Diego Alejandro Rubiano Plazas*[1]
Monig Lilley Rodriguez Aguirre**[2]
Misión de Observación Electoral (MOE)
Introducción
El tercer año de gobierno del presidente Iván Duque estuvo marcado por distintas circunstancias que afectaron el país y sus procesos democráticos, entre las cuales se destacan los cierres y aislamientos selectivos durante 2020 hasta inicios de 2021, la suspensión de las elecciones de Juntas de Acción Comunal, el inicio del calendario electoral con miras a las elecciones de Congreso y Presidente de 2022 y una movilización social sin precedentes.
Estos elementos, y sin duda la intervención de la pandemia del covid-19 en el desarrollo normal de las actividades ciudadanas, ha implicado un cambio en la forma en que todos los colombianos hacen parte de procesos políticos y en el cómo se aplica la democracia participativa consagrada en nuestra constitución. Este artículo pretende exponer un elemento adicional que ha jugado en contra del pleno ejercicio de la participación política, y son las afectaciones violentas en contra de los liderazgos y la representación en los territorios, fenómeno que diezma la democracia y frente al cual el actual gobierno Duque no ha aplicado acciones públicas integrales y determinadas para frenar la violencia, lo cual en una etapa pre-electoral como la que enmarca este 2021 deja ver los retos que debe afrontar si el gobierno pretende mantener el control y garantizar la seguridad de los procesos electorales de 2022, hito definitivo de la democracia.
A continuación se abordan tres elementos: primero, las cifras consolidadas desde la Misión de Observación Electoral (MOE) respecto de la situación de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, en un contexto pre-electoral, y las implicaciones que este fenómeno ha tenido en la democracia colombiana, así como los retos del gobierno frente al proceso electoral de 2022. Segundo, las afectaciones que atentan específicamente contra líderes sociales, como liderazgo de iniciativa ciudadana y que tendrán un protagonismo importante en las elecciones de Congreso de la República, particularmente sobre las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP). Y tercero, una descripción y evaluación del uso dado a la convocatoria de elecciones de Consejos Municipales de Juventud, como canalización de la participación de sectores juveniles por vías institucionales luego de la movilización social ocurrida entre abril y junio, donde los jóvenes fueron protagonistas.
Finalmente, en las conclusiones se recogen los retos analizados y se enfatiza en la necesidad de afrontar con acciones concretas e integrales, desde el Gobierno nacional, el proceso electoral de 2022, para que cuente con todas las garantías y acompañamiento desde las entidades del orden nacional involucradas en la defensa y protección de líderes y lideresas en todo el territorio nacional.
La violencia contra líderes en el contexto pre-electoral
Para el primer semestre de 2021 en Colombia, el Observatorio Político-Electoral de la Democracia registró un total de 247 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, lo cual representa una cifra muy cercana a los 248 registrados en el mismo período del año anterior. Esto muestra la magnitud de un problema que en tres años de gobierno y con cerca de dos años y medio de aplicación del Plan de Acción Oportuna (PAO) emitido por el Gobierno del Presidente Duque en el marco de su estrategia de “paz con legalidad” deja ver la falta de acción integral en la defensa de liderazgos, y por el contrario una profundización del problema.
Como se aprecia en el cuadro 1, estas afectaciones recaen principalmente sobre líderes políticos y sociales. Estos dos tipos de liderazgo concentran el 93,5 % del total de los hechos registrados, siendo principalmente afectados los líderes sociales (51,8 %). Esta situación lleva a pensar directamente en las afectaciones de dicho problema para la democracia, en tanto en un escenario en el que las restricciones a la movilidad han sido un elemento recurrente en el marco de una crisis sanitaria por la pandemia, los ejercicios de representación y consolidación desde los territorios y con origen ciudadano son canalizadores para el sistema político, elementos de rendición y exigencia de cuentas a la administración y cumplen un papel fundamental en la consolidación del sistema democrático en territorios alejados donde la presencia estatal es mínima.
Cuadro 1. Número de líderes y lideresas víctimas de violencia por tipo de hechos, enero a junio de 2021
| Tipo de liderazgo | Hombre | Total Hombre | Mujer | Total Mujer | Total | % | |||||
| Amenaza | Secuestro | Atentado | Asesinato | Amenaza | Atentado | Asesinato | |||||
| Política | 51 | 1 | 13 | 16 | 81 | 18 | 1 | 3 | 22 | 103 | 41,7 |
| Social | 63 | 2 | 8 | 22 | 95 | 20 | 4 | 9 | 33 | 128 | 51,8 |
| Comunal | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6,5 |
| Total | 116 | 4 | 23 | 45 | 188 | 42 | 5 | 13 | 59 | 247 | |
| Porcentaje | 62,0 | 2,1 | 12,2 | 23,9 | 71,2 | 8,5 | 22,0 | ||||
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia, MOE.
Como lo reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la labor de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en Colombia es fundamental, pues son ciudadanos que ejercen control sobre funcionarios e instituciones frente a violaciones a los derechos humanos y de cara a la situación social, económica y política, actuaciones que son cruciales para consolidar una sociedad democrática estable. De allí la importancia de este ejercicio de liderazgo en un contexto de democracia.
En consonancia, los ataques registrados tanto a líderes como a procesos de representación y defensa de derechos no sólo deben ser considerados como un ataque a la seguridad e integridad personal de un ciudadano, lo cual en sí mismo representa una falta a los deberes del Estado, sino que también trae consigo una afectación a un proceso democrático de representación, a una comunidad o grupo que ve en este ejercicio una forma de reclamo y demanda al Estado frente a situaciones como la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito o la defensa de comunidades de origen étnico vulneradas por el ejercicio del actores armados, entre otros procesos que buscan acciones concretas del Estado para suplir sus necesidades.
Esta situación, además de ser un ataque a ejercicios de democracia directa y participativa, en época electoral toma especial relevancia, pues muchos de estos procesos harán parte de grupos de base de apoyo electoral. En este sentido, ataques a estos grupos pueden infundir miedo en líderes y lideresas que por medio de alianzas políticas busquen llevar sus voces a órganos de representación del orden nacional en el marco de las elecciones a Congreso de la República de marzo de 2022 (Rubiano, 2018).
En un contexto electoral estos ataques menoscaban el control ciudadano y la posibilidad de intervenir en las decisiones políticas de su comunidad, así como los ejercicios de control que desde la ciudadanía pueden existir sobre el ejercicio proselitista como la veeduría sobre la financiación de las campañas, el control del proceso mismo e incluso sobre el ejercicio de observación adelantado por la MOE. Estos ataques generan afectaciones no sólo a los líderes, sino que afectan “a todas aquellas personas para quienes las y los defensores trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad y sumiéndolos en una situación de indefensión” (CIDH, 2019, p. 59) lo cual demuestra sufren también las comunidades y la democracia en sí misma.
Liderazgos sociales: afectaciones frente a las elecciones de CTEP
El certamen electoral que se desarrollará el 13 de marzo del 2022, incluirá las elecciones de los 16 Representantes a la Cámara de las (CTEP), creadas a través del proyecto de Acto Legislativo 017 de 2017, en desarrollo del punto 2.3.6 del Acuerdo de paz. Dichas Circunscripciones tienen como objetivo generar una democracia más incluyente y plural, otorgando a los territorios particularmente afectados por la violencia, la pobreza y la exclusión, una representación especial durante dos periodos constitucionales. Conforme a ello, estas estarán ocupadas por víctimas y líderes sociales de dichos territorios, cuyas candidaturas serán inscritas por organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas u organizaciones sociales, incluyendo las de las mujeres, y grupos significativos de ciudadanos. Lo anterior, resaltando que los consejos comunitarios, resguardos, autoridades indígenas y Kumpañy legalmente reconocidos también podrán inscribir candidatos cuando la circunscripción coincida en todo o en parte con territorios étnicos.
Dichas circunscripciones además de haber estado históricamente en el abandono y olvido estatal, son el escenario de una riqueza donde se afincan economías ilícitas junto con actores armados ilegales que en las últimas décadas han hecho de la violencia la cotidianeidad y se han ensañado de manera particular contra los líderes sociales que trabajan allí. Esta situación genera preocupación, considerando que los candidatos a la Cámara de Representantes para las CTEP surgirán de las diferentes organizaciones y liderazgos sociales que operan en el territorio.
En el período 2016-2020 se presentó un total de 440 hechos de violencia contra líderes sociales en las CTEP, que representan el 47 % del total registrado en el país. Contexto que resulta aún más preocupante si consideramos que el incremento de dichas afectaciones, además de ser constante desde el año 2017 (ver gráfica 1), fue muy significativo en el 2020 (72 % con respecto a 2019 y 95 % frente a 2018).
Sumado a ello, resulta alarmante el hecho de que las CTEP concentran el 68 % de los asesinatos de líderes sociales ocurridos en todo el territorio nacional entre el 2016 y 2020. Destacando que el 2020 fue el año con la mayor cantidad de asesinatos, los cuales incrementaron un 74 % en comparación con el 2019 (al pasar de 39 a 68). Esta situación evidencia la importante afectación a las iniciativas ciudadanas en dichos territorios y a los representantes de estas, cuyas voces han sido silenciadas con el fin de imponer o terminar intereses, posturas políticas o reivindicaciones.
Gráfica 1. Hechos de violencia contra líderes sociales en CTEP con distinción de hecho, 2016-2020
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia, MOE.
Dicho panorama no mejoró en el primer semestre de 2021, teniendo en cuenta que al 30 de junio ya se contaban 69 agresiones contra líderes sociales, de las cuales 27 corresponden a hechos de violencia letal (20 asesinatos y siete atentados). Situación que se agrava porque esos asesinatos representan el 67 % del total registrado en Colombia hasta el momento.
En este punto, vale la pena resaltar los diferentes tipos de líderes sociales afectados en dichas regiones (ver gráfica 2), en tanto personifican los procesos que le atañen a la comunidad, razón por la cual, la violencia en su contra mina la representación de las poblaciones.
Los líderes indígenas (24 víctimas), campesinos (12 víctimas) y de derechos humanos (siete víctimas) fueron los más afectados por los diferentes hechos violentos, al concentrar el 62 % de las agresiones a líderes sociales en las regiones con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se infiere el interés de los diferentes sectores que ejercen esta violencia de silenciar las voces que representan a dichas poblaciones e infundir miedo en la organización y comunidad con el fin de detener los procesos en curso. Sobre este aspecto, es necesario destacar que dos de los siete asesinatos de líderes indígenas se dieron a razón de la erradicación de cultivos ilícitos y como represalia por acciones contra grupos armados ilegales. El principal objetivo de las amenazas contra líderes indígenas y campesinos es poner fin a sus labores que dificultan el accionar de dichos actores armados.
Esto último es alarmante ya que en las CTEP hay presencia de 380 resguardos indígenas (el 45 % del total del país), en 102 de los 167 municipios que las conforman, así, se está afectando a una de las principales figuras de representación de dichos territorios. Más aún, si tenemos en cuenta que las agresiones en contra de los líderes indígenas afectan la vida de las comunidades en diversos ámbitos, puesto que además de tener un liderazgo social, en muchos casos constituyen autoridades espirituales, consideradas fuente de conocimiento ancestral y figuras esenciales para el desarrollo cultural y espiritual de sus pueblos.
Gráfica 2
Líderes sociales víctimas de violencia en CTEP por tipo de liderazgo ejercido, primer semestre de 2021
Fuente: Observatorio Político Electoral de la Democracia, MOE.
Por lo anterior, es fundamental que el gobierno considere dicha afectación de la violencia a los derechos políticos de los líderes y poblaciones de estas regiones, de manera que ofrezcan las garantías necesarias para una participación plena de las comunidades y los sectores que allí se desarrollan. Más aún cuando a medida que se acercan las elecciones la violencia puede incrementarse de manera sustantiva.
En tanto el Gobierno nacional no otorgue la protección y seguridad necesaria a los líderes sociales de las CTEP, no habrá una representación real de sus habitantes. Si bien el fallo de la Corte Constitucional representa un paso importante para lograrlo, el Estado debe reconocer que la participación de las comunidades empieza porque estas puedan expresarse y desarrollarse de manera libre y segura en territorios donde, más allá de la fuerza pública, haya adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, acceso a justicia y políticas públicas de prevención y protección con enfoque diferencial.
Esperemos que las CTEP den paso a que las personas de las regiones más olvidadas puedan libremente expresar sus opiniones y sus necesidades en espacios donde se toman las decisiones, para que finalmente se logre superar la difícil realidad que enfrentan diariamente.
Nuevos liderazgos Juveniles y los consejos municipales de juventud
En este contexto, en el que los liderazgos han sufrido los embates del aumento de la violencia y donde el paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021 mostró cómo la crisis de representación del sistema político ha hecho mella en las instituciones, el liderazgo juvenil ha tomado especial relevancia.
Uno de los sectores sociales con más presencia y actividad sobre las actividades del paro nacional entre abril y junio de 2021, sin lugar a duda, fueron los jóvenes, y en esta oportunidad no sólo jóvenes universitarios vinculados al movimiento estudiantil, como ha sido costumbre en la movilización social. En esta oportunidad, jóvenes que han visto afectadas sus posibilidades de empleabilidad, el acceso a educación superior, las posibilidades de generación de ingreso y la continuación de su vida y vinculación al sistema económico son algunos de los nuevos liderazgos que han surgido en este contexto.
Como respuesta a la población joven que encabeza una parte de la movilización el gobierno nacional ofreció la vinculación de este sector a la institucionalidad a través de la convocatoria de la elección de los Consejos Municipales de Juventud. En tanto mecanismo de participación estos Consejos permiten concertación y vigilancia sobre la gestión pública, así como diálogo e interlocución entre jóvenes y autoridades administrativas de distinto orden territorial, además de permitir los aportes de los jóvenes para la formulación e implementación de las políticas públicas que les atañen, y más en el marco de una crisis que tanto ha afectado sus posibilidades económicas y de educación.
La activación de este proceso de elección puede significar la canalización de la movilización en vías institucionales, lo cual resulta bien visto en el esquema de lo que significa el sistema político. En este sentido, es importante que las autoridades del orden nacional como el Ministerio del Interior y la Registraduría Nacional del Estado Civil promuevan y garanticen la participación de los jóvenes en este proceso que tendrá lugar a finales de 2021, para que así, también sea una apuesta del Gobierno para suplir las afectaciones que por cuenta de la pandemia y la violencia del sistema democrático ha sufrido esta población.
En consonancia con lo que se ha propuesto desde las entidades del orden nacional es importante instar también a las entidades territoriales a continuar y prestar todas las garantías para la realización de este proceso electoral pues este escenario y su elección funcionará como espacio de canalización de las demandas juveniles y funcionará como escenario propicio de participación juvenil, en un país en el que de acuerdo con el Barómetro de las Américas, sólo el 40 % de los jóvenes ejerce su derecho al voto (Zechmeister y Lupu, 2019).
Conclusiones
La situación de violencia que continua al alza en Colombia afecta también procesos de participación democrática. Razón por la cual, el sistema político en nuestro país especialmente en aquellas regiones más afectadas por el conflicto no ha logrado una consolidación en sus esquemas de participación y representación, pues como se ha mostrado los ataques a distintos tipos de líderes y lideresas afectan estos procesos de demanda, control y participación en los territorios.
Debido a las cuarentenas obligatorias por el covid-19 algunos procesos democráticos como las Juntas de Acción Comunal (JAC) tuvieron que suspender los procesos electorales. Así, en el marco de la pandemia y la situación de crisis sanitaria no sólo los sistemas económicos y de salud se vieron afectados por los cierres y aperturas decretados por las autoridades administrativas, también los procesos democráticos de participación y representación corrieron una suerte similar.
Es necesario que el Gobierno nacional y de cara a su último año tenga en cuenta las garantías necesarias para la reactivación de la democracia y la participación política como derechos fundamentales, en un año pre-electoral, en el que las responsabilidades y los controles ejercidos a este proceso deben ser constantes y con la inclusión de múltiples actores, como autoridades civiles, militares, de policía, organizaciones políticas y sectores de la sociedad civil interesados en que la democracia colombiana no tenga más afectaciones en su seguridad y consolidación como las vistas hasta ahora.
Resulta imperativo que el Gobierno nacional, por medio del Ministerio del Interior, convoque las comisiones de seguimiento y garantías a los procesos electorales, pues es desde esta instancia donde se podrá ejercer control efectivo por parte de organizaciones políticas y de la sociedad civil a la realización de las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, como primer reto, las consultas de los partidos políticos, como antesala al 2022, y finalmente el proceso de elección de Congreso y presidente en marzo y mayo de 2022 respectivamente.
Referencias
Rubiano, D. (2018). Violencia política. En: Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones nacionales Colombia 2018 (pp. 186-214). Bogotá: Misión de Observación Electoral. https://moe.org.co/wp-content/uploads/2018/02/Mapas_y_Factores_de_Riesgo_Electoral_MOE_Elecciones_en_Colombia_2018.pdf
Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) (2019). Informe sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/DefensoresColombia.pdf
Zechmeister, E. y Lapu, N. (Eds.) (2019). El pulso de la democracia. Barómetro de las Américas 2018/19. Nashville, TN. LAPOP. https://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/ITB036es.pdf
* Subcoordinador del Observatorio Político-Electoral de la MOE
** Investigadora Junior del Observatorio Político-Electoral de la MOE.
