Ana María Restrepo, Martha Cecilia García,
Mauricio Archila y Santiago Garcés[1]
En la historia reciente del país, no encontramos un gobierno que haya sido confrontado de la manera en que lo ha sido el de Iván Duque. En cada uno de los tres años de gobierno que lleva, se han presentado múltiples protestas locales y regionales y, además, movilizaciones de carácter nacional de gran envergadura: en el primero, los estudiantes realizaron enormes y festivas marchas para exigir financiación para la educación superior; en el segundo, el Comité Nacional de Paro (CNP), encabezado por centrales obreras, convocó a una jornada nacional contra el “paquetazo” económico de Duque y, a partir del 21 de noviembre de 2019, se desencadenaron movilizaciones nacionales, que fueron decayendo con la llegada de la pandemia.
Ante la profundización de la pobreza debido a las restricciones impuestas para aminorar el contagio de covid-19, el CNP envió al presidente Duque a mediados de junio de 2020 un Pliego de Emergencia con los siguientes puntos: renta básica, intervención y financiación estatal al sistema de salud, derogatoria de los decretos presidenciales de emergencia, defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial y artesanal; matrícula cero en la educación superior, acciones diferenciadas para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales, implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo de paz[2]) y rechazo a las masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales y de excombatientes.
Durante el tercer año de Duque, han tenido lugar dos enormes agitaciones sociales: el 9 y 10 de septiembre de 2020, cuando la muerte de Javier Ordóñez a manos de policías desencadenó la ira de miles de colombianos que salieron a las calles a reclamar justicia y el desmonte del Escuadrón Móvil Antidistubios (Esmad), al que acusaron de brutalidad policial. En Bogotá, se contabilizaron en esos dos días diez muertos, 175 civiles y 147 policías lesionados, hubo 250 denuncias de abuso policial, y 68 Centros de Atención Inmediata (CAI) fueron atacados (El Tiempo, 13 de septiembre 2020, p. 1-8). La otra gran movilización es el paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021, sobre el que volveremos luego.
Movilizaciones urbanas T1
Entre agosto de 2020 y junio de 2021 (momento de la entrega de este artículo), la movilización social no ha cesado. Un pico significativo en el número de protestas ocurrió en abril de 2020 debido a las medidas que tomaron muchas administraciones municipales para proteger a la población del contagio de covid-19 y durante el segundo semestre de ese año continuaron los plantones de diversos agentes económicos, particularmente los comerciantes que pidieron la reapertura inmediata del sector. También se movilizó el gremio de los transportadores a inicios de 2021 para protestar contra el alza de peajes por hacer inviables los costos operacionales.
Los estudiantes siguieron exigiendo matrícula 0, punto central de su pedido de financiación estatal y universal de la educación superior contenido en el petitorio que presentaron al gobierno en 2018. Las comunidades académicas de educación básica y secundaria se movieron entre la solicitud de reapertura de escuelas y colegios y la petición de continuar con clases virtuales, por temor a que los niños fuesen un vector de contagios.
La juventud hizo velatones y cecerolazos, bajo la consigna “¡Nos están matando!”, para protestar por masacres ocurridas en distintas partes del país que tuvieron como víctimas principales a personas menores de 25 años. Expresaron que, a pesar del miedo de ser jóvenes, también tienen esperanzas de vivir en un país en paz.
Las mujeres reclamaron garantías para su bienestar y sus vidas, porque las cuarentenas expusieron que esta sociedad aún conserva la idea de que el cuidado de los otros es una tarea estrictamente femenina y porque aumentaron vertiginosamente los casos de violencia intrafamiliar. Durante la pandemia, han sido más recurrentes los feminicidios, así como la violencia sexual contra adultos, niños, niñas y adolescentes. La población LGBTIQ se movilizó para denunciar otra forma de discriminación en su contra: la negación de los servicios de salud, cuando de pacientes de covid-19 se trató.
La población más pobre también sufrió los rigores de la violencia policial cuando, portando trapos rojos, salió a las calles a pedir ayuda alimentaria y de vivienda, durante las cuarentenas. Los migrantes merecen una atención particular pues fueron sujetos de persecución, al punto de solicitar a los gobiernos locales y regionales de Colombia, el establecimiento de corredores humanitarios para regresar a su país, ante la extrema precarización de sus condiciones de vida debido a la pandemia y la violencia que sintieron en su contra.
Con esos antecedentes, la convocatoria a paralizar el país hecha por el CNP desde el 28 de abril de 2021 atrajo a una multiplicidad de actores sociales que respondieron masivamente al llamado. Hubo una movilización continua de amplia cobertura nacional, que se fue extendiendo en el tiempo y en esa misma medida fue languideciendo y perdiendo participantes. La mayoría de estas personas había traído al paro su propio petitorio, muchas aceptaron la coordinación del CNP, pero la violencia, la sordera, el menosprecio por las formas políticas populares y la dilación con que el gobierno de Duque respondió a las demandas sociales fueron delineando una resistencia que rápidamente se constituyó en “las primeras líneas”: grupos de jóvenes que asumieron la confrontación directa con la fuerza pública como una forma de protección de los manifestantes. Estas primeras líneas han continuado una seguidilla de acciones, unas más, otras menos confrontacionales, en puntos nodales de las grandes ciudades que la juventud allí presente ha renombrado y a los que les ha dado nuevos significados. El 15 de junio, el CNP anunció que cambiaría la dinámica de la protesta, en la medida en que se estaba avanzando en negociaciones locales y regionales. Las primeras líneas ratificaron que el Comité no las representaba, por tanto, no acataban este anuncio. Hasta el presente, sigue la agitación en algunos puntos de resistencia.
Durante el paro, cambiaron también las prelaciones de algunos actores sociales: tomó el primer lugar la demanda por el cese a la violencia policial, la exigencia al gobierno de reconocer esa demanda, la petición de perdón a los manifestantes por parte de la fuerza pública, la investigación y juzgamiento de los culpables de la violencia policial, la reforma a la policía y el desmonte del Esmad. Las cifras de lo sucedido al respecto hablan por sí mismas: entre el 28 de abril y el 26 de junio habían ocurrido 75 asesinatos en el marco del paro nacional, 38 de los cuales tuvieron como víctimas a jóvenes entre los 18 y los 26 años, y en 44 hubo una presunta autoría de la fuerza pública; 83 víctimas de lesiones oculares, 28 víctimas de violencia sexual, 1.832 detenciones arbitrarias, 1.468 casos de violencia física, 3.486 casos de violencia policial (Indepaz/Temblores, 2021).
Ante ese cuadro, el gobierno nacional ha anunciado “investigaciones exhaustivas”, reformas a la policía, todas ellas cosméticas, y una rotunda negativa al desmonte del Esmad. No obstante, este paro nacional obtuvo logros concretos: se retiraron los proyectos de ley de reforma tributaria y de reforma al sistema de salud, cayeron el ministro de Hacienda (impulsor de la reforma tributaria) y la ministra de Relaciones Exteriores (debido al pésimo manejo mediático ante el clamor internacional por la violencia contra los manifestantes). El gobierno anunció que otorgaría matrícula 0 para el segundo semestre de 2021, para universitarios de estratos bajos. Y la Copa América de fútbol no se llevó a cabo en el país, una petición que hicieron los mismos hinchas. En otros temas, el gobierno ha prometido, pero ha incumplido, además de seguir haciendo trizas el Acuerdo de paz, como lo evidencian las luchas sociales.
Luchas rurales T1
En 2020, sobresalieron la Caravana humanitaria «Por la Vida y la Defensa del Territorio en el Cañón del Micay» y las marchas por las rutas comunera y libertadora. La primera se llevó a cabo entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, continuando el proceso iniciado con la Caravana del Suroccidente del mes de junio en la que se denunció el incremento de los asesinatos a líderes sociales, especialmente en Cauca. Esta caravana mostró que los asesinatos, por una parte, están relacionados con las disputas sobre el territorio, tanto entre actores armados, como por intereses de empresas mineras; por otra, que aumentaron ante la decisión autónoma de las comunidades de adelantar procesos de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito.
Inspiradas en la Marcha por la Dignidad y en el marco de la celebración del 20 de julio de 2020, el 13 de julio salieron de Socorro y Barrancabermeja (departamento de Santander) y de Saravena y Fortul (departamento de Arauca) las llamadas Rutas Comunera y Libertadora (respectivamente). Llegaron a Tunja el 18 de julio y caminaron hasta el Puente de Boyacá el día 19. La Ruta Comunera hacía un homenaje a la rebelión de 1781 para sumarse a las demandas por la protección de la vida de defensores de derechos humanos, el territorio y el medio ambiente y rechazar las medidas decretadas por el gobierno de emergencia sanitaria y económica. El grupo que salió de Barrancabermeja tuvo también representación de la Unión Sindical Obrera (USO), organización de trabajadores petroleros, para llamar la atención sobre la situación de estas personas durante la pandemia y por la venta de activos del Estado en el sector, sin control público, ni político. A su vez, la Ruta Libertadora denunció las afectaciones a la movilización social por causa del conflicto armado y los montajes judiciales; también se sumó a las demandas por la protección de la vida y contra las medidas de la emergencia sanitaria y económica.
En cuanto a los motivos de movilización rural de 2020, cerca de 25 acciones se llevaron a cabo contra los procesos de erradicación forzosa en territorios donde las familias campesinas estaban esperando la implementación de los Planes Nacionales Integrales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS); de estas protestas, tres respondieron específicamente a asesinatos de campesinos por parte del Esmad en medio de la resistencia a la erradicación. Este es el motivo más reiterado de movilizaciones rurales y el que no obtuvo como respuesta estatal más que represión.
El segundo motivo más destacado tuvo que ver con la pandemia, bien sea por demandas de protección o por la precariedad de las medidas de atención económica y sanitaria y por la falta de acceso a agua potable, electricidad y comunicación. Este motivo presenta otras novedosas formas de movilización rural que se vivieron en el país en 2020: por ejemplo, bloqueos de vías que buscaban evitar el ingreso de personas ajenas a poblaciones donde los servicios de salud son precarios o inexistentes. Además, pequeños y medianos productores agrarios hicieron caravanas o se ubicaron en carreteras y parques de las ciudades para regalar sus productos y llamar la atención por la falta de políticas para comercializarlos.
En 2021, además de la novedad de las solidaridades rurales con el Paro Nacional iniciado el 28 de abril, otras protestas merecen atención y corren el riesgo de ser opacadas por el Paro. Desde enero, comunidades campesinas e indígenas del Alto Sinú, en Córdoba, se manifestaron por los incumplimientos del llamado “desarrollo territorial” prometido por la empresa Urrá, para exigir la implementación de los PNIS y una verdadera Reforma Rural Integral. Esto además está vinculado a la creciente amenaza por el paramilitarismo que controla la región.
En febrero, se consolidaron dos espacios de movilización permanente: en Murindó, Antioquia, una minga, debido a la crisis humanitaria vivida por comunidades Embera que quedaron atrapadas en medio de enfrentamientos entre grupos armados irregulares y el ejército. Y en Hacarí, Norte de Santander, se instaló un campamento humanitario para exigir la salida de la base militar móvil, que ha puesto en riesgo de la vida de las comunidades vecinas.
En el mismo febrero, comenzó la Minga Nacional y Marcha por la vida del pueblo Misak, que cobró fuerza por su repertorio de derribamiento de las estatuas que representan el exterminio indígena y el racismo, y el 15 de marzo bloquearon el peaje de Tunía (Piendamó) para reafirmar su enfrentamiento al poder latifundista. Por su parte, en el Urabá antioqueño, indígenas, afrodescendientes y campesinado bloquearon la vía que conecta esta región con Medellín para denunciar el incumplimiento de acuerdos que dieron fin a protestas anteriores por vías, hospitales, conexión eléctrica, acueductos y resolución de la disputa interdepartamental por Belén de Bajirá. Se constata que los incumplimientos son centrales en las movilizaciones rurales, así como las demandas de infraestructura y servicios públicos.
En marzo, se llevaron a cabo protestas en el Pacífico nariñense contra la reanudación de la fumigación aérea con glifosato y por el cumplimiento del punto 4 del Acuerdo de paz, titulado “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Como se mencionó, este es el principal motivo de movilización rural en el país durante el gobierno de Duque y articula a varias organizaciones y comunidades de territorios disímiles y lejanos entre sí.
Hubo otras dos marchas representativas de la situación de violencia que experimentan las comunidades rurales. El 26 de marzo, campesinos y ambientalistas marcharon en Yopal, capital del departamento de Casanare, bajo la consigna “Ser líder social no es un delito”, en contra de las judicializaciones de líderes sociales, comunales y ambientales en el departamento. Y en abril, se adelantó la Caravana Fluvial y Humanitaria por la Vida y la Paz, que recorrió varios municipios de Cauca para pedir acuerdos humanitarios con todos los actores armados, cese al reclutamiento de jóvenes y al asesinato de líderes y lideresas sociales y la desmilitarización de los territorios.
Protestas laborales T1
Durante el tercer año de gobierno del presidente Duque, las luchas laborales muestran la articulación de fenómenos coyunturales con aspectos estructurales del mundo del trabajo. Además, esa articulación se constata con los sectores de trabajadores que más se han movilizado recientemente: personal de la salud, magisterio, funcionarios de administraciones municipales y de empresas públicas locales, trabajadores de la minería y choferes del transporte masivo urbano e intermunicipal.
En la mayoría de las protestas del personal de salud se exige el pago de salarios adeudados: en agosto de 2020, los trabajadores del Hospital Metropolitano de Barranquilla cesaron actividades debido al atraso de un año en el pago de sus salarios. Por igual motivo protestó en septiembre de 2020 el personal del Hospital Internacional del Caribe, en Riohacha. Y desde el 3 de mayo de 2021 y por 20 días, el personal del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar, en Valledupar, emprendió una protesta para reclamar el pago de 29 meses de salario. También ha habido movilizaciones por despidos masivos, por violaciones a la convención colectiva de trabajo y por medidas tomadas durante la liquidación de algunas Empresas Promotoras de Salud (EPS). De fondo, se encuentran los problemas endémicos del sistema de salud colombiano.
El magisterio ha protestado a niveles nacional y regional contra el retorno presencial a clases. También ha exigido un mayor esfuerzo gubernamental en lograr la conectividad de sus estudiantes para garantizar el derecho a la educación. Y participó en movilizaciones que iban más allá de sus reivindicaciones particulares, como la negociación del pliego de emergencia presentado por el CNP y por la derogatoria del decreto 1174, del que hablaremos más adelante.
Los trabajadores de las entidades públicas municipales protestaron durante los procesos de negociación colectiva con las autoridades locales. En Ibagué, en septiembre de 2020, los sindicatos se declararon en asamblea permanente ante la negativa de la administración de discutir el pliego unificado presentado a inicios del año. En Bogotá, un par de meses después, hubo movilizaciones en la negociación con administración distrital. También hubo acciones por diversos tipos de incumplimientos laborales y por despidos colectivos en plena pandemia.
Los trabajadores mineros del carbón protagonizaron varias luchas durante el último año, vinculadas al cierre de las actividades económicas originado en las cuarentenas y en el deterioro de los precios internacionales del mineral. El principal conflicto fue la huelga en Carbones del Cerrejón, en La Guajira, producto de un fallido proceso de negociación de la convención colectiva iniciado a finales de 2019. La huelga duró 91 días y culminó con la firma de una convención colectiva con vigencia de tres años y medio. Esta convención mantiene beneficios convencionales, pero no se logra evitar la modificación de la jornada laboral, que fue el centro del conflicto. Aunque la huelga terminó, continuaron las protestas ante el súbito despido de trabajadores en febrero de 2021, muchos de los cuales son dirigentes del sindicato que ha conducido las acciones: Sintracarbón[3].
Los trabajaderos de Prodeco, empresa que opera las minas de carbón de La Jagua y Calenturitas, en el departamento de Cesar, también protestaron por el anuncio de despidos masivos en agosto de 2020 y en noviembre, se movilizaron para exigir la reapertura de las minas. La empresa argumentó que la extracción de carbón ya no era viable debido al impacto económico de la pandemia y al deterioro de los precios internacionales del mineral. En febrero de 2021, Prodeco anunció su renuncia a los títulos mineros en Colombia, lo que desató bloqueos por parte de los trabajadores, en rechazo a los despidos y a los planes de retiro que ofrece la empresa. Se trata de un fenómeno nacional, pues, en Santander, durante febrero de 2021, también ocurrieron movilizaciones protagonizadas por trabajadores de la multinacional Minesa, Sociedad Minera de Santander, empresa de minería de oro, que se pronunciaron contra el anuncio de despidos colectivos.
Y los conductores de los sistemas de transporte masivo urbano del país y de algunas empresas de transporte intermunicipal adelantaron paros y movilizaciones por atraso en los pagos, que se originó en el deterioro de la demanda de transporte en la pandemia.
En el tercer año de gobierno de Duque, el principal motivo de lucha laboral es el usual: el incumplimiento de pactos laborales de diverso tipo relacionados con acreencias salariales, despidos masivos, detrimento de las condiciones de trabajo, violaciones de las convenciones colectivas y reclamos en los procesos liquidatorios. El segundo motivo es la negativa patronal a negociar los pliegos laborales. El tercer motivo es la defensa del derecho a la vida, la integridad y la libertad. Esta última bandera recoge las luchas nacionales en contra del asesinato de líderes sociales, las protestas de escoltas de la Unidad Nacional de Protección por el asesinato de sus compañeros en medio de atentados contra líderes sociales y las movilizaciones de trabajadores de la salud de Quibdó para rechazar las amenazas y extorsiones de distintos grupos delincuenciales.
El cuarto motivo es la petición de reapertura económica y contra los cierres para enfrentar la pandemia. Las protestas por este motivo estuvieron protagonizadas por trabajadores de los sectores aéreo, hotelero y de juegos de azar. También están recogidas bajo este motivo la exigencia a las autoridades de apoyos económicos, debido a la difícil situación económica producto de la pandemia, como en el caso de los trabajadores del transporte urbano masivo y del intermunicipal.
Por último, es necesario mostrar el talante de Duque frente al mundo del trabajo. El 27 de agosto de 2020, el gobierno aprobó el Decreto 1174, denominado “Piso mínimo de protección social”. El decreto reglamenta la contribución al sistema general de pensiones de aquellas relaciones laborales que impliquen una remuneración menor al salario mínimo. En la práctica, creó un sistema de aseguramiento paralelo que permite la contratación por debajo del salario mínimo y la cotización por horas al sistema general de pensiones. Actualmente, está en examen de constitucionalidad.
Según el gobierno, este decreto ofrece una protección social mínima para trabajadores que no contaban con ninguna protección para la vejez ni de riesgos laborales. Pero, como lo identificaron las centrales obreras, promueve la precarización del trabajo porque genera incentivos para que los empleadores contraten mediante el “piso mínimo”, pues les supone ahorros prestacionales significativos frente a un contrato típico de trabajo.
La aprobación de esta medida muestra el talante poco democrático del gobierno, tanto en su forma como en el fondo. No se discutió en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales que existe en virtud del artículo 56 de la Constitución. El decreto supone una reforma laboral y pensional por la puerta de atrás, sin discusión del Congreso de la República ni de los sectores sociales directamente involucrados. Y, además, está en sintonía con el espíritu de la reforma tributaria derrotada en el marco del paro nacional que empezó el 28 de abril de 2021. Afortunadamente, no han cosechado éxitos políticos estos intentos de relegitimar el neoliberalismo en el país a partir de una expansión precaria de las redes de protección social.
Conclusión T1
Las luchas sociales ocurridas durante el tercer año del gobierno de Iván Duque (agosto de 2020-agosto de 2021) muestran la pervivencia de desajustes estructurales, pero agravados por el mal manejo de la pandemia. Entre los motivos de protesta sobresalen los incumplimientos tanto del Acuerdo de paz (2016), como de los concertados con diversos sectores urbanos, rurales y laborales. El ya conocido talante antidemocrático del gobierno aflora nuevamente en forma aún más preocupante. No es solo que no consulta ni dialoga, y menos negocia, sino que, ante la protesta, responde con desproporcionada violencia policial, como lo mostró en el paro iniciado el 28 de abril, un verdadero estallido social que le enrostra a Duque su incapacidad como gobernante. En estas multitudes, radica la esperanza del cambio de rumbo en Colombia.
Referencias bibliográficas
Decreto 1174 del 27 de agosto de 2020. Por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el Piso de Protección Social para personas que devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. Presidencia de la Republica de Colombia.
García, M. y Restrepo, A. (2020, junio-diciembre). A quejarse al mono de la pila: protestas en época de pandemia en Colombia. Cien Días, No. 100. Consultado en https://www.revistaciendiascinep.com/home/a-quejarse-al-mono-de-la-pila-protestas-en-epoca-de-pandemia-en-colombia/
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, y Temblores. (2021, 26 de junio). Cifras de la violencia en el marco del paro nacional 2021. Comunicado. Consultado el 28 de junio de 2021 en https://www.temblores.org/comunicados.
[1] Integrantes del equipo de Movimientos Sociales del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). La información del artículo proviene de la Base de Datos de Luchas Sociales del mismo centro.
[2] Se refiere al Acuerdo firmado en noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la organización insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-EP.
[3] Es un sindicato de industria y su nombre completo es Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón.
