Como si no fuera estado: el salvaje oeste de los datos en la pandemia
by Cesar Vélez
6 octubre, 2020
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Fundación Karisma
El 8 de marzo, con menos de cinco casos confirmados de covid-19, el Gobierno nacional anunciaba el lanzamiento de CoronApp_Colombia, una aplicación que prometía “salvar vidas”. Desde entonces, se han ido sumando iniciativas de cinco ciudades que cuentan con una app o portal web que dicen ser indispensables para la reactivación económica y laboral. Pequeños pueblos también cuentan con bases de datos para controlar la movilidad frente al temor de importar la enfermedad, las empresas están desplegando sus propias iniciativas y los negocios también. Todas estas iniciativas se promueven con una sentencia que suena infalible, si les damos los datos a Google y a Facebook sin chistar, ¿por qué no se los damos al Estado para combatir una pandemia? Veamos el caso de la recolección de datos por el Estado.
Recolección de datos en el sector público
El problema fundamental es que la recolección y el uso de datos en el Estado y en el sector privado no representan lo mismo. Sí, el Estado necesita información para funcionar, y registros y bases de datos, como los censos electorales o el registro civil, en ese terreno tiene una larga historia pública, que ahora se combina con herramientas para analítica de datos, como sucede con las bases de datos del Sisbén (López, 2019).
Pero, a diferencia de lo que sucede en el sector privado, donde las personas son las que deciden usar un servicio u otro –Facebook, Twitter, Google o DuckDuckGo– y entregarles sus datos, en el Estado son las leyes las que frecuentemente obligan a dar información al Estado, que muchas veces provee el servicio sin competencia. Así, para hacer el registro civil de los recién nacidos entregamos sus huellas digitales, y para la expedición de la cédula damos la foto. Incluso, en muchos casos, es difícil separar la entrega de datos de la prestación de un servicio o del reconocimiento de un derecho, piense en los subsidios de vivienda, por ejemplo.
La información o los datos que recoge el Estado son, la mayoría de las veces, esenciales para el cumplimiento de sus deberes, al punto de que no recogerlos es una forma de violencia que denuncian comunidades afro (CNOA, 2018) e indígenas (ONIC,2018), y que en Colombia permite hablar de la “invisibilidad estadística”, por ejemplo.
Emergencias como la pandemia acentúan este proceso. De una parte, las personas tienen hambre, miedo de enfermarse, necesitan moverse o les urge reactivar su actividad económica. En condiciones normales, datos vinculados con la condición de salud o la información sobre desplazamientos no se entregarían al Estado y, sin embargo, ahora se dan para obtener beneficios individuales o colectivos en medio de una situación excepcional. De otra, en emergencias la frontera entre lo voluntario y lo obligatorio se desdibuja, el Estado pareciera estar recomendando y pidiendo datos voluntarios que realmente son obligatorios. Cuando la entrega de datos está amarrada a fuertes incentivos –como permisos de movilidad, acceso a conectividad o reactivación económica– se debe asumir que es una entrega obligatoria.
Como quedó advertido desde el inicio, durante la pandemia el Estado no hizo esta reflexión sobre su rol frente a la recogida y el tratamiento de los datos personales, mucho menos advirtió que era responsable de asumir especiales cuidados.
La tecnología en pandemia
Hay algo de ilusión en el uso de la tecnología, parece que usarla garantiza transparencia, neutralidad, eficacia y resultados; no obstante, como cualquier otra herramienta, para que la tecnología cumpla con las expectativas también importa la forma como se diseñe, use y controle. En ese contexto, el afán no es buen consejero.
El afán de la pandemia hizo que la recolección y el uso de información fuera urgente para las administraciones y la tecnología se volvió su principal aliada. Así, Colombia entró en la carrera de usar tecnologías para capturar y procesar grandes cantidades de datos de salud, movilidad, familiares, laborales, etcétera. Aunque pronto se hicieron llamados para limitar al máximo la recolección y proteger los derechos de las personas, como el que hicieron los relatores de libertad de expresión de los diferentes organismos internacionales, primó el afán (OEA, 2020).
Por ejemplo, antes que Alemania o Reino Unido, Colombia incorporó en CoronApp_Colombia capacidades de rastreo digital de contacto. La labor de rastrear contactos es clave en la contención de epidemias. Consiste en que, al establecer que alguien fue contagiado, investigadores especializados (rastreadores) determinan dónde estuvo esa persona y con quiénes tuvo contacto para avisarles, con la idea de que se aíslen y así prevenir nuevos contagios. Como el índice de contagio de la covid-19 no tiene precedentes, la tecnología aparece como una esperanza para escalar este proceso, pero eso ha sido más complejo de lo anticipado (Velásquez, 2020). Aunque la funcionalidad existe desde marzo (Botero et al., 2020) y ya las aplicaciones de Alemania y Reino Unido se desplegaron y evaluaron, acá la aplicación está en uso, pero esa funcionalidad aún no se utiliza –aunque se active el permiso del Bluetooth–; tampoco se sabe cómo se usaría, pues está en una fase permanente de prueba masiva.
En abril, la revista Nature decía:
…la velocidad es, por supuesto, esencial, pero también lo es la debida diligencia y el debido proceso. Esto incluye el diálogo público; una mayor participación de los investigadores, incluidos los que estudian la ética, el derecho y la participación pública; y un compromiso férreo de los gobiernos de que la información que se recoge es segura y solo se utilizará por las razones que se soliciten. (Nature, 2020)
De afán, CoronApp_Colombia recoge datos de millones de personas, pero se saltó preguntas importantes sobre eficacia y utilidad, asumió la necesidad y la proporcionalidad, y el debate en los medios se centró casi exclusivamente en los riesgos a la privacidad. Sin saber qué tan efectiva es, por los datos que recoge podría servir para vigilar personas. CoronApp_Colombia es el ejemplo escogido para ilustrar el tema en este documento, pero la situación es similar en las soluciones locales.
En un país donde se ha abusado ampliamente de las capacidades de vigilancia, es importante reconocer que esta recolección y almacenamiento de datos hace más vulnerables a algunas personas como periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos o integrantes de minorías. La emergencia sanitaria hace que las pocas garantías queden suspendidas.
A modo de conclusión
El mismo ímpetu que el Gobierno nacional y los gobiernos locales usaron para invitar a entregar datos, no se usó para explicar lo que harían, cómo lo harían, quién sería responsable en cada caso, ni para adquirir compromisos excepcionales de seguimiento y control. La pandemia no puede ser la excusa que a largo plazo altere las garantías democráticas. El Estado está en una posición de privilegio a la hora de solicitar, recolectar y tratar datos personales, pero incluso en medio de una pandemia debe tomarse el tiempo para garantizar que el uso de tecnologías sea legal, necesario y proporcional, así como cuando decide tomar cualquier otra medida no clínica en temas de salud pública.
En primer lugar, para el diseño, despliegue e implementación de soluciones tecnológicas se debe garantizar transparencia, indicar los fines de su despliegue, cómo funcionan y cómo encajan en las estrategias epidemiológicas nacionales o locales. La transparencia debe ser tal que permita a las personas, tanto el seguimiento y control de ese despliegue como de su eventual éxito o fracaso, mejoramiento o retiro.
Las soluciones tecnológicas deben basarse en un análisis de impacto en derechos que va más allá del cumplimiento de las normas de protección de datos, exige reflexionar y mitigar la posible tensión entre el derecho a la salud pública y otros derechos.
Cuando se trate de innovaciones tecnológicas, estas deben ser voluntarias y complementarias, deben tener periodo de prueba y evaluación, además su inversión no debe afectar soluciones cuya eficiencia esté probada.
Se requieren compromisos excepcionales sobre no compartir ni usar estos datos fuera de la emergencia, incluso a sabiendas de que el Estado tiene capacidades extraordinarias para usarlos, su compromiso debería ser el de no hacerlo.
Organización de los Estados Americanos, OEA. (2020). Covid-19: los gobiernos deben promover y proteger el acceso y la libre circulación de la información durante la pandemia – Expertos internacionales. Washington: OEA. Consultado en https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1170&lID=2
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