La declaratoria del Estado de Emergencia hecha por el gobierno de Duque en marzo de 2020 prendió las alarmas en torno a los riesgos que implicaría para las libertades y derechos de la ciudadanía una transferencia, así fuera temporal, de un poder sin controles a la rama ejecutiva del poder público. Un análisis más detenido de la situación de la democracia en Colombia revela que ha ocurrido más que eso: también se ha dado una acción deliberada del Gobierno nacional de cooptar los órganos de control: la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Defensoría del Pueblo se convirtieron en órganos de oficio del gobierno y Duque tiene la potestad de definir por decreto dónde se juzga al Poder Ejecutivo.
Esos y otros despropósitos han llevado al país a que se diluya la separación de poderes, se pierdan los pesos y contrapesos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la democracia y a una concentración de poder por parte del Ejecutivo y de su partido de gobierno. Este artículo analizará estos elementos.
El complejo contexto ha empeorado con las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, en particular, del presidente y del ministro de Defensa, Diego Molano. Nos referimos a la militarización de las ciudades, a la reducción creciente de la capacidad de alcaldes y alcaldesas de tomar decisiones y manejar las crisis y a no reconocer las violaciones de derechos humanos, ni los excesos de autoridad de la fuerza pública, que han sido una constante en las coyunturas de protesta y movilización.
Democracia en Riesgo ha expedido diversas alertas que dan cuenta del uso político autoritario de la pandemia por parte del Ejecutivo nacional y que ha derivado en graves afectaciones democráticas. Algunas de estas alertas se presentarán en los siguientes párrafos.
Uso autoritario y abusivo de la figura de “estados de emergencia” T2
El presidente de la República se dotó de facultades extraordinarias con la declaratoria de emergencia económica y social. Tales facultades se usaron en forma abusiva al expedirse muchos decretos con fuerza de ley, buena parte de ellos no directamente relacionados con la pandemia. Además, Duque dispuso a su arbitrio de los recursos públicos y usó todos los días los medios de comunicación masiva mediante su programa “prevención y acción”, con lo que debilitó la deliberación democrática al desconocer el derecho de réplica consagrado en el estatuto de la oposición. (véase Flórez, 2020).
Congreso de la República en deuda T2
En el contexto de la pandemia del covid-19, el funcionamiento del Congreso de la República ha sido virtual. Esta circunstancia ha conducido a un pobre ejercicio de contrapeso frente a los comportamientos autoritarios del Poder Ejecutivo y a su acción tardía al respecto. El Congreso no ha cumplido tampoco su papel como estamento central de la deliberación política institucional en medio de una de las crisis más graves que ha vivido el país. Todo ello ha dejado graves consecuencias para la democracia colombiana.
Hay varias pruebas de ello. Por una parte, la fecha legalmente prevista para iniciar sesiones en la legislatura 2019-2020, se aplazó un mes; de otra, ni uno solo de los decretos con fuerza de ley expedidos por el presidente Iván Duque se modificó; además, se debilitaron las voces de la oposición mediante varias maniobras facilitadas por la virtualidad, no se discutieron en detalle y mediante una adecuada deliberación pública los informes entregados por el Ejecutivo en relación con las acciones adelantadas en el marco de los Estados de emergencia y se aprobaron muy pocas leyes relacionadas con los efectos económicos y sanitarios generados y agudizados por la pandemia (véase Foro Nacional por Colombia, s.f.).
Suspensión de facto de los procedimientos y espacios de participación ciudadana garantizados en el ordenamiento jurídico T2
La crisis de la pandemia se ha utilizado para suspender de facto buena parte de los espacios de participación ciudadana mediados por la ley (Democracia en Riesgo, s.f.a). Ninguna decisión gubernamental del orden nacional o de las entidades territoriales se orientó a garantizar el funcionamiento adecuado de dichas instancias en medio de las políticas de distanciamiento social y de los cuidados sanitarios. Con especial preocupación es importante reseñar que buena parte de los Planes de Desarrollo aprobados en las entidades territoriales para la vigencia 2021-2024 se construyeron y aprobaron con muy poca participación ciudadana.
Afectación a la protección de los datos personalesT2
Tanto el Gobierno nacional como varios gobiernos locales han adoptado disposiciones que incluyen el uso de tecnologías en las que la ciudadanía proporciona información sobre su identificación, localización y situación de salud, sin que haya claridad acerca del uso de datos personales, ni pedir consentimiento para hacerlo (Democracia en Riesgo, s.f.b). Dichas aplicaciones y el difuso marco normativo que las creó no cumplen con los estándares internacionales cuyo objetivo es proteger los derechos fundamentales a la intimidad personal y de habeas data.
Afectación al derecho fundamental a la protesta pacífica T2
La pandemia también se ha utilizado como excusa para afectar gravemente el derecho fundamental a la protesta pacífica (Democracia en Riesgo, 2021b). Por una parte, sin sustento científico, el Gobierno nacional ha construido un discurso estigmatizante en el que presenta las protestas al aire libre como generadoras de un aumento de contagios de covid-19 y de muertes por este virus.
Por otra, proliferan medidas claramente restrictivas de libertades civiles, entre ellas, toques de queda, cierres de municipios y militarización de ciudades, sin los controles legales y ciudadanos democráticos respectivos.
Afectación al derecho de acceso a la información T2
La pandemia ha servido al Poder Ejecutivo para aumentar la opacidad en relación con aspectos públicos de vital importancia (Democracia en Riego, 2021c). Un ejemplo de ellos es la expedición del Decreto legislativo 491 de 2020 con el que se amplían los tiempos para la entrega de respuestas a los derechos de petición.
Así mismo, la sistemática negativa de proporcionar la información relativa los contratos de adquisición de vacunas por parte del Estado colombiano a pesar de que existen diversas decisiones judiciales que conminan al Gobierno nacional a suministrarla.
Asfixia democrática y cooptación de los entes de control T1
Además de las graves alertas y afectaciones democráticas mencionadas, genera una especial preocupación el esfuerzo exitoso adelantado por el Poder Ejecutivo para cooptar instituciones centrales de los demás poderes públicos. Para hacerlo, ha aprovechado las debilidades existentes en el diseño institucional colombiano en lo relativo a los procedimientos y mecanismos para elegir a las personas que ocupan las principales dignidades públicas. Es el caso de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República (CGR), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de la Nación (FGN).
Dichas debilidades se agudizaron como producto del desajuste institucional ocasionado por el acto legislativo que permitió la reelección presidencial en Colombia. Esta medida se concibió en 2005 durante la primera presidencia de Álvaro Uribe en 2005 y no se corrigió del todo con la reforma conocida como de “equilibrio de poderes”. La situación se ha aprovechado por el gobierno de talante autoritario de Iván Duque para producir, fácilmente, el grave desequilibrio en el sistema de pesos y contrapesos y en la configuración democrática del país.
Fiscalía General de la Nación T2
La FGN tiene por mandato legal el ejercicio de la acción penal, especialmente en lo relacionado con las investigaciones y acusaciones formales por la posible ocurrencia de delitos que afecten los bienes jurídicos protegidos por el Estado. Esta función, ejercida en forma autoritaria y sesgada, se convierte en un grave peligro para la independencia judicial, el equilibrio de poderes, el acceso a la justicia y frente a los derechos de quienes ejercen la oposición política.
Es grave, sobre todo, que el presidente Duque haya promovido la elección del actual fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, pues, además de ser su amigo personal, se desempeñó en diversos cargos de su gobierno, entre ellos, fue jefe del equipo de empalme con el gobierno anterior y alto consejero para los derechos humanos. Estas condiciones, conducen, como ha ocurrido, a una actitud parcializada de la persona elegida en favor del gobierno.
La parcialidad de la labor del fiscal Barbosa se ha reflejado, por lo menos, en el comportamiento de la institución que encabeza en todos los procesos que involucran a integrantes de los partidos de la coalición de gobierno. En especial, el adelantado en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
En dicho proceso, la FGR, comenzó por desestimar sin mayor sustento legal el abundante material probatorio recopilado por la Corte Suprema de Justicia. Además, en una clara labor revanchista y de persecución a los integrantes de la oposición política, decidió compulsar copias contra el senador Iván Cepeda Castro, reconocido por la Corte Suprema de Justicia como víctima en este caso.
Defensoría del Pueblo T2
La Defensoría del Pueblo divulga y vela por la vigencia de los derechos humanos en el país a partir del desarrollo de una magistratura moral que debe reflejarse en sus pronunciamientos, informes, recomendaciones y en las diversas alertas que emite. Dicha labor implica su necesaria independencia de los demás poderes públicos, en especial, del Poder Ejecutivo.
Pese a lo anterior, el gobierno de Iván Duque hizo ingentes esfuerzos para que la Cámara de Representantes eligiera como defensor del pueblo a una persona sin ninguna experiencia relacionada con los derechos humanos: Carlos Camargo. Además, en su paso por el Consejo Nacional Electoral, Camargo tomó decisiones que beneficiaron a importantes integrantes del Centro Democrático, el partido de gobierno, hecho que podría constituirse en un claro conflicto de intereses.
La cercanía del actual defensor del pueblo con el presidente Duque ha redundado, como quizás nunca antes en la historia de la entidad, en un ejercicio incongruente con su mandato constitucional. También, bastante benevolente con las reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos impulsadas directa o indirectamente por el Gobierno nacional, sobre todo, durante el paro nacional de 2021.
Procuraduría General de la Nación
El gobierno de Iván Duque también logró cooptar a la PGN, institución central en la vigilancia de las actuaciones de las y los funcionarios públicos y garante también de los derechos humanos de la ciudadanía. Un paso fundamental en ello fue la elección como procuradora de Margarita Cabello. Ella renunció a su cargo como ministra de Justicia para ser elegida como cabeza de esta importante institución. Además de esto, que muestra cercanía de la actual procuradora con el Centro Democrático, buena parte de su carrera la ha impulsado la familia Char, un clan con mucho poder que se distingue sobre todo por el hecho de que algunos de sus integrantes afrontan actualmente importantes procesos disciplinarios.
De igual manera, la actual procuradora y las mayorías de gobierno en el Congreso de la república, violentando el procedimiento establecido por la Ley quinta de 1992 para expedir leyes (toda vez que dicha la reforma, descrita más adelante, debió tramitarse como de carácter estatutario y no como una de carácter ordinario, tal y como sucedió), impulsaron y aprobaron una reforma a la PGR con las siguientes características: además de desconocer el fallo “Petro Urrego vs Colombia” de la CIDH, le otorga a la PGR poderes para destituir a funcionarios públicos de elección popular y nuevas funciones de policía judicial como allanar, interceptar comunicaciones y desarrollar seguimientos sin el control de un juez de garantías. Sin duda, poderes abusivos y peligrosos contra la vida democrática.
En síntesis, el gobierno actual ha utilizado la pandemia como excusa para profundizar un proyecto de corte autoritario que erosiona y afecta gravemente la cultura política, las libertades civiles, los derechos fundamentales y el diseño establecido de pesos y contrapesos en la Constitución. Es claro que con él está en riesgo la democracia.
Referencias
Campaña por la Independencia de la Justicia (2021). La independencia judicial en riesgo por un gobierno autoritario. https://www.colectivodeabogados.org/wp-content/uploads/2021/07/Independencia-Judicial-versio%CC%81n-web.pdf
Democracia en Riesgo (2021a, 15 de junio). Alerta: funciones abusivas para la Procuraduría constituyen un riesgo para la democracia. https://democraciaenriesgo.com/wp-content/uploads/2021/06/20210615-Alerta-Proyecto-de-Ley-Procudari%CC%81a.pdf
Democracia en Riesgo (2021b, 22 de junio). El gobierno de Iván Duque continúa con la violación al derecho a la protesta. https://democraciaenriesgo.com/wp-content/uploads/2021/06/20210622-Alerta-Violacion-derecho-a-la-protesta-en-Colombia-V1.pdf
Democracia en Riego (2021c, 25 de agosto). El derecho de acceso a la información pública y el derecho a la intimidad siguen en peligro.
https://democraciaenriesgo.com/wp-content/uploads/2021/08/20210825-Alerta-Derechos-a-la-información-y-a-la-intimidad-en-tiempos-de-pandemia.pdf
Democracia en Riesgo (s.f.a). La emergencia por el covid no suspende el derecho a la participación ciudadana. Alerta sobre la vulneración de este derecho. https://democraciaenriesgo.com/wp-content/uploads/2021/04/20200915AlertasParticipacionCiudadana.pdf
Democracia en Riesgo (s.f.b). Riesgo 3. Afectación a la protección de los datos. https://democraciaenriesgo.com/index.php/riesgos-democraticos/#proteccion-datos
Flórez, D. (2020, 1º al 7 de agosto). Iván Duque y el autoritarismo vía decreto. Semanario Virtual Caja de Herramientas 693. https://viva.org.co/cajavirtual/svc0693/articulo01.html
Foro Nacional por Colombia-Democracia en Riesgo. (s.f.). El Congreso en deuda y la democracia en riesgo. https://foro.org.co/el-congreso-en-deuda-y-la-democracia-en-riesgo/
