Las soledades de los colombianos y el afloramiento del autoritarismo

Luz María Tobón Vallejo / Periodista

Aunque algunos lo hacen al crear la disyuntiva vida vs. economía, nadie debiera dudar de que la pandemia por covid-19 exigía medidas excepcionales para garantizar la protección de la vida y preparar el sistema de salud en procura de atender a potenciales pacientes. Sin embargo, es necesario revisar el enfoque de las medidas de confinamiento, de apoyo a las poblaciones y de reactivación económica. Este análisis se enfoca en las decisiones que han impactado a la población.

Por su forma de relacionarse con el país, por sus decisiones, el gobierno de Iván Duque parece cobijado por la Constitución de 1886: autoritaria, centralista, unificadora; no por la de 1991: garantista, plural, incluyente. Estas características se han magnificado en virtud del uso extenso de las medidas de excepción tomadas en el marco de la pandemia por covid-19.

Sin minimizar otros impactos que causan retrocesos importantes en materia social y de inclusión económica, las medidas adoptadas carecen, especialmente, de los criterios de enfoque poblacional incorporados en la Constitución de 1991 y profundizados en sucesivas decisiones de la Corte Constitucional.

Cuando a la infancia se le trata como si fuera el lobo feroz

En aparición televisiva del 15 de marzo de 2020, el presidente, la ministra de Educación, el ministro de Salud y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) declararon a la infancia y juventud como un riesgo para la sociedad afirmando que para contener la pandemia se debía “evitar, también, que los jóvenes y que los niños sean factores de propagación del virus”.

La infancia y juventud se trataron como un riesgo para la sociedad.

Esta frase que los declaró peligro público sirvió para anunciar el traslado de las clases de primaria, secundaria y educación superior al hogar. También, el cierre de guarderías y centros de protección del ICBF que protegen y acompañan a la niñez. Como paliativos, se determinó la entrega de alimentos a los niños beneficiarios del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Posteriormente, en algunas regiones se idearon acciones de acceso a equipos de cómputo y a materiales pedagógicos.

¿Consideraron los miembros del Gobierno los mínimos riesgos de contagio de la infancia de la ruralidad?, ¿pensaron en el hacinamiento y la violencia doméstica de los hogares urbanos?, ¿entendieron la tragedia de la falta de conexión? Pues, no; fue una disposición drástica que se propuso la supuesta defensa de la vida, acción contundente si es coronavirus, pero inexistente si es sobre el control de la violencia. Y al defender la vida se olvidó la calidad de la vida, se ningunearon los importantes Derechos de la Infancia y Adolescencia consagrados en la Ley 1098 de 2006.

A pocos meses de dictaminado el drástico encierro de la niñez y la juventud, son notables las afectaciones a todos sus derechos, incluido el de la recreación, que es minimizado ante el drama de la presión sobre la salud a pesar de ser uno fundamental para garantizar su pleno desarrollo humano y emocional.

Según los precarios informes y documentos hasta ahora conocidos, estas son las principales afectaciones ya confirmadas a los derechos de la infancia y la juventud:

• Aumento de la violencia contra la infancia. Aunque no se han divulgado datos exactos en Colombia, las instituciones protectoras de la infancia señalan crecimientos hasta del 30 % de hechos de abuso y violencia sexual, así como de violencia contra menores de edad.
• Trabajo infantil. Unicef denunció que los confinamientos en regiones como África han incrementado el trabajo infantil, consecuencia del crecimiento de la pobreza y la desescolarización. En el país es notable el aumento de la mendicidad acompañada de menores de edad.
• Destrucción del sentido de la escolarización. La escuela y el maestro se han simplificado a ser simples transmisores de información, el alumno ha sido minimizado a ser receptor y reproductor de esa información. La virtualidad ha afectado la construcción colectiva de conocimiento; el acceso al libro y otras formas de literacidad, y, tal vez lo más dramático, el encuentro en el aula y el juego con los pares-distintos: esos compañeros que enseñan a vivir con los iguales.
• Desescolarización. En los primeros cinco meses de la pandemia, se estima que el 12% de los niños matriculados en la educación oficial dejaron sus estudios por la precaria conectividad de sus familias, bien por falta de equipos o por falta de red; también por la incapacidad gubernamental para diseñar alternativas para facilitar el acceso; así como por la falta de capacidad de sus hogares para acompañar las nuevas formas de educación.
• Falta de acceso a la higiene. Las disposiciones de confinamiento no llegaron con disposiciones urgentes que garantizaran para los niños y sus familias el derecho fundamental al agua potable, difícil para la infancia vulnerable urbana, terriblemente lejana para la infancia vulnerable rural y las comunidades indígenas.
• Falta de movilidad, afectación al desarrollo físico. El aire libre, el juego, el movimiento, no son accesorios superficiales en el desarrollo de la niñez. Por razones de fijación de vitaminas esenciales, desarrollo osteomuscular y desarrollo social, los niños necesitan pasar su tiempo libre en la calle, en los parques, tomar aire y disfrutar del sol. Estos derechos se negaron totalmente durante los dos primeros meses de confinamiento obligatorio y se limitaron severamente en los meses de aislamiento preventivo.
• Falta de acceso a la salud. La concentración de la atención en salud en la pandemia condujo a serias limitaciones en la atención en salud, en particular, al importante proceso de revisión periódica al crecimiento y desarrollo, que permite la protección integral de la salud y bienestar de la niñez. Igualmente, se han limitado el acceso a la vacunación para la primera infancia y a la atención en salud sexual y reproductiva para los adolescentes, situaciones que generan grandes riesgos.

¿Qué sociedad forjará esta niñez a la que la tristeza le fue impuesta por adultos aterrorizados y autoritarios?

Esta que crece, pues, en un encierro obligado y llevando sobre sí la calificación de ser peligrosa, es una infancia que deja serias preguntas sobre su condición física y emocional, sobre su futuro. ¿Qué sociedad forjará esta niñez a la que la tristeza le fue impuesta por adultos aterrorizados y autoritarios?

Mayores, solitarios, enfermos y apenas atendidos, se defienden con tutela elitista.

La otra cara de la situación de la infancia la representan los adultos mayores, también confinados, encerrados y aislados, so pretexto de que el Estado sí puede cuidar vidas que ellos no serían capaces de cuidar.
En efecto, así como a la niñez y a la adolescencia, a los adultos mayores se les obligó a confinarse y a perder el contacto físico con sus afectos, consideración con la que se respondió a la evidencia europea de la incapacidad de las UCI para recibirlos, en caso de un crecimiento desproporcionado de la pandemia.

El drástico confinamiento decretado por el Gobierno en el uso de las medidas de excepción fue moderado, y parcialmente revertido, por la acción de tutela presentada por el grupo La rebelión de las canas, que obtuvo la garantía de su derecho a la movilidad y al aire libre. Su determinación consiguió una libertad parcial para que pudieran ir a la calle y disfrutar del tiempo libre. Esta medida, sin embargo, no ofreció respuestas a las restricciones en derechos de los adultos mayores.

En efecto, estos derechos han sido claramente vulnerados a los adultos mayores en Colombia:

• Derecho a la salud. Los adultos mayores necesitan de seguimiento constante a sus condiciones de salud y de regulación a sus medidas de cuidado. Estos se han visto reducidos y deteriorados por la consideración de concentrar capacidades y recursos del sistema de salud en la covid-19.
• Derecho a la salud mental. El confinamiento y el aislamiento físico de sus personas cercanas ha conducido al deterioro de la salud mental de los adultos mayores. Estudios señalan un aumento de 30 % en síntomas como depresión, ansiedad, angustia e, incluso, trastornos más graves.
• Derecho a la alimentación. Los planes restringidos y precarios de atención económica ($ 160.000 de Colombia Mayor y cerca de $ 50.000 de algunas alcaldías) mediante subsidios han sido insuficientes para garantizar a los adultos mayores el pleno acceso a sus derechos a la alimentación e, incluso, a la vivienda.
• Derecho al trabajo. Adultos mayores sin pensión y con capacidad física para trabajar realizaron distintas actividades económicas antes del confinamiento. El confinamiento obligatorio y las limitadas desregulaciones conseguidas por la tutela de La rebelión de las canas no permiten que estos mayores puedan retomar actividades que les garanticen su supervivencia.

Mujeres sobrecargadas, abandonadas y obligadas a rebuscar para sí y los suyos

El enfoque autoritario en la acción para contener el impacto de la pandemia por covid-19 ha recaído, como todas las actuaciones patriarcales, especialmente, contra las mujeres de todas las edades y prácticamente de todas las condiciones, pues fueron sometidas, en indiscutible mayoría, a dos realidades comunes: la triple jornada y la violencia doméstica contra ellas o sus hijos.

Durante la pandemia, todas las mujeres trabajadoras se han enfrentado a cumplir tres roles igualmente demandantes y con máxima exigencia, dadas las condiciones que reclaman estas condiciones de confinamiento. Ellas son trabajadoras, muchas teletrabajadoras, exigidas a cumplir con iguales y más responsabilidades de las que tenían antes de la pandemia y sometidas al estrés del deterioro de la situación económica. Así convivan con otras personas, son obligadas a asumir solitariamente el cuidado del hogar, una carga incrementada debido al aumento de medidas de aseo y desinfección. Del mismo modo, al aumentar las responsabilidades de la familia en el proceso educativo de los niños, son las madres, no solo las madres solas, las que de un momento a otro se vieron sometidas a la obligación de ser maestras, coeducadoras, la mayoría de las veces sin tener competencias o ayudas tecnológicas para tan grande reto.

Como si enfrentar su nueva triple jornada no bastara, las mujeres sufren graves amenazas a sus derechos.

• Derecho a la vida y la integridad personal. Entre enero y mayo, fueron asesinadas en el país 315 mujeres. Se reconocieron 16.473 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 6.400 mujeres víctimas de lesiones no fatales. Esto significa, según Medicina Legal, un aumento en 47 % de la violencia doméstica. Dramáticamente, las mujeres son obligadas a convivir con su victimario, sin encontrar respuesta suficiente para su protección física y económica.
• Derecho a la seguridad alimentaria. Los precarios subsidios definidos para las familias vulnerables y las condiciones drásticas para la entrega de las ayudas alimentarias están afectando el acceso de todas las familias a la atención de sus necesidades alimentarias; la mayor afectación ocurre para las mujeres.
• Derecho al trabajo. Las mujeres son el primer grupo social afectado por la reducción de empleos, las restricciones a la economía e incluso la destrucción de contratos laborales en el servicio doméstico, actividad que estuvo prohibida durante tres meses. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en marzo, primer mes de confinamiento, el desempleo de la mujer llegó a
  16,4 % mientras el masculino fue de 9,8 %.
• Las afectaciones a las trabajadoras domésticas. En el aumento del desempleo y las afectaciones al ingreso de las mujeres durante la pandemia, es inocultable considerar la afectación a las trabajadoras domésticas, la mayoría, todavía sometidas a la informalidad, a pesar de las normas que la prohíben. Según una encuesta realizada con trabajadoras domésticas, al 50 % de ellas se le canceló su contrato laboral, sin justa causa ni previo aviso.
• Derecho a la salud. Si las garantías de salud sexual y reproductiva, así como las de atención general en salud, siempre han sido precarias para las mujeres, estas prácticamente desaparecieron con las restricciones a la atención en salud en tiempo de pandemia. Estas restricciones tienen serias consecuencias para la salud física, con aumento de enfermedades prevenibles, y la salud mental de las mujeres confinadas.

Indígenas y afrodescendientes sometidos a un rasero que no les es ajeno

Las decisiones de confinamiento, atención en salud, prestación de servicios públicos y garantía de subsidios se tomaron con los criterios centralistas y unitaristas de la Constitución de 1886. Consecuencia de ello es que no existen consideraciones especiales sobre la vida en comunidad propia de los grupos indígenas y de buena parte de las poblaciones afrodescendientes que habitan en Colombia.

• A la displicencia para considerar sus particularidades y su vulnerabilidad socioeconómica, se suman la indiferencia y descuido frente a las amenazas de grupos armados y violentos a esas comunidades habitantes de las periferias. En consecuencia, pues, indígenas y afrodescendientes han tenido que enfrentar serias vulneraciones durante la pandemia.
• Sin acceso a condiciones de higiene. La falta de agua potable en sus zonas de habitación y las dificultades para acceder al agua así no sea potabilizada, hacen realmente difícil que las familias indígenas y afro puedan cumplir con las exigentes medidas de autocuidado para contener la propagación del SARS-Cov-2, disposiciones que conocen gracias a la actividad de ONG y universidades de construir cajas de herramientas para la prevención en estas comunidades.
• Sin acceso a servicios médicos. Las comunidades indígenas y afro no cuentan con servicios médicos esenciales, menos, los especializados. Consecuentemente, no han recibido formación en prevención, no tienen capacidad de acceder a las pruebas y mucho menos para llegar a una UCI. A consecuencia de estas limitaciones, en estas comunidades, la letalidad, proporcional, sigue siendo mayor que la que se ha presentado en las ciudades.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan un empobrecimiento generalizado y el deterioro de las condiciones de abastecimiento.

• Empobrecimiento generalizado. Las comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan un empobrecimiento generalizado y el deterioro de las condiciones de abastecimiento, asociado a las restricciones del transporte y la movilidad. Consecuencia de ello son la desnutrición y la afectación severa de la calidad de vida de estas poblaciones.
• Desconocimiento de las tradiciones culturales. Las autoridades nacionales tomaron medidas únicas que desaprovecharon la oportunidad para un diálogo de saberes entre la medicina occidental y las medicinas ancestrales, de manera que estas tradiciones pudieran aportar y construir conjuntamente las acciones de prevención y contención del virus, considerando las particulares condiciones de vida en comunidad, aislamiento de la atención en salud y desarrollo de saberes ancestrales.