación Sisma Mujer, una crisis feminizada requiere de una respuesta feminista. De otro modo, se avanzará en la aplicación de fórmulas insuficientes y con tendencia a fracasar para una problemática con afectaciones diferenciales (Sisma Mujer, 2021a, p. 46).
Si bien este último año fue particularmente difícil debido a la pandemia, lo que implicó dificultades inesperadas y acciones no previstas, no es admisible, ni puede ser una justificación para que se hayan incrementado los riesgos de violencia y estigmatización para las mujeres y las niñas. El gobierno de Iván Duque debe estar en capacidad de adaptarse y reaccionar ante estas circunstancias, sin que ello implique desconocer sus obligaciones de garantizar para las mujeres una vida libre de violencias.
Referencias
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2021). Observaciones y Recomendaciones, Visita de trabajo a Colombia. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf
Grupo de Género en la Paz (GPAZ) (2021). III informe de observaciones sobre los avances en la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz. GPAZ.
Sisma Mujer (2020a). Boletín número 20. Sisma Mujer.
Sisma Mujer (2020b). Boletín número 24. Sisma Mujer.
Sisma Mujer (2021a). Boletín número 25. Sisma Mujer.
Sisma Mujer (2021b). Boletín número 26. Sisma Mujer.
Sisma Mujer (2021c). Boletín sobre lideresas y defensoras de derechos humanos durante el segundo año de la pandemia en Colombia. Sisma Mujer.
Norma
Resolución 40/2020. Medida cautelar 154-20. Yirley Judith Velasco Garrido y núcleo familiar respecto de Colombia, 17 de julio de 2020. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
* Elaborado por la Corporación Sisma Mujer, a partir de las publicaciones realizadas en seguimiento a los derechos de las mujeres en el último año. Durante 2020 y 2021 Sisma Mujer produjo siete boletines informativos, que a partir de cifras analizan las dimensiones de la crisis feminizada que enfrenta el país. Ver Sisma Mujer, Boletines 20 al 26, disponibles en https://www.sismamujer.org/impacto-del-covid-en-mujeres-y-ninas-publicaciones/
