Javier Serrano
Mesa Nacional de Educación Rural
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial la Salud (OMS) declaró el actual brote de enfermedad por coronavirus (covid-19) como una pandemia, esencialmente, por la velocidad de su propagación y de transmisión, lo que obligó a los países a tomar medidas urgentes. En Colombia, mediante el Decreto 417 de 2020, el gobierno de Iván Duque declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional, lo que ha ocasionado diferentes impactos en materia de salud, economía, educación y otros ámbitos de la vida nacional. Habilitó medidas, protocolos y normatividad, que trasladó a los gobiernos locales para la adaptación e implementación correspondientes de acuerdo con su autonomía y las condiciones territoriales.
El sector educativo ha venido enfrentando un enorme desafío para dar continuidad a la prestación del servicio. Durante toda esta coyuntura, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha trazado directrices tendientes a garantizar el derecho a la educación, que transforman las formas del hacer educativo y las han adoptado las secretarías de educación y los equipos docentes.
Desde la Mesa Nacional de Educación Rural (MNER), espacio de confluencia de diferentes actores de la ruralidad, hemos propiciado escenarios de diálogo y de intercambio de experiencias en educación en medio de esta pandemia. Eso nos ha permitido comprender las afectaciones e implicaciones en materia del derecho a la educación. A continuación, presentamos un ejercicio de revisión de la MNER en relación con la normatividad expedida por el MEN, que se contrasta con algunas voces de docentes. Tal ejercicio permite comprender las afectaciones y los desafíos que dichas disposiciones han generado (figura 1).
Es amplio el panorama normativo en materia educativa. Desde el 9 de marzo de 2020, se empezaron a expedir protocolos y directrices, así como diferentes escenarios de diálogo y conversación digital. Estos últimos, propiciados tanto por los entes institucionales, como por otros sectores, con el propósito de reflexionar alrededor de cómo se pensaba afrontar la situación.
Las medidas pueden agruparse en cuatro áreas: pedagógica, administrativa, de prestación del servicio y de alivios económicos, y se dirigen a los entes gubernamentales presentes en los territorios encargados de la implementación, según su dinámica territorial.
Por otra parte, se activará el Fondo Solidario para la Educación, con el fin de disminuir la deserción escolar en asuntos como : a) líneas de crédito para el pago de pensiones de jardines infantiles y colegios privados, b) líneas de crédito para jóvenes en condiciones de vulnerabilidad en programas ETDH, c) auxilio económico de pago de matrículas en educación superior para jóvenes vulnerables teniendo en cuenta variables como periodos de gracia, planes de amortización y reducción de tasas de interés (decretos 467 del 23 de marzo de 2020 y 662 del 14 de mayo de 2020; Directiva 11 del 29 de mayo de 2020 y Directiva 9 del 7 de abril de 2020).
El conjunto de medidas expedidas por el Gobierno nacional, en términos de garantías del derecho a la educación, se limita a asuntos de adaptabilidad, con ajustes, procedimientos y protocolos para ser implementados en las sedes educativas, que si bien parten de la autonomía regional para ser puestas en práctica, es necesario habilitar los recursos suficientes para su ejecución. Ahora bien, la mayoría de estos recursos ya están destinados para temas de funcionamiento escolar y la perspectiva del panorama normativo no permite garantizar condiciones para un adecuado desarrollo del sistema escolar, ya que no se ha logrado profundizar en asuntos que tienen que ver con acceso a la educación (gratuidad, permanencia), mejora en las condiciones de infraestructura educativa, modelos educativos, entre otros asuntos que hacen parte de una agenda educativa en términos de asequibilidad, accesibilidad y aceptabilidad.
Es preocupante que la actual coyuntura siga profundizando la inequidad en el servicio educativo. En las zonas rurales, la infraestructura educativa tiene una edad promedio de 37 años; un 80 % de las sedes no tiene red de gas, el 70 % no cuenta con alcantarillado, el 50 % está afectado por altas pendientes, el 40 % no tiene acueducto, el 36 % no cumple con la relación de baterías sanitarias por estudiante (la norma técnica recomienda 20 estudiantes por batería sanitaria y en la ruralidad hay en promedio 36 estudiantes por batería sanitaria), el 27 % se inunda, el 21 % tiene afectaciones por cables de alta tensión o subestaciones y el 13 % no tiene energía1. De igual manera, varias sedes no cuentan con los espacios especializados (como parques o comedores) para la atención de primera infancia en el nivel de preescolar.
La coyuntura de la covid-19 profundiza la inequidad en materia educativa. Un 80% de las sedes rurales carece de red de gas, el 70%, de alcantarillado y el 40%, de acueducto.
Este asunto no es nuevo y hace parte de una política pública de educación rural que está en diseño, pero no en implementación. Aparece como título en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Más y mejor educación rural”, pero, la brecha entre lo urbano y rural se sigue incrementando y las medidas son insuficientes.
Las medidas han tratado de mantener la prestación del “servicio” de educación, pero todo el sistema se ha visto frente a grandes vacíos. Uno de ellos, la ausencia de acceso a internet, computadores y otros dispositivos por parte de una mayoría importante de estudiantes y profesores, especialmente de los colegios y escuelas públicas. El 96 % de los municipios del país no tiene los recursos ni la cobertura para desarrollar cursos virtuales2. Mediante el Decreto 464 de 2020 se garantiza un paquete mínimo vital de comunicaciones otorgado por los operadores de la industria móvil de Colombia, pero, hay lugares sin acceso a la red donde no aplicarían las acciones implementadas al respecto. Más de un millón de personas en zonas rurales no cuenta con servicio de internet, según el último estimado realizado por el Ministerio de Educación en el marco de su Plan Especial de Educación Rural en 2018 (Pesquisa Javeriana, 2020).
La normativa expedida es un conjunto de estrategias, herramientas y contenidos para ser implementado en lo territorial; pero, ¿hasta qué punto, las medidas logran ser efectivas y suficientes? ¿Se materializan en lo territorial? Recogiendo algunas voces de los espacios de encuentro que hemos tenido, queremos poner varios elementos para la reflexión.
En relación con la pedagogía en el ámbito rural, las dificultades se concentran en temas de conectividad. En 2018, el 50,8 % de los hogares en las cabeceras municipales cuenta con computador; en lo rural, el 9,4 % tiene acceso a recursos tecnológicos3. Por ello, en muchos casos, se ha optado por la entrega de guías pedagógicas para las y los estudiantes, lo que, a todas luces, “no es suficiente, se necesita tener el espacio de retroalimentación con el estudiante y no tenemos las condiciones” (Francy Lorena Rodríguez, Institución Educativa José María Carbonell, Arauca). Además, “no hay forma de trasladarse a las zonas rurales. Lo que hemos venido haciendo es implementar del currículo ordinario a currículo individual circunstancial individualizado dependiendo de las condiciones de cada estudiante” (docente Institución Educativa La Palma, municipio de Gámbita, Santander). “Nos ha tocado imprimir el material y enviarlo con el transportador de alimentos, pero no en todos los casos hemos podido llegar” (Rosa López Figueroa, directora rural, municipio de Urania, Norte de Santander).
El servicio de educación que presta el sector oficial incluye 53.803 sedes educativas, de las cuales, 35.907 están ubicadas en las zonas rurales y 17.896, en las zonas urbanas de la totalidad de los municipios del país; de ese total, 584 sedes atienden con la estrategia de residencias escolares (Decreto 532). Aunque en la discusión sobre retorno gradual se han incorporado aspectos de caracterización frente a la infraestructura tecnológica y una revisión y análisis de las condiciones de cada sede, no se han hecho análisis sobre las condiciones de saneamiento básico (agua, alcantarillado, luz) en todas las zonas rurales, así como sobre las residencias escolares. Sobre este asunto, es importante recordar que, en la formulación de los Planes de Acción para la Renovación Territorial, que son los que concretan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se mencionaron alrededor de 1.582 iniciativas para el tema de infraestructura educativa.
Acerca del significado del cierre de las escuelas en esta coyuntura para el sistema educativo en Colombia, la Fundación para el desarrollo Proantioquia hace énfasis a asuntos como: a) seguridad alimentaria, b) reclutamiento forzado, c) ausencia de rutas de atención psicosocial, d) brechas en acceso a información, e) metodologías para el aprendizaje, f) deserción escolar. Estos asuntos, hacen evidente que los protocolos y las medidas contempladas no permiten el trámite de respuesta a estas situaciones en lo territorial. Para trazar rutas y estrategias, es importante activar comités territoriales en los que participen las secretarías de educación y las comunidades.
En relación con la alternancia de regreso a clases que plantea el MEN, diferentes sectores educativos han manifestado que no se cuenta con las condiciones sanitarias en los centros educativos; en lo rural, estas dificultades se concentran en: a) espacio del aula clase, ya que son cursos multigrados; b) falta de agua potable y alcantarillado en las sedes, c) falta de material de higiene y desinfección tanto para la sedes, como para el personal docente y el estudiantado.
En las medidas adoptadas, falta el apoyo a las experiencias pedagógicas impulsadas por los equipos de docentes, a las redes de gestores que colaboran en lo territorial con estos equipos; por ejemplo, las escuelas normales; se habla del soporte de material pedagógico, pero no del sostenimiento e implementación de las iniciativas que surgieron y que están por fuera de las que abandera el MEN.
Otra enorme dificultad es que el Fondo Solidario para la Educación contempla planes de alivio y líneas de crédito, pero no de subsidio y acceso gratuito para la educación superior para cualquier estrato. No se contemplan medidas para que las gobernaciones y alcaldías puedan apalancar más recursos a fin de subsidiar la educación gratuita en el nivel superior. Esto redundará en una mayor deserción de estudiantes de educación superior. Pese a que en algunas universidades se ha empezado a tramitar la iniciativa de matrícula cero, que consiste en el cubrimiento financiero de los costos de los derechos de matrícula para pregrado, esta propuesta no cuenta con el respaldo del Gobierno nacional; las universidades que han logrado implementarla tienen el apoyo financiero de las alcaldías y gobernaciones. El Gobierno sigue con el programa de generación E como estrategia para garantizar la educación superior a comunidad vulnerable, que no permite una cobertura universal.
Otro desafío llega para el sector educativo en esta coyuntura: el aumento de matrícula en las instituciones educativas oficiales debido a la disminución de ingresos de las familias, lo que demandará mayores esfuerzos en cuanto a personal docente, ampliación de cupos, sedes educativas, material educativo, que se debe revisar en lo territorial para habilitar las condiciones que permitan el acceso.
A pesar de todas las dificultades, los equipos docentes, las organizaciones, redes y plataformas han adelantado una variedad de estrategias e iniciativas para enfrentar la situación de la pandemia desde la escuela en dos niveles: pedagógico, y social y comunitario.
La creatividad y el aprovechamiento de los recursos con que cuenta cada territorio, así como el uso de las herramientas comunicativas, entre las que se destacan las emisoras comunitarias, son claves para adelantar las iniciativas; al respecto, los docentes señalan: “estamos sacando programas al aire todos los días, en la mañana va primaria, seguido de secundaria; las temáticas de acuerdo a las mallas curriculares, áreas de las ciencias naturales, matemáticas, inglés, sociales” (Nubia Marina Bedoya, directora rural, Centro Educativo Nuestra Señora del Rosario, Risaralda). Sobre el tema de los planes y proyectos pedagógicos: “desarrollamos unas guías a partir de un proyecto semillas de esperanza, cada familia va a hacer una huerta comunitaria donde todos participan y se transversalizan las áreas del conocimiento” (Carmen Alicia Matajira, Institución Educativa Concentración de Desarrollo Rural, Arauca), “hay una gran oportunidad para trabajar currículos integrados, el que trabaje metodologías de proyectos, ejemplo a través de un proyecto de café” (Arley Ospina, Fundae).
Los equipos docentes, las organizaciones, redes y plataformas han adelantado una variedad de iniciativas para enfrentar la situación. la utilización de las emisoras comunitarias es clave para adelantar las iniciativas.
En el campo social y comunitario se destacan las redes y el acompañamiento que se ha venido tejiendo en la comunidad para la planificación de las iniciativas y propuestas: “Se creó la red de información y apoyo para familias rurales” (Nazly Ortiz, Planeta Rural); una de las iniciativas que abandera esta red fue promover una petición pública a las empresas de telecomunicaciones y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para que dieran una respuesta rápida y oportuna a las necesidades de conectividad de las zonas rurales. Otra iniciativa para resaltar es de Fundae, que desarrolla un programa de “preparación para la acción social”, cuyo objetivo es el apoyo a líderes comunitarios a través de las huertas caseras con líneas de funcionamiento y sostenibilidad.
Agencia EFE. (2020, 23 de junio). Según la Unesco, la pandemia agrava desigualdades en la educación. El Espectador. Consultado en https://www.elespectador.com/noticias/educacion/segun-la-unesco-la-pandemia-agrava-desigualdades-en-la-educacion/
El Espectador. (2020, 8 de junio). Los guardaparques que ayudan a niños rurales sin internet a seguir estudiando. El Espectador. Consultado en https://www.elespectador.com/noticias/educacion/los-guardaparques-que-ayudan-a-ninos-rurales-sin-internet-a-seguir-estudiando/
Ministerio de Educación Nacional. (2020). Especial covid-19. Normatividad. Consultado en https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/COVID-19/393894:Normatividad.
Pesquisa Javeriana. (2020). Educación virtual, ¿el desafío es solo tecnológico? Consultado en https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/tag/laboratorio-de-economia-de-la-educacion-puj/
Región. (2020). Editorial. La educación en emergencia. Consultado en http://www.region.org.co/index.php/opinamos/item/477-editorial-la-educacion-en-emergencia
Semana (2020). Las canastas campesinas que alimentan la ciudad. Semana rural, 19 de junio. Consultado en https://semanarural.com/web/articulo/las-canastas-campesinas-que-alimentan-la-ciudad/1492
1 Datos tomados del Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa (Sicied), en 7.168 sedes rurales.
2 Datos del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana.
3 Datos del censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para 2018.
