Campaña Defender la Libertad. Asunto de todas
El gobierno de Iván Duque quedará registrado como uno de los más sangrientos en la historia reciente de Colombia, pues las masacres ocurrieron ante los ojos de toda la ciudadanía. Son inocultables los asesinatos de manifestantes que exigían sus derechos en las calles y los territorios del país a manos de la fuerza pública. Paradójicamente la represión y la violencia policial se convirtieron en uno de los motores más potentes de la movilización social.
A mediados de 2020, se agudizaron las necesidades económicas insatisfechas de gran parte de la población colombiana. El descontento acumulado y no atendido de las movilizaciones iniciadas el 21 de noviembre de 2019 motivadas por las políticas sociales regresivas del gobierno nacional y la brutalidad policial que aumentó durante la cuarentena marcó la vida nacional de este período. Estas problemáticas alentaron los escenarios de las protestas del tercer año de gobierno Duque, en los cuales se pueden identificar dos hitos de masiva participación ciudadana y alta represión estatal: los días 9 y 10 de septiembre de 2020 por las masacres en Bogotá y Soacha, y el 28 de abril de 2021 por el inicio del paro nacional.
La cuarentena y los abusos del Estado
Las medidas de excepción adoptadas por las autoridades civiles para gestionar la pandemia del covid-19 terminaron, en su mayoría, delegando el control del espacio público a la policía, cuerpo armado que respondió con un trato violento y arbitrario en contra de la ciudadanía. Esto fue el caldo de cultivo para el autoritarismo, la vulneración de derechos civiles y políticos. La cuarentena y el aislamiento aumentaron la violencia estatal a través de varios mecanismos como la imposición de comparendos y de traslado por protección con la justificación de incumplir el aislamiento (Campaña Defender la Libertad, 2020). Según la ONG Temblores, durante el año 2020 se reportaron 86 homicidios en los que estaría involucrada la fuerza pública (El Espectador-Judicial, febrero 24 de 2021), lo cual evidencia la letalidad del accionar estatal.
El detonante de esta situación ocurrió la noche del 8 de septiembre de 2020 cuando la Policía Nacional, en presencia de familiares, vecinos y transeúntes, torturó a Javier Ordoñez con pistolas de electrochoque, luego lo llevó a un Centro de Atención Inmediata (CAI) donde lo golpearon hasta causarle la muerte (BBC News-Mundo, 2020). Este acto de brutalidad policial provocó una gran ola de indignación ciudadana en todo el país, particularmente en Bogotá. Cansados de los abusos de la fuerza pública, miles de ciudadanos se dieron cita en los CAI y estaciones de policía de los barrios de la capital para protestar por el asesinato de Ordoñez.
Las protestas fueron atacadas por agentes de Policía con el uso indiscriminado y deliberado de la fuerza letal a través de armas de fuego en contra de los manifestantes. Como consecuencia, diez personas fueron asesinadas en Bogotá por la Policía Nacional, tres en el municipio de Soacha y 300 resultaron heridas. Estos actos no fueron eventuales abusos policiales, sino una práctica sistemática porque el fenómeno se dio en diferentes puntos de la ciudad[1] bajo patrones similares como el ocultamiento de insignias, la utilización de extintores para ocultar los disparos y la existencia de un grado premeditación colectiva para llevar a cabo tales ataques contra los manifestantes (Ávila, 2020).
Adicionalmente, se presentaron casos de personas vestidas de civil quienes usaron armas de fuego ante la permisividad del personal de la Policía Nacional. Estas acciones coordinadas y tolerantes de la fuerza pública con civiles armados ya se habían presentado en Cali y Bogotá el 21 y 22 de noviembre de 2019 (Moros et al., 2019) y se seguirían repitiendo en las movilizaciones del paro nacional de abril de 2021. En las noche del 9 y 10 de septiembre fueron detenidas por lo menos 70 personas en Bogotá (El Espectador-Bogotá, 2020). La Campaña Defender la Libertad conoció al menos de 29 casos de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes ocurridos en la URI de La Granja (SIAP, 2020).
Aún se desconoce la instancia del gobierno nacional que dio las instrucciones para que la fuerza pública actuara de esta manera. Lo evidente fue papel tolerante del gobierno nacional, en especial el Ministerio de defensa en cabeza de Carlos Holmes Trujillo y varios comandantes de la Policía Nacional y Metropolitana de Bogotá, quienes no actuaron ante las alertas realizadas por la sociedad civil. Como si fuera poco, a los días siguientes el mismo presidente de la Republica Iván Duque visitó los CAI de Policía vestido con uniforme de Policía manifestando su respaldo a las acciones cometidas por la fuerza pública, sin haber hecho ninguna manifestación de solidaridad por las víctimas (Cordero, 2020). Esto fue interpretado por la Policía como estímulo para continuar con su accionar desproporcionado y por parte de la ciudadanía como un nuevo agravio.
El intento de la corte suprema de proteger la protesta
El 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y víctimas a través de la histórica sentencia STC 7641-2020 (Sentencia STC7641-2020), en la cual la Corte declara que existe una
… problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas [y por ello emite cerca de 16] órdenes a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales [para] garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva. (Sentencia STC7641-2020)
Entre las cuales se destacan ordenes de inmediato cumplimiento como pedir disculpas públicas, suspender el uso de la escopeta calibre 12 –conocida por ser la causante de la muerte de Dilan Cruz en noviembre 2019–, otras de mediano plazo como la conformación de una mesa de trabajo para reestructurar las directrices del uso de la fuerza, la obligación de presentar informes periódicos de parte de las autoridades estatales. También ordenó a los entes de control “realizar un control estricto, fuerte e intenso de toda actuación de ese cuerpo policial en el desarrollo de manifestaciones y de sus actividades en cada uno de sus procedimientos” (Sentencia STC7641-2020).
A pesar del contundente fallo, en principio, el gobierno Duque se mostró inconforme con la decisión judicial y se negó a cumplir las órdenes de la Corte Suprema de Justicia demostrando su carácter antidemocrático ante las decisiones judiciales que no les son favorables y en particular cuando se trata del derecho a la protesta[2]. Posteriormente, las organizaciones de derechos humanos han denunciado que el gobierno nacional y la Policía se han enfocado en dar un cumplimiento meramente formal y no material de las órdenes de la Corte Suprema tendientes a proteger y garantizar el derecho a la protesta (El Espectador-Judicial, mayo 28 de 2021).
El paro nacional del 28A
El 28 de abril de 2021 gran parte del pueblo colombiano volvió a las calles en manifestaciones multitudinarias principalmente en contra de la reforma tributaria propuesta por el gobierno Duque, la cual fue retirada el 5 de mayo. Sin embargo, esto no apaciguó las protestas que se prolongaron por cerca de dos meses en lo que se configuró como un estallido social, pues la ciudadanía asumió múltiples reivindicaciones de carácter social, económico, con enfoques territoriales y sectoriales. La ciudadanía expresaba también un claro rechazo al uso desproporcionado de la fuerza pública en las movilizaciones que causaron una grave crisis de derechos humanos.
El 88,5 % de las protestas se dieron en forma pacífica tal como lo reconoció la Canciller Marta Lucía Ramírez (Cancillería de Colombia, 2021). Sin embargo, el gobierno nacional utilizó una narrativa estigmatizante para referirse a las movilizaciones y sus participantes con términos como “delincuentes” (Quilindo, 2021), integrantes de las disidencias de las FARC, “vándalos”, entre otras. En el caso de gobiernos locales como el de Bogotá, calificaron a las protesta como “atentados a la vida” (El Espectador-Bogotá, 2021). Los funcionarios de la policía interpretaron esas declaraciones como órdenes o autorizaciones para intervenir violentamente las protestas y atacar a los manifestantes.
La actuación del gobierno de Iván Duque para afrontar las demandas sociales en el marco del paro nacional incluyó un repertorio de violencia que fue objeto de preocupación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al identificar:
El uso desproporcionado de la fuerza; la violencia basada en género en el marco de la protesta; la violencia étnico-racial en el marco de la protesta; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas; irregularidades en los traslados por protección; y denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar. (CIDH, 2021, párr. 29, p. 7)
Uso de la fuerza letal
El uso excesivo de la fuerza en manifestaciones ha presentado un aumento vertiginoso desde que Iván Duque asumió la presidencia. La Campaña Defender la Libertad (2021) ha reportado 159 personas fallecidas en el marco de protestas, 87 de estos casos ocurrieron en el marco del paro nacional que inició el 28 de abril de 2021 y que hasta el día de hoy sigue arrojando víctimas fatales, de estos cerca de 27 son atribuidos por las denuncias a la fuerza pública, las demás a civiles en su mayoría sin identificar.
Resulta particularmente alarmante el uso de armas de fuego por parte de la fuerza pública contra manifestantes desarmados, como se ha podido evidenciar en diferentes momentos de las protestas. El Sistema de Agresiones a la Protesta de la Campaña Defender la Libertad registró que al menos 48 personas fueron asesinadas al parecer por armas de fuego y tiene un registro de 115 casos de personas heridas por arma de fuego. Esto concuerda con lo ya expresado por Human Rights Watch en su informe sobre Colombia:
Human Rights Watch corroboró varios videos en los que se ve a policías disparando armas de fuego en el contexto de las manifestaciones, en circunstancias en las cuales no parecía haber un riesgo para la vida o la integridad física de una persona. (Human Rights Watch, 2021)
Hay reportes de asesinatos que no involucran el uso de armas de fuego, pero sí del uso indebido de armas menos letales y otros métodos crueles. La Campaña Defender la Libertad identificó cuatro personas asesinadas por impacto de gases lacrimógenos y/o granadas aturdidoras, dos personas mayores fallecieron por asfixia provocada por los gases lacrimógenos, una persona arrollada por una tanqueta, otra falleció incinerada, en el municipio de Madrid (departamento de Cundinamarca) una persona falleció producto de torturas y golpiza, y denuncian que una persona falleció ahogada luego de que el Esmad la obligara a lanzarse al río Cauca. Todas estas muertes se concentran en 14 municipios de Colombia, demostrando la sistematicidad del uso de la fuerza letal para contener las movilizaciones (SIAP, 2021).
Varios de los asesinatos cometidos en el marco del paro nacional tienen en común la presencia de civiles armados que actuaron en articulación con la fuerza pública en contra de manifestantes. Los hechos más representativos fueron registrados el 28 de mayo de 2021 cuando se evidenció a la policía escoltando a civiles en Cali y Medellín; en este solo día ocurrieron 14 homicidios en el Valle del Cauca (BBC News-Mundo, 2021; El Tiempo-Justicia, 2021).
Una represión que deja heridas
El accionar desproporcionado de la Policía Nacional, del Esmad y civiles armados no identificados dejó al menos 1.905 personas heridas y hay 4.687 denuncias por violencia policial en el marco del paro (Temblores ONG, 2021).
Se ha documentado el uso del armamento menos letal de manera irregular con el fin de maximizar sus daños. La fuerza pública disparó balas de goma, cartuchos de impacto cinético y gases lacrimógenos a una corta distancia y dirigidos a partes sensibles del cuerpo para genera una mayor afectación. La Campaña Defender la Libertad registró 90 casos de lesiones oculares con pérdidas anatómicas y/o funcionales de alguno de sus ojos. Es el caso de Juan Fonseca en Bogotá, a quien el Esmad disparó a la cara con un gas lacrimógeno dañándole uno de sus ojos y fracturándole varios huesos del rostro (Castaño, 2021).
De igual manera se vio el uso indebido de la nueva y peligrosa arma Venom, la cual dispara gases lacrimógenos, bombas de luz y bombas aturdidoras de manera indiscriminada con impulsores de alta velocidad. En video quedó grabado como el arma Venom es usada desde el piso con el fin de dirigir los proyectiles de manera directa a los manifestantes (Pulzo-Redacción Nación, 2021).
Violencia sexual y basada en género
La violencia ejercida por el estado colombiano se caracteriza por ser profundamente machista y patriarcal a la hora de infligir daños a la integridad de las personas manifestantes. Es así como 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género ejercidas por la fuerza pública en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa (Campaña Defender la Libertad, 2021). Según el informe de la CIDH en su visita a Colombia, la Defensoría del Pueblo reportó:
113 hechos de violencia basada en género. De esos, 112 casos fueron presuntamente ocasionados por la fuerza pública y su Esmad, 99 contra mujeres y 13 contra personas LGBTI. Entre las denuncias se incluyen 27 casos de violencia sexual, 5 hechos de acceso carnal violento y 22 tocamientos. Asimismo, se informó sobre el caso de violencia de género sufrido por una mujer policía en el marco de las manifestaciones (CIDH, 2021, párr. 34, p. 8)
A pesar de la aterradora cantidad de casos de violencia sexual y basada en género, el gobierno de Duque no ha tomado cartas en el asunto para superar este tipo de violaciones de derechos humanos que la fuerza pública reproduce con un altísimo nivel de impunidad.
Agresión a defensores de derechos humanos
En el marco del paro nacional iniciado el pasado 28 de abril se incrementaron las agresiones a defensores de derechos humanos. De acuerdo con la Campaña Defender la Libertad, han sufrido 326 agresiones en el ejercicio de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e Intervención (CVI) de la sociedad civil.
A continuación se relacionan las diversas modalidades de ataques a defensores y el número de casos: homicidio con uso de la fuerza letal uno, lesiones personales 129, estigmatización 139, detenciones arbitrarias o amenazas de detención 34 y violencias basadas en género 19 (Campaña Defender la Libertad, 2021). La mayoría de estas agresiones se cometieron con el objetivo de entorpecer la labor de las personas defensoras de derechos humanos y evitar que documentaran y denunciaran los excesos de la policía.
Detenciones arbitrarias
La represión y persecución a la protesta social en el gobierno Duque se complementan con el uso indebido del derecho penal a través de la realización de allanamientos, capturas y detenciones de carácter arbitrario. Durante el paro nacional de 2021 fueron detenidas 3.365 personas, generalmente de manera arbitraria y muchas de ellas fueron sometidas a torturas y/o tratos crueles y degradantes durante su traslado o su detención (Campaña Defender la Libertad, 2021).
Adicionalmente, en la estrategia de criminalización de las personas que ejercen su legítimo derecho a la manifestación se añade la tendencia de maximizar los tipos penales de los que se les acusa a las personas. De tal manera que los fiscales a menudo formulan acusaciones por terrorismo, concierto para delinquir, tortura, secuestro, tentativa de homicidio, etc., con el fin de mostrar resultados judiciales inmediatos. Además, al acusar por una conducta de mayor gravedad es probable que los jueces de control de garantías sean proclives a imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
A las irregularidades en las detenciones se les suma el creciente fenómeno de la desaparición forzada en el marco de las protestas. En el mes de mayo se reportaron cerca de 327 personas desaparecidas (Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, 2021), muchas de ellas se encontraban en manos de la fuerza pública quienes se negaban a dar información de su ubicación. En su mayoría estás personas han aparecido y regresado a sus casas. Sin embargo existe gran preocupación por que al menos dos personas desparecidas fueron encontradas asesinadas en circunstancias extrañas (Amnistía Internacional, 2021).
El nivel de vulneración de derechos humanos en Colombia durante el paro nacional fue tan alto que suscitó la necesidad de que la CIDH llevara a cabo una visita de trabajo en Colombia los días 8 al 10 de junio. De esta visita surgió un documento de observaciones en el que, además de manifestar preocupación al gobierno colombiano, hicieron recomendaciones entre las cuales se destacan la de reformar la Policía como cuerpo civil y la de permitir los cortes de ruta (bloqueos) como repertorio valido de protesta que no debe ser ilegalizado.
El gobierno de Iván Duque, fiel a su talante antidemocrático, reaccionó rechazando enfáticamente la creación de un Mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad. Así como negando las afirmaciones de la CIDH relacionadas con la existencia de violencias basadas en género y de carácter sexual (El País-Noticias, 2021).
En síntesis, el gobierno Duque en su tercer año se consolida como enemigo de las libertades democráticas, de la participación ciudadana, desconoce las decisiones judiciales que le son adversas enfrentándose al poder judicial, rechaza las recomendaciones en materia de derechos humanos que provienen de organismos internacionales y se alza como un gobernante al cual ya no le importa teñir de sangre las calles, con tal esconder su incapacidad de dialogar, escuchar y resolver los problemas de los más necesitados.
Referencias
Amnistía Internacional (2021, 30 de julio). Cali in the epicenter of repression. Human rights violations during the 2021 national strike in Cali, Colombia. https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/4405/2021/es/
Ávila, A. (2020, 17 de septiembre). La prueba reina: la brutalidad policial y la necesaria renuncia del ministro. Revista Semana.
BBC News-Mundo (2021, 30 de mayo). Protestas en Colombia: la ONU pide una investigación independiente de las muertes tras la militarización de Cali. BBC News. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57303081
BBC News-Mundo (2020, 9 de septiembre). Javier Ordóñez: la indignación en Colombia por la muerte de un hombre tras una violenta detención de la policía por violar la cuarentena. BBC News. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54095677
Campaña Defender la Libertad. Asunto de todas (2021, 22 de julio). Boletín informativo nacional 21: #paronacional. https://defenderlalibertad.com/boletin-informativo-nacional-21-paronacional/
Campaña Defender la Libertad. Asunto de todas (julio 23 de 2020). Violencia policial en el marco de la pandemia. https://defenderlalibertad.com/violencia-policial-en-el-marco-de-la-pandemia/
Canal Capital (2020, 24 de septiembre). Gobierno sigue sin acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Canal Capital. https://conexioncapital.co/gobierno-sigue-sin-acatar-el-fallo-de-la-corte-suprema-de-justicia/
Cancillería de Colombia (2021, 25 de junio). Declaración de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, al término de la reunión con la Representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Juliette de Rivero. Ministerio de Relaciones Exteriores. https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video/declaracion-vicepresidente-canciller-marta-lucia-ramirez-termino-reunion
Castaño, A. (2021, 4 de mayo). Otro joven perdió un ojo en medio de manifestaciones en el norte de Bogotá. Caracol Radio. https://caracol.com.co/emisora/2021/05/04/bogota/1620152594_215656.html
Colombia Informa [@Col_Informa]. (2020, 9 de septiembre). #URGENTE En el barrio Timiza, localidad de Kennedy en Bogotá, hay varios sujetos disparando contra manifestantes. Al parecer serían Policías [Video adjunto]. [https://twitter.com/Col_Informa/status/1303908831957843970?s=20].
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (2021). Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_CIDH_Colombia_SPA.pdf
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (2021, 27 de mayo). Después de un mes de Paro Nacional continúan desaparecidas 327 personas. Comunicado conjunto. https://coeuropa.org.co/despues-de-un-mes-de-paronacional-continuan-desaparecidas-327-personas/#:~:text=Con%20un%20aproximado%20de%20770,de%20las%20Personas%20Detenidas%20Desaparecidas.
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El Parche Crítico [@El Parche Crítico]. (2020, 9 de septiembre). #ATENCIÓN En el barrio Suba Rincón la @PoliciaBogota acaba de disparar contra uno de los manifestantes, quedó gravemente herido. ¡NOS ESTÁN MATANDO! [Video adjunto]. [https://twitter.com/i/status/1303890647737303042].
El Tiempo-Justicia (2021, 29 de mayo). Con fusiles y pistolas civiles disparan al lado de uniformados en Cali. El Tiempo. https://www.eltiempo.com/colombia/cali/con-fusiles-y-pistolas-civiles-disparan-al-lado-de-uniformados-en-cali-592113
Human Rights Watch (2021, 9 de junio). Colombia: brutalidad policial contra manifestantes. https://www.hrw.org/es/news/2021/06/09/colombia-brutalidad-policial-contra-manifestantes
Moros, L., Estrada, C., et al. (2019, 7 de diciembre). Las noches de pánico en Cali y Bogotá. Cerosetenta-Uniandes. https://cerosetenta.uniandes.edu.co/las-noches-de-panico-en-cali-y-bogota/
Pulzo-Redacción Nación (2021, 15 de mayo). Confirman que Esmad usó arma que le recomendaron no disparar directo a manifestantes. Pulzo. https://www.pulzo.com/nacion/esmad-policia-disparo-arma-venom-contra-manifestantes-dice-vivanco-hrw-PP1051556
Quilindo, C. (2021, 15 de mayo). Rechazan señalamientos del Ministro de Defensa contra líderes del Cauca. RCN Radio. https://www.rcnradio.com/colombia/sur/rechazan-senalamientos-del-ministro-de-defensa-contra-lideres-del-cauca
Rodríguez, F. [@SuMadre_e]. (2020, 10 de septiembre). Acá se evidencia como la policía dispara indiscriminadamente contra los manifestantes. [Video adjunto]. [https://twitter.com/SuMadre_e/status/1303926238386548736?s=20].
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Sistema de Agresiones a la Protesta (SIAP). (2021). Información recuperada del SIAP. Campaña Defender la Libertad. Asunto de todas. https://defenderlalibertad.com/sistema-de-informacion-de-agresiones-a-la-protesta-social-siap/
Sistema de Agresiones a la Protesta (SIAP). (septiembre 18 de 2020). Denuncia realizada por el Colectivo Jurídico Popular de Engativá ante la Fiscalía General de la Nación. Campaña Defender la Libertad. Asunto de todas. https://defenderlalibertad.com/sistema-de-informacion-de-agresiones-a-la-protesta-social-siap/
Temblores ONG [@tembloresong]. (2021, 26 de junio). Acá les presentamos nuestras infografías con las cifras actualizadas sobre violencia policial en estos 60 días de paro nacional. [Infografía adjunta]. [https://www.instagram.com/p/CQr4h6TJ9vK/?utm_source=ig_web_copy_link]
[1] Particulares disparan en el barrio Timiza de Bogotá (Colombia Informa, 2020). Policía exhibe e intimida con armas de fuego (Rodríguez, 2020). Policías disparan en el barrio Suba Rincón dejando una persona fallecida (El Parche Crítico, 2020).
[2] El presidente Duque afirmó: “Lo que nosotros hemos dicho es que debe pasar por una revisión de la Corte Constitucional, por eso hemos hecho ese llamado, porque se trata de un fallo muy importante y que requiere que se dé absoluta claridad sobre cuál es el alcance y los límites del juez de tutela” (Canal Capital, 2020).
