Caribe Afirmativo y Colombia Diversa
El gobierno de Iván Duque no ha situado el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) como una prioridad. En particular, la necesidad de la implementación del enfoque de género para personas LGBT desde la institucionalidad no ha sido un pilar de su agenda de gobierno. Además, su administración ha significado un retroceso e impedimento para la implementación de una política pública LGBT en el país; de la misma manera, el tercer año de su gobierno coincidió con el mayor aumento de la violencia contra las personas LGBT del que se tiene registro a la fecha.
Así las cosas, las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las personas LGBT en Colombia se han profundizado durante los últimos años. Las necesidades de protección y garantía de derechos con enfoque de género persisten. Específicamente, el enfoque de género busca dar respuestas integrales a los actos discriminatorios y de violencia contra las mujeres y las personas LGBT, mediante el desarrollo de programas que permitan la identificación de las necesidades, las problemáticas, las interpretaciones y los intereses particulares en relación con la respuesta estatal (Caribe Afirmativo, 2021). En este sentido, el gobierno de Duque ha omitido el desarrollo de estos programas, lo que ha afectado en manera desproporcionada a personas LGBT en mayores condiciones de vulnerabilidad, como son los migrantes venezolanos LGBT.
De esta manera, se han identificado tres situaciones de gran preocupación en materia de derechos de personas LGBT durante el gobierno de Iván Duque. En primer lugar, se ha documentado un aumento exacerbado de la violencia; en segundo lugar, se han evidenciado obstáculos para la implementación de la Política Pública Nacional LGBT; por último, se ha omitido el enfoque de género en las medidas adoptadas para personas migrantes venezolanas LGBT.
El tercer año del gobierno de Iván Duque ha significado un retroceso en materia de derechos de las personas LGBT en Colombia. A continuación, se describen las tres situaciones estructurales que han favorecido ese retroceso: i) el aumento de la violencia, ii) la falta de voluntad política para implementar la Política Pública Nacional LGBT, y iii) la falta de garantías de los derechos de las personas migrantes LGBT.
En los últimos años, se constataron dos tendencias en el comportamiento de la violencia contra personas LGBT: por un lado, el aumento constante de las denuncias por amenazas y violencia policial, y, por otro, que el número de asesinatos de personas LGBT se ha mantenido constante o ha presentado variaciones muy leves de un año a otro. Todo esto muestra un panorama preocupante. Aunque los homicidios no aumentan, los casos de personas LGBT no reflejan ninguna disminución en comparación con la tasa general de homicidios en Colombia, que ha venido en descenso de manera constante.
Esta situación, que ya era grave, empeoró en 2020, año que rompió todos los récords de violencia contra personas LGBT en Colombia. Este año, que corresponde al tercero de gobierno de Iván Duque, se registró el mayor número de homicidios, hechos de violencia policial y amenazas contra personas LGBT: 226 fueron asesinadas, 337 fueron amenazadas y 175 fueron víctimas de distintas formas de violencia policial (cuadro 1). Esto quiere decir que cada día de ese año, una persona LGBT fue amenazada, cada día y medio una fue asesinada, y cada dos días una fue agredida por agentes de la Policía Nacional.
Cuadro 1. Número de personas LGBT víctimas de violencia entre 2019 y 2020
| Tipo de violencia | 2019 | 2020 | Variación porcentual |
| Amenazas | 106 | 337 | +216,98 |
| Homicidios | 107 | 226 | +112,25 |
| Violencia policial | 109 | 175 | +60,55 |
| Total general | 322 | 738 | +129,19 |
Fuente: Colombia Diversa (2021).
Si bien esto puede deberse a mejores registros por parte de las instituciones; mayor capacidad de denunciar de las organizaciones, líderes y lideresas, o más visibilidad de la orientación sexual o identidad de género de las víctimas, este aumento no es consistente con el comportamiento del delito y la violencia en Colombia reportado por instituciones como la Policía (Colombia Diversa, 2021, p. 32). Por otro lado, la información proporcionada por las instituciones del Estado no permite encontrar una explicación satisfactoria de este incremento, por lo que es necesario investigar más a fondo esta problemática.
De hecho, 2020 no solo ha sido el año con el mayor número de casos reportados de violencia contra personas LGBT, sino que también ha sido el año para el cual las instituciones del Estado han proporcionado la menor cantidad de información sobre estos hechos. Esto hizo que para 2020 desmejorara notablemente la calidad de la información sobre el arma o método utilizado, el lugar del hecho, el presunto móvil de estos ataques o las características sociodemográficas de las víctimas (como su nivel de escolaridad o su ocupación) (Colombia Diversa, 2021, p. 21). Sin información detallada es muy difícil que las organizaciones de la sociedad civil realicen análisis más minuciosos. Esta situación no es compensada por las instituciones, ya que ellas tampoco están usando la información de que disponen con el fin de identificar posibles patrones y tomar medidas efectivas de prevención o protección. De esta manera, se configura un cumplimiento a medias de las obligaciones del Estado, ya que las instituciones producen información, pero no la usan para los fines que se necesitan (p. 33).
A partir de la información disponible se pudo constatar que, al igual que en años anteriores, la mayoría de las víctimas de estos tres tipos de violencia fueron mujeres trans y hombres gais. Pero, a diferencia de años anteriores, para 2020 se incrementó significativamente el número de las víctimas registradas como mujeres lesbianas (+156,67 %), hombres trans (+1085,71 %) y personas bisexuales, en especial hombres bisexuales (+1242,86 %) (Colombia Diversa, 2021, p. 9).
En 2020 también aumentaron los casos de personas LGBT que fueron asesinadas por agentes del Estado y que, por lo tanto, podrían considerarse como ejecuciones extrajudiciales: dos de las víctimas eran jóvenes gais que fueron ejecutados mientras se encontraban privados de la libertad; otra fue una mujer lesbiana que fue asesinada por agentes de la policía que dispararon indiscriminadamente contra un grupo de manifestantes en la noche del 9 de septiembre en Bogotá; y otra fue una mujer trans asesinada por un soldado del Ejército en Miranda (Colombia Diversa, 2021, p. 13). Adicionalmente, durante ese año también fueron atacadas 64 personas LGBT defensoras de derechos humanos: seis fueron asesinadas, cinco fueron víctimas de violencia policial y por lo menos 53 fueron amenazadas (p. 23).
En cuanto a la distribución territorial, la mayor parte de estos hechos se registraron en Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá, al igual que en años anteriores. En los dos primeros, la mayoría de las víctimas corresponden a homicidios y amenazas, mientras que, en el último, la violencia policial fue predominante. En cuanto a ciudades y municipios, el 43 % de las afectaciones a personas LGBT se concentraron en 14 ciudades: Bogotá, Medellín, Valledupar, Cali, Barranquilla, Montería, Santa Marta, Cartagena, Ibagué, Popayán, Buga, Maicao, Cúcuta y Tuluá (Colombia Diversa, 2021, pp. 16-18).
Por último, la información disponible también demuestra que la respuesta del Estado frente a esta violencia sigue siendo insuficiente. En varias instituciones todavía persisten brechas entre la información que poseen a nivel territorial y la que se reporta desde el nivel central. Además, la falta de articulación entre equipos de trabajo impide que los mecanismos de prevención y protección, como las alertas tempranas, incorporen toda la información disponible para mejorar el análisis y tomar medidas más adecuadas. Esto, sumado a la falta de enfoque diferencial en procedimientos para atender violencias que eviten revictimizar o poner en riesgo a la víctima, en especial en casos de defensores, invisibiliza situaciones o hace que sean consideradas como “menos graves” (Colombia Diversa, 2021, p. 33).
Previo al inicio del gobierno de Iván Duque, la Corte Constitucional había ordenado al Ministerio del Interior la creación de una política pública nacional LGBT en reconocimiento de sus derechos y las necesidades de especial atención requeridas por parte de la institucionalidad. Por ello, este Ministerio expidió el Decreto 762 de 2018, por medio del cual se adoptó la “Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas”. A través de ella se buscaba materializar los derechos que se han protegido a través de la Corte Constitucional en las últimas décadas, además de evidenciar la preocupante radiografía de discriminación y violencia histórica y estructural que sufren las personas LGBT en el país (La Disidencia, 2020).
Durante el gobierno de Duque ha existido una ausencia de voluntad para la implementación de la Política Pública LGBT que se ha demostrado con la contratación de personas que han expresado discursos de odio contrarios a los derechos humanos, específicamente, en la Secretaría Técnica del Ministerio del Interior. Al mismo tiempo, no han existido directrices para su implementación a nivel territorial y el Ministerio ha fallado en tres objetivos esenciales: 1) la participación de la ciudadanía en la construcción del plan de acción de esta política, como lo solicitaba el decreto; 2) la adecuación de las acciones inicialmente contempladas, por no ser concordantes y no contribuir plenamente a la garantía de derechos de personas LGBT; y 3) la desactivación de las mesas que contempla el decreto, donde se encuentra la Mesa Nacional de casos urgentes. Esta Mesa no ha sesionado de manera correcta desde 2019, por lo que no activa su fin mayor que es la acción preventiva de la violencia y coordinación de la respuesta del Estado (Defensoría del Pueblo, 2021).
En razón del incumplimiento en el componente de participación ciudadana en el plan de acción, la directora ejecutiva de la Fundación GAAT (Grupo de Atención y Apoyo a Personas Trans) interpuso una acción de tutela. Esta acción tuvo una respuesta favorable del Juzgado 08 Administrativo de Bogotá (Caribe Afirmativo, 2020), que estableció la vulneración de los derechos a la igualdad, la participación, la dignidad y a una vida libre de violencias para las personas LGBT en Colombia, como consecuencia de la falta de implementación de la Política Pública Nacional LGBT.
Aún con la orden impartida por el Juzgado 08 Administrativo de Bogotá, la implementación de la Política Pública LGBT sigue estando solo en el papel y si bien esta se mostraba como un logro de la lucha social, la falta de interés y de voluntad política del gobierno de Duque ha impedido su implementación en los distintos sectores y niveles territoriales, lo que ha imposibilitado la inclusión de las necesidades particulares de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Es importante señalar que las demandas de las personas LGBT sobre la construcción urgente del plan de acción de la Política Pública han tenido eco en las manifestaciones sociales que se han realizado desde el pasado 28 de abril de 2021. En este espacio, las personas LGBT han tenido un papel fundamental al exigir que se siga avanzando en la implementación de esta herramienta de planeación política. Sin embargo, desde el gobierno central no ha habido, como se ha mencionado de manera reiterada, voluntad política por priorizar las necesidades de las personas LGBT del país, ni por materializar, en acciones concretas, los lineamientos generales de este documento que, hasta el momento, siguen sin tener aplicación real en la vida de las personas.
El gobierno de Iván Duque ha ignorado las necesidades de protección y garantía de derechos de las personas venezolanas LGBT en Colombia. En general, hasta la rueda de prensa donde informaba sobre la regularización masiva de personas venezolanas (Revista Semana, 2021), las acciones para mitigar los impactos negativos de los flujos migratorios mixtos de estas personas hacia Colombia habían sido nulas. Un buen ejemplo de esto es el poco interés y voluntad política para desarrollar una política migratoria integral (PIM) a partir de acciones concretas para prevenir la xenofobia y promover la integración social entre personas venezolanas LGBTI y las comunidades de acogida. La PIM, así como el Estatuto Temporal para Venezolanos (ETPV), carecen del enfoque de género en su estructuración.
Ahora bien, cabe resaltar que el ETPV no incluye medidas específicas con enfoque de género para personas LGBT. Migración Colombia, entidad encargada de su implementación, adoptó una resolución que reconoce la identidad de género de las personas trans migrantes. Esto se dio gracias a organizaciones como Caribe Afirmativo, quienes incidieron ante los pocos mecanismos que Migración Colombia dispuso para el envío de comentarios. Estos fueron virtuales e impersonal, lo que impidió debatir sobre aspectos de fondo de la resolución final.
El reconocimiento de la identidad de género a personas venezolanas con experiencias de vida trans[1] es una acción afirmativa que permite que estas personas puedan tener sexo y nombre identitario en el documento final. No obstante, esta medida es insuficiente debido a que solo se enfoca en la regularización y deja de lado otros aspectos, como: discursos políticos xenófobos, violación de los derechos humanos, violencia policial, acceso a oportunidades laborales y educación.
Así las cosas, el gobierno de Duque ha dispuesto de esta iniciativa de regularización masiva como un fin en sí mismo, ignorando que la respuesta a los desafíos que plantea el fenómeno de la migración venezolana no se da simplemente con la expedición de un documento. Así, la iniciativa deja por fuera otras situaciones que se han acrecentado con este fenómeno, como: la trata de personas, la explotación sexual, el reclutamiento de personas venezolanas LGBTI para redes de microtráfico, niñez no acompañada que llega a Colombia, aumento de la incidencia del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Esto implica que, aunque se llegue a alcanzar la meta de regularización propuestas por Migración Colombia, no se lograría un verdadero proceso de integración social, ya que las medidas adoptadas por el gobierno carecen de una mirada holística y de acciones contundentes que aborden los problemas derivados de este proceso de una manera estructural.
Aunque hay iniciativas desde la sociedad civil para incorporar el enfoque de género en las políticas migratorias, no obstante, persisten numerosos obstáculos para la garantía de los derechos de las personas LGBT venezolanas en Colombia. Específicamente, no han existido medidas con enfoque de género para las solicitudes de asilo, la atención en salud, las ayudas humanitarias y la emisión del Permiso Especial de Permanencia (PEP) y el Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEP-FF), entre otros aspectos.
De esta manera, se mantienen y favorecen las barreras de protección de derechos humanos a personas LGBTI en situación de movilidad humana, la violencia estructural en las instituciones públicas para la garantía y el acceso a derechos fundamentales, así como la discriminación que permea a las personas de las comunidades de acogida que apelan y se justifican en los discursos xenófobos que son emitidos desde funcionarios del gobierno de Iván Duque.
El tercer año del gobierno de Iván Duque ha significado el desconocimiento y la invisibilización de la situación de personas LGBT en Colombia. Durante este gobierno no solo se han dejado de lado las medidas tendentes a proteger los derechos de las personas LGBT, sino que se han impuesto barreras al avance y el reconocimiento de estos. Se trata de un gobierno con una agenda que pretende impedir la implementación de un enfoque de género que incluya a las personas LGBT.
En este sentido, se ha identificado un aumento desproporcionado de la violencia contra personas LGBT, siendo la violencia policial una de las más documentadas. Esta violencia se presenta en un contexto de amplia complicidad social y política, y goza de impunidad estructural. Así, se evidencia cómo el gobierno de Duque y los discursos promovidos por sus funcionarios han legitimado estas violencias. Además, se identifica una reducción en la documentación adecuada de la violencia contra personas LGBT, lo cual favorece el subregistro. Finalmente, se trata de violencias que siguen en aumento, que no cuentan con investigaciones apropiadas y cuya atención no ha sido priorizada por el Gobierno.
Por otra parte, en este tercer año se mantiene el desinterés en la implementación de la Política Pública LGBT a nivel nacional. Aunque se han desarrollado acciones de litigio estratégico e incidencia para lograr su adecuada implementación, el gobierno sigue faltando a sus obligaciones y a las órdenes judiciales impuestas en la materia. Tres años no han sido suficientes para materializar una herramienta que sería muy valiosa para garantizar los derechos de las personas LGBT, mientras que en ese mismo periodo, la violencia aumenta y la situación de derechos humanos se agrava para este grupo poblacional.
Finalmente, el gobierno de Duque ha ignorado las problemáticas diferenciadas de personas migrantes venezolanas LGBT, lo que ha permitido efectos desproporcionados en el fenómeno migratorio y ha ignorado las situaciones de discriminación y violencia que sufren las personas migrantes. Sin un enfoque diferencial que materialice garantías y salvaguardas de derechos, las personas seguirán siendo víctimas de discriminación y violencia, como lo han sido hasta ahora.
Referencias
Caribe Afirmativo (2020, 10 de noviembre). Se presentó plan de acción de la política pública LGBT nacional: continúan las esperanzas en su implementación. Caribe Afirmativo. .
Caribe Afirmativo (2021, 25 de marzo). ¿Por qué es tan necesario el enfoque de género en el Estatuto de Protección temporal para migrantes venezolanos? Caribe Afirmativo.
Colombia Diversa (2021). Nada que celebrar. Informe de derechos humanos de personas lesbianas, gais, bisexuales y trans en Colombia 2020. Colombia Diversa. https://colombiadiversa.org/c-diversa/wp-content/uploads/2021/06/Nada-que-celebrar_Colombia-Diversa_-cifras-de-asesinatos-a-personas-LGBT.pdf
Defensoría del Pueblo (2021). Informe Derechos Humanos de personas OSIGD-LGBT 2020 y 2021
La Disidencia (2020). El gobierno de Iván Duque frenó la Política Pública LGBTI [Video]. YouTube
Revista Semana (2021). Duque reveló el Estatuto de Protección para Migrantes Venezolanos [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=701L1HS2WzE
Norma
Decreto 762 del 7 de mayo de 2018. Por el cual se adiciona el Título 4 de la Parte 4 del Libro 2 para adoptar la Política Pública para la garantía del ejercicio efectivo de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGBTI, y de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Ministerio del Interior.
[1] El documento final es el Permiso por Protección Temporal.
