Escuela Nacional Sindical, ENS
El final del primer año del gobierno de Iván Duque estuvo signado por la sanción el 25 de mayo, de la ley 1955 de 2019, su Plan Nacional de Desarrollo. Se trató de la consolidación de un programa de gobierno que, como su trámite mismo en el Congreso demostró, producirá una profunda corporativización de la agenda pública nacional, orientada bajo su modelo de “pactos” con el empresariado, diseñado para satisfacer las demandas que los grandes gremios económicos le habían presentado un año atrás, en un pliego denominado “Reactivación económica 2018 – 2022” y que supone, por tanto, una carencia total y estructural de diálogo y acuerdos con los y las trabajadoras. En materia laboral, este es uno de los principales legados del actual gobierno: banalizar el dialogo social.
Inspirada en ese modelo, se anunció una nueva generación de reformas legales para el segundo semestre de 2019. Se destacaron los anuncios del trámite de una nueva reforma pensional (buscando eliminar el régimen público y como una reforma paramétrica al inicio, con un posible aumento de edad de acceso a la pensión y un número mínimo de semanas cotizadas, para luego irse desdibujando hasta no radicarse en el Congreso iniciativa alguna durante 2019) y la flexibilización extrema del régimen de seguridad social: la cotización por horas. Sin embargo, la respuesta ciudadana al evidente deterioro del marco de derechos sociales y el creciente descalabro de la imagen pública del gobierno obligaron a meter al congelador estas iniciativas. Mientras tanto, 2019 fue un año de evidente menoscabo en los indicadores principales de trabajo decente, en un contexto de mediocre desempeño macroeconómico (véase tabla 1).
| 2018 (dic) | 2019 (dic) | |
| PIB (variación anual) | 2,5 | 3,3 |
| Inflación (variación anual) | 3,2 | 3,8 |
| Población en edad de trabajar | 80,4 | 80,5 |
| Tasa de participación | 65,1 | 63,6 |
| Tasa de ocupación | 58,7 | 57,5 |
| Tasa de desempleo | 9,7 | 10,5 |
| Población inactiva (millones) | 13,6 | 14,4 |
| Asalariados (millones) | 10,8 | 11,2 |
| Informalidad laboral (contractual) | 48,2 | 47,6 |
En las cifras, se reflejan la salida del escenario de los réditos económicos que empezaban a despuntar con la expectativa incumplida de una paz completa, la inconsistencia de las propuestas bandera del gobierno en materia de dinamización de la economía bajo la consigna de la “economía naranja” y la concentración en medidas de disminución de costos laborales a los empleadores bajo supuestos comprobadamente falsos de generación de empleo asociados. El desempleo crece sostenidamente, volviendo a dos cifras (209.000 desocupados nuevos, que se sumaron a los 2,6 millones existentes en toda la economía), con una preocupante tendencia: el aumento de la población inactiva y una disminución en las tasas de participación y ocupación, fenómeno usualmente asociado al cansancio de la ciudadanía ante la incapacidad estructural de la economía para generar plazas laborales. La informalidad laboral, un signo de la economía colombiana, apenas se modifica, empujada a la baja por la disminución de la masa laboral en el mercado, más que por medidas eficaces de formalización, sin perder de vista que las mediciones técnicamente más rigurosas sobre informalidad –medida de acuerdo a la afiliación a los sistemas de seguridad social–, supera el 65 % de los trabajadores ocupados, con prevalencias aún mayores entre jóvenes y mujeres.
Según el DANE, la tasa de desempleo era, para febrero de 2020, de un 12,2 %, que mantenía la senda de empeoramiento descrita; el país se asomó a su primer caso de covid-19 el 6 de marzo y el gobierno declaró la emergencia económica, social y ambiental desde el 17 de ese mismo mes, mediante el Decreto 417. Marzo cierra con una medición oficial de desempleo del 12,6% y una sobrerreacción de los empleadores a los previsibles efectos de las duras medidas de confinamiento: en todos los sectores relevantes de la economía se presentó una oleada de despidos, presiones a trabajadores para tomar licencias no remuneradas, vacaciones forzadas, suspensiones de contratos y otras medidas similares, que no encontraron límite a pesar de fallos judiciales y anuncios del Ministerio del Trabajo, en principio, mediante el mecanismo de la “fiscalización laboral rigurosa” (circular 022).
En un lapso muy corto de tiempo, se desplegaron decenas de nuevos decretos bajo facultades presidenciales especiales conferidas por la declaratoria de emergencia. Y se hizo, sin políticas enérgicas del gobierno para apoyar a las principales generadoras de empleo (las Pymes, responsables por 8 de cada 10 puestos de trabajo existentes, según la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi) y permitir el aislamiento en condiciones dignas de acceso a bienes y servicios de subsistencia para la población. Esa avalancha de decretos, además de no contener el escenario, lo empeoró (de acuerdo con un consenso público creciente): 5,4 millones de personas, con respecto a abril de 2019, entraron en el peor momento posible al infierno del desempleo.
A diferencia de mecanismos de estabilización frecuentes en países del primer mundo, en Colombia no existen políticas robustas de apoyo a los desempleados, ni se crearon tampoco durante la crisis. Es extraordinariamente baja la cobertura y la cuantía de la única transferencia monetaria de crisis, el denominado “ingreso solidario”, que no supera unos US$ 23 por persona / mes, es decir, US$ 10 por debajo de la línea de indigencia.
En Colombia, no existen políticas robustas de apoyo a los desempleados, ni se crearon tampoco durante la crisis de la covid-19.
La cifra de infectados y fallecidos se incrementó a pesar de dos meses de medidas duras de aislamiento (uno de los más largos del mundo). Entre tanto, el desempleo, en las cifras oficiales, ascendió a 21,4 % (más del doble que un año atrás). En las 13 áreas metropolitanas el ascenso fue hasta 24,5 % y sin mostrar signos significativos de mejora, a pesar de la reapertura de casi todos los sectores productivos relevantes, adelantada desde fines de mayo por orden gubernamental: Duque, bajo fuerte presión de los empresarios, prefirió exponer a los trabajadores a la pandemia, que otorgar un ingreso mínimo vital de emergencia, como las más diversas voces sociales y del mundo político lo propusieron desde abril de 2020. Ahora, si a los desempleados reportados por el DANE en mayo sumamos los nuevos inactivos, resulta que más de 8 millones de personas salieron del mercado laboral, para una explosiva tasa de desempleo del 32 %.
Entre el 7 de agosto de 2018 y el 14 de julio de 2020, se registraron al menos 338 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia. Del total de casos de violencia, 300 se cometieron contra hombres y 38, contra mujeres (Sistema de Información en Derechos Humanos de la ENS, Sinderh).
| Tipo de violencia/ Periodo de gobierno Iván Duque | Año 1 | Año 2 | Total general |
| Amenazas | 146 | 81 | 227 |
| Homicidios | 29 | 20 | 49 |
| Hostigamiento | 17 | 12 | 29 |
| Atentado con o sin lesiones | 6 | 12 | 18 |
| Secuestro | 1 | 4 | 5 |
| Desaparición forzada | 4 | 1 | 5 |
| Detención arbitraria | – | 2 | 2 |
| Tortura | 2 | – | 2 |
| Desplazamiento forzado | – | 1 | 1 |
| Total general | 205 | 133 | 338 |
En medio de un contexto de persecución y violencia generalizada contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, se constituye en un factor de riesgo el hecho de que la violencia continúa focalizada en la dirigencia y el activismo sindical: el 86,46 % de las víctimas desempeñaba posiciones de liderazgo en sus sindicatos. Así mismo, en el último año, la dinámica regional de la violencia antisindical se ha expresado en 17 departamentos del país; sin embargo, en seis de ellos, se concentra el 76,69 % de los casos: Valle (33), Cauca (26), Bogotá (16) Huila (11), Meta (8) y Nariño (8). En cuanto a la concentración por sectores económicos, encontramos un primer foco en la educación (31), seguido de otros servicios comunales (28), agricultura (24) y minas y canteras (23).
Por último, siguiendo la tendencia histórica, predominan los casos en los que se desconoce información sobre un presunto responsable (69). Sin embargo, en que se tiene algún indicio, son los grupos paramilitares los principales presuntos victimarios (52), entre ellos, el grupo que se hace llamar las Águilas Negras y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Se han registrado 8 casos en los que los presuntos responsables son organismos estatales.
Las expectativas laborales para el segundo semestre de 2020 son oscuras. Al débil mercado laboral preexistente, específicamente, al número de desempleados se le han sumado más de ocho millones de personas. Mientras tanto, el gobierno mantiene cerrada cualquier posibilidad de diálogo social que permita situar el trabajo como prioridad nacional, se cree una renta básica que proteja a toda la población vulnerable y pobre o se reactive la economía. De otro lado, el ejercicio de la actividad sindical sigue siendo de alto riesgo.
1 Nota metodológica: las cifras correspondientes al periodo enero-julio de 2020 son provisionales, ya que están en proceso de recolección, contrastación y validación.
