Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU)
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico)
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes)
A menos de un año de concluir el gobierno de Iván Duque, varios elementos reflejan el avance en el propósito del partido de gobierno de hacer trizas el proceso de paz[1], que formuló unos meses después de la firma del Acuerdo entre el anterior gobierno y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP)[2]. Esos elementos son la crisis humanitaria, el empobrecimiento acelerado de las mayorías, la reactivación de la guerra y el recrudecimiento de la violencia en las regiones más afectadas por el conflicto armado.
El Centro Democrático se centró en frenar la continuación de la salida negociada del conflicto armado, incluida la que se había iniciado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN); impedir las reformas sociales, económicas y políticas que dieran sustento al camino hacia la paz y, al tiempo, en avanzar hacia un Estado corporativo en el que las instituciones funcionen a favor de las élites económicas del país y en garantizar la impunidad de los máximos responsables de la criminalidad estatal.
Todo lo anterior está cumpliéndose a cabalidad y la crisis humanitaria se observa en su más dramática expresión.
Entre tanto, el gobierno sigue simulando su compromiso con la garantía de los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de paz. La Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, expresó lo siguiente como conclusión de lo que fue la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en junio de 2021: “El Estado en Colombia no viola los derechos humanos” (Gutiérrez, 2021). Y el presidente Duque dijo en la instalación de las sesiones del Congreso el 20 de julio de 2021 que en Colombia la fuerza pública,
…está sujeta a los más altos estándares en materia de derechos humanos y, por eso, al tiempo que se [le] respalda, se fortalece, pero también se le exige (Canal Institucional TV, 2021).
Esta realidad idílica contrasta notablemente con los incumplimientos estatales al Acuerdo de paz, que han conducido a la crisis humanitaria que se vive en gran parte de las regiones. El Gobierno estaba obligado a garantizar la seguridad, la presencia institucional y a llevar a los territorios y comunidades los servicios sociales del Estado.
Esos incumplimientos y la persistencia en medidas de guerra han ocasionado situaciones como las siguientes:
En los siete primeros meses de 2021, se perpetraron 60 masacres, donde fueron asesinadas 221 personas. En 2020, hubo 91 masacres, con 381 víctimas (Indepaz, 2021). La arremetida viene desde 2016, cuando se firmó el Acuerdo de paz. El incremento de las masacres es sostenido en varias regiones del país (gráfica 1):
“Desde 2018, el número de masacres se ha incrementado constantemente, siendo 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, con el 62 por ciento de estos hechos” (Acnudh, 2021, párr. 9).
De las 76 masacres documentas por la oficina de la Acnudh, cuyos registros indican que se afectó la vida de 292 personas durante 2020, se señala como responsables perpetradores a bandas criminales en el 66 % de los casos (Acnudh, 2021, párr. 9).
En estas circunstancias, se está asesinando un líder social cada dos días hay, en promedio, una masacre cada tres días y se intensifican las amenazas y desplazamientos forzados. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha señalado que los primeros meses de 2021 han sido los más violentos desde el inicio del proceso de paz (Semana-Nación, 2021a). Según el director de la UIA,
Colombia se acerca al umbral de los años 1998 y 2002, cuando inició la etapa más cruel y degradada de la historia del conflicto armado, en los que sucedía en promedio una masacre cada dos días. (Caracol Radio, 2020)
Militarización, bombardeos y violaciones al derecho a la vida
Los asesinatos selectivos y el exterminio de las bases de los movimientos sociales también se han agudizado en varios territorios afectados por el conflicto armado. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, entre los meses de enero y mayo de 2021, hubo 4.986 homicidios, lo que representa un 27 % más de los presentados en igual periodo de 2020 (El Tiempo-Redacción Justicia, 2021b).
Las muertes a manos de agentes estatales han venido aumentando merced a la ferocidad con la que el gobierno ha decidido responder a la mayor parte de las protestas sociales. Durante 2020, cerca de 61 personas perdieron la vida en acciones de represión violenta a la protesta social y al menos 674 resultaron heridas (Campaña Defender la Libertad), incluidas 24 privadas de la libertad asesinadas bajo custodia en la Cárcel Modelo y 13 durante las protestas de septiembre de 2019 entre Bogotá y Soacha. Según la ONG Temblores, en 2020, fueron 86 las víctimas civiles de homicidios por parte de la Policía (El Espectador-Redacción Judicial, 2021).
El irrespeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) ha afectado el derecho la vida en los combates de las Fuerzas Militares contra el ELN y algunos grupos de las llamadas disidencias de las Farc. En uno de estos bombardeos, ocurrido el 2 de marzo de 2021, murieron 12 personas en Calamar (Guaviare), entre ellas, un número indeterminado de menores de edad y otras jóvenes que apenas superaban los 16 años, pero de quienes las autoridades conocían denuncias acerca de que podría tratarse de víctimas de reclutamiento forzado perpetrado días antes.
En declaraciones a los medios de comunicación, los mandos militares y el Ministro de Defensa justificaron el bombardeo sin importar las condiciones mencionada, que obligaban, según las normas humanitarias, a proteger a estas personas. Con la excusa de que la culpa fue del grupo que las reclutó, la respuesta fue matarlas a todas, sin verificar de quienes se trataba y con el pretexto de que eran “combatientes ilegales”, “símbolos del mal”, en palabras del general Jorge Hoyos, comandante de operaciones especiales de las Fuerzas Militares, o “máquinas de guerra”, según el Ministro de Defensa, Diego Molano (Semana-Nación, 2021b).
El mismo ministro justificó el hecho de que niñas, niños y adolescentes puedan ser bombardeados: argumentó que, una vez reclutados, dejan de ser víctimas y se convierten en criminales y que, por lo tanto, pasan a ser bombardeables y el Estado ya no tiene la obligación de restituirles sus derechos (BBC-Redacción, 2021). Molano señaló que este bombardeo de los niños y adolescentes se ampara en los principios de necesidad y ventaja militar y que, por lo tanto, se realizó “desde una acción militar legítima en el marco del (…) DIH” (Carranza, 2021), ya que, iba dirigido contra tropas de Gentil Duarte, quien,
Por los planes que (…) tiene y las afectaciones que puede generar en la sociedad colombiana, pretende conformar un Grupo Armado Organizado con 8.000 hombres y extender sus operaciones por todo el sur del país (Durán y Escobar, 2021).
La lógica es, entonces, bombardear a las personas menores de edad antes de que sean peligrosas cuando lleguen a ser adultas y bombardear los grupos que los reclutan porque, en el futuro, pueden también representar un peligro.
Además de falsear la realidad fabricando a un enemigo al que se construye a conveniencia dotándolo de una peligrosidad exagerada o imaginaria, se miente abiertamente: las informaciones públicas reportaron que el blanco de los ataques, Gentil Darte, no estaba en el grupo bombardeado; el jefe guerrillero Gildardo Cucho tampoco estaba en el grupo de niñas y niños bombardeado meses antes en el Caquetá; con su supuesta presencia se justificó el bombardeo en el que murieron ocho personas menores de edad reclutadas a la fuerza, incluida una niña de 12 años (Navarro, 2021).
Estas acciones privilegian el uso de “la máxima potencia letal disponible” como primera opción en situaciones de reclutamientos masivos y documentados de civiles, sin que se conozca quienes son las personas que van matarse. Están alineadas con las directivas expedidas durante este gobierno por el general Nicacio Martínez mientras estuvo al frente del Comando General del Ejército. Según Martínez, puede hacerse blanco legítimo a los civiles objeto de operaciones militares aun cuando solo existan niveles reducidos de certeza de que se trata de combatientes activos o de personas con participación activa en hostilidades.
Aun cuando el gobierno anunció la derogatoria de dicha directiva, se mantiene como primera opción la práctica de bombardear. En esta práctica, hay pocos esfuerzos de inteligencia por establecer la conformación del objetivo, la edad y la condición de víctima de los blancos a bombardear y ninguno por emplear otros medios menos letales, compatibles con el deber de proteger a las víctimas, sobre todo, a menores de edad. De esa manera, persiste una total despreocupación por establecer la certeza plena de quienes serán los blancos de las operaciones militares, sobre todo, en aquellas que, como en los bombardeos, tienen impactos indiscriminados y no suelen dejar personas sobrevivientes.
Muchas otras comunidades siguen denunciando la persistencia de bombardeos que afectan la vida, la integridad y los bienes básicos de la población en zonas rurales. Varias de estas afectaciones se han advertido en Catatumbo (Asociación Minga, 2021), Sur de Córdoba (La Razón, 2021) y Bojayá (Contagio Radio, 2020). Dado que se ha documentado ampliamente y alertado sobre la práctica masiva de reclutar forzosamente niñas, niños, jóvenes y adolescentes, en especial por parte de los grupos denominados GAO Residuales (rearmados o disidentes de las antiguas Farc), sostener una política de combate contra ellos que prioriza los bombardeos resulta abiertamente criminal y violatoria de las normas básicas del DIH, que disponen la obligación de las partes de proteger a las víctimas de las hostilidades.
Favorecimiento de la expansión paramilitar
Todo ese escenario, se ha aprovechado para la expansión y crecimiento de grupos paramilitares, sobre todo, hacia las zonas rurales que otrora fueron controladas por las Farc-EP. Se han favorecido los grupos paramilitares tradicionales, de manera creciente las
Llama la atención que todos estos territorios están altamente militarizados, pero, también, que en ellos es donde más han aumentado las muertes de líderes sociales, las masacres y la producción y tráfico de narcóticos. A la vez, justamente en ellas se ubican las denominadas Zonas Futuro.
En este punto es necesario recordar que el Gobierno nacional se ha negado a crear la política pública para el desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo, en contravía al Acuerdo de paz. Por ello, los y las delegadas de las organizaciones de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad presentaron una propuesta de lineamientos para el Plan de Desmantelamiento de las Estructuras Paramilitares. Además de desatender esta propuesta también, Duque está intentando presentar como política de desmantelamiento, sus propias políticas de seguridad y defensa. Es decir, desconocer por completo el mandato del Acuerdo de Paz. El interés del Gobierno actual es favorecer la expansión del paramilitarismo, no contenerlo ni desmantelarlo.
Amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos
Se suman a este panorama, las 795 amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos reportadas por la Acnudh (2021, párr. 24) que afectaron en un 67 % de casos a hombres, en un 26 % a mujeres y en un 2 % a población LGBTI. Estas amenazas se originaron en el 44 % en áreas rurales; el 14 % en Bogotá y el 42 % en otras zonas urbanas.
Según el Programa Somos Defensores (2021), durante 2020 se registró un total de 969 agresiones individuales contra personas que ejercen varios tipos de liderazgo en las regiones. En estos hechos violentos, hubo 199 asesinatos. Eso significa un incremento de 60,4 %, en relación con lo ocurrido en 2019. Es la cifra más alta documentada en 11 años.
Asesinato de excombatientes
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia (UNMVC)[3] constató el asesinato de 73 antiguos integrantes de las Farc-EP en 2020 (incluidas 2 mujeres, 3 indígenas y 2 afrocolombianos), principalmente por bandas criminales y grupos autodenominados disidencias, articuladas al paramilitarismo (Indepaz, 2021a).
En los siete primeros meses de 2021, fueron asesinados otros 31 excombatientes. Con estas personas, la cifra total es macabra: 280 personas reincorporadas asesinadas desde la firma del Acuerdo de paz (noviembre de 2016). Otras 20 fueron víctimas de desaparición forzada desde esa misma fecha hasta finales de 2020 (Indepaz, 2021).
A mediados de agosto de 2021, Indepaz dio cuenta de que otros 34 excombatientes firmantes del Acuerdo han sido asesinados en lo corrido del año, ajustando la terrible cifra 284 asesinatos de personas reincorporadas de Farc a la vida civil (Indepaz, 2021c).
Incremento de víctimas de minas antipersonales y de artefactos explosivos.
El recrudecimiento de las acciones bélicas en 2020 llevó a que durante este año aumentara en un 46,5 % el número de víctimas de minas antipersonal, según informes del Alto Comisionado para la Paz. Mientras en 2017, primer año del proceso de paz, se registraron 57 víctimas, en 2020 hubo 167 víctimas, un incremento en el número de víctimas. En el 61 % de los casos, se trató de civiles (El Tiempo-Justicia, 2021a). En los seis primeros meses de 2021 según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), fue alarmante «la situación por la presencia de artefactos explosivos en Colombia»: se registraron 263 víctimas de artefactos explosivos en Colombia (CICR, 2021).
Incremento de la violencia sexual y de los feminicidios
Según el Observatorio Feminicidios Colombia, de la Red Feminista Antimilitarista, entre enero y noviembre de 2020 se reportaron 569 casos de feminicidio (Telesur, 2020). La violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales y trans tampoco se detuvo, a pesar de cuarentena obligatoria. En 2020, la organización Colombia Diversa documentó 75 casos de homicidios, 14 amenazas y 20 casos de violencia policial contra esta población, cifras no definitivas y que pueden aumentar (Semana-Justicia Rural, 2021).
Reinstalación de la guerra y afectaciones a integrantes de la fuerza pública.
En 2017, Colombia tuvo la tasa de homicidios más baja en varias décadas. Fue un importante logro del Acuerdo de paz firmado a finales de 2016. En ese año, además, se redujeron las muertes por el conflicto en un 97 %, el desplazamiento en un 79 % a y las víctimas de minas en un 99 % (Canal Capital, 2019).
El año con menos bajas y heridos entre las Fuerzas Militares fue 2016 y las elecciones de 2018 fueron las más pacíficas de varias decenas de años. Los logros de la paz habían beneficiado también a los militares: en enero de 2017, el presidente Santos, cuyo gobierno acababa de firmar el Acuerdo, celebraba la salida del último herido de guerra del Hospital Militar (Elpaís.com.co/AFP, 2017).
Con las políticas de guerra del actual gobierno se han ido perdiendo estos logros. En una sola acción militar, el 15 de junio de 2021 resultaron heridos con un carro-bomba 36 soldados, tres de ellos, de gravedad; fue un atentado a la Brigada Militar Número 20, en Norte de Santander (Infodefensa, 2021), que ha generado múltiples sospechas sobre su autoría y sus propósitos (Infobae, 2021).
Niñas, niños y adolescentes: entre la indiferencia del Estado y crueldad de los actores amados.
Las políticas guerreristas del actual gobierno evidencian mmanifiestas dificultades para implementar acciones efectivas cuando se trata de proteger y garantizar derechos para las niñas, niños y adolescentes (NNA). Esto sucede, principalmente, en las comunidades campesina, indígena y afrocolombiana, de los municipios más apartados en el territorio nacional.
En zonas de frontera, estas personas menores de edad han vivido vulneraciones como la trata, la explotación sexual y laboral, los embarazos adolescentes y el microtráfico. Esto ocurre, por una parte, tras el accionar de grupos armados como las disidencias de las exFarc-EP y del ELN y el Ejército Popular de Liberación para tener el control territorial y de zonas urbanas; por otra parte, luego de las acciones de los grupos que quedaron después de la desmovilización paramilitar, entre ellos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que buscan, también, tener bajo su mando las cabeceras municipales.
El Observatorio Niñez y Conflicto Armado (ONCA), de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), registró 197 eventos de acciones de conflicto armado que afectaron directamente a, por lo menos, 12.481 NNA en 2020. En el primer trimestre de 2021, identificó 61 eventos que generaron afectaciones directas, por lo menos a 8.965 NNA. En relación con el delito de reclutamiento y vinculación, se registraron en 2020, 79 eventos que afectaron a unas 222 niñas y niños; en comparación con 2019, hubo un aumento de los casos, tendencia que se mantiene en 2021: entre enero y abril, se registraron 23 eventos que han afectado a por lo menos 76 NNA, víctimas de los actores armados.
Desplazamiento forzado y crisis humanitaria
A dos meses del cierre del tercer año de gobierno de Iván Duque, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) reportó 113 eventos de desplazamiento masivo y múltiple, que han afectado a más de 50.783 personas. Esta cifra no incluye los desplazamientos individuales, que han representado, históricamente, más del 80 % de los casos.
Según lo anterior, se mantiene la tendencia advertida por la Unidad de Investigación y Acusación (uia) de la Jurisdicción Especial para la Paz (jep), según la cual, el inicio de 2021 fue el más violento de los inicios de año del período posterior a la firma del Acuerdo de paz (jep, 2021a).
Los datos mostrados evidencian, en primer lugar, el recrudecimiento de la crisis humanitaria_ el número de víctimas de desplazamiento se incrementó en 41 %[4] con respecto al segundo año de gobierno de Iván Duque. Las principales causas de los desplazamientos son los enfrentamientos o combates entre actores armados que se disputan el control de los territorios (53,1 %), las amenazas e intimidaciones contra la población (34,5 %) y los homicidios (7,1 %).
Fuente: Sisdhes – Codhes (2021).
En segundo lugar, muestran la profundización de un patrón de afectación recurrente sobre territorios rurales, con especial impacto sobre el corredor Pacífico y las zonas de frontera. Estos lugares se caracterizan por la gran diversidad étnica, la pobreza estructural (dane, 2021) y el abandono estatal, pese a que, paradójicamente, cuentan con múltiples riquezas naturales y culturales (Codhes, 2020).
Lo anterior permite comprender por qué el 68 % de los eventos de desplazamiento recayeron sobre comunidades étnicamente diferenciadas, sobre todo, afrodescendientes (42,88 %) e indígenas (24,97 %). Esto devela un impacto desproporcionado y la reproducción del racismo estructural que amenazan la pervivencia física y cultural de los pueblos étnicos (Codhes, 2018).
En tercer lugar, en el período posterior a la firma del Acuerdo de paz se advierte una reconfiguración en curso de los conflictos bélicos y de las dinámicas de violencia estructural en los territorios. Es importante destacar las siguientes tendencias:
La proliferación de grupos armados que coaccionan a las comunidades y a su liderazgo social.
La expansión de las disidencias provenientes de las entonces Farc-EP. Su accionar atenta contra las comunidades al imponerles el control de corredores estratégicos para dominar las rentas derivadas de economías subterráneas, como las drogas ilícitas, la minería ilegal y el contrabando.
La ineficacia del Estado para cumplir con el mandato de protección de las poblaciones y con el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo.
La precaria implementación del Acuerdo de paz en aspectos como el acceso a tierras, la reforma rural integral y la política de solución al problema de las drogas ilícitas con planes de desarrollo alternativo; en consonancia, el retorno a políticas de militarización y de fumigación aérea que han demostrado su fracaso y aumentan los riesgos a las poblaciones.
La ausencia de voluntad política del Gobierno nacional para buscar una salida negociada al conflicto armado con el ELN, que prolonga la crisis humanitaria en las regiones donde este grupo tiene presencia activa. Lo anterior, pese al llamado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del papa Francisco sobre la necesidad de buscar fórmulas de cese del fuego para hacer menos letales los efectos de la pandemia de la covid-19 en los territorios.
La suma de estos elementos permite deducir que la principal herencia del gobierno Duque será la crisis humanitaria más cruda de las últimas dos décadas, sin que medien vientos favorables para las comunidades. Mientras tanto, el mandatario se pregunta de qué le está hablando la sociedad.
Conclusión
El grupo político hoy en el poder ha demostrado que solamente mediante la fuerza y en un ambiente permanente de guerra puede hacer que prevalezca su voluntad política.
Sectores de la comunidad internacional han expresado su inquietud por esta deriva autoritaria, que afecta los derechos de la ciudadanía en Colombia, sobre todo, en un país en el que hay una resistencia creciente al autoritarismo y exigencias de cumplimiento en la construcción de la paz.
Las políticas de Duque al comenzar su cuarto año de gobierno harán que se le recuerde,
… como el mandatario que nos empujó a un tercer ciclo de violencia, rodeado de un personal directivo caracterizado por una enorme indiferencia frente a la vida humana. (Gutiérrez, 2020)
Referencias
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Acuerdo de paz). (2016, 24 de noviembre). Firmado entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, Farc-EP. https://www.jep.gov.co/Documents/Acuerdo%20Final/Acuerdo%20Final.pdf
Ávila, A. (2021, 31 marzo). Se descuadernó el país con la ausencia de las Fuerzas Militares. El Espectador. https://www.elespectador.com/opinion/se-descuaderno-el-pais-con-la-ausencia-de-las-fuerzas-militares/
BBC-Redacción (2021, 11 marzo). «Máquinas de guerra»: la polémica en Colombia por la justificación del gobierno de un bombardeo a la guerrilla en el que murió al menos una menor. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56261428
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico). Boletín de monitoreo. 24: Niñez y conflicto armado en Colombia. Recuperado el 29 de junio de 2021 en https://coalico.org/wp-content/uploads/2021/03/Boletin-ONCA-No.-24.pdf
Canal Institucional TV (2021, 20 julio). Los temas más importantes del discurso del presidente Duque en el Congreso. https://www.canalinstitucional.tv/discurso-presidente-ivan-duque-instalacion-congreso
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) (2021, 12 de agosto). La afectación por artefactos explosivos en Colombia continúa siendo una realidad para miles de personas que viven en zonas de conflicto armado. https://www.icrc.org/es/document/colombia-aumento-de-victimas-de-artefactos-explosivos-durante-primer-semestre-de-2021
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) (2020). Crisis humanitaria: entre las trizas, las disidencias y las guerras pendientes. Informe nacional de desplazamiento forzado (agosto de 2018 – agosto de 2019). Documento interno no publicado.
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) (2021b, 22 julio). Informe de masacres en Colombia durante el 2020 y 2021. http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/
Infobae (2021, 16 de junio). Rodrigo Lara califica de “rara” la explosión de carro bomba en Cúcuta y enciende las redes ante un posible “autoatentado”. https://www.infobae.com/america/colombia/2021/06/16/rodrigo-lara-califica-de-rara-la-explosion-de-carro-bomba-en-cucuta-y-enciende-las-redes-ante-un-posible-autoatentado/
Misión de Verificación de la ONU en Colombia (UNMVC) y Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas (DPPA) (s.f.). De las palabras a las acciones. La experiencia de las misiones políticas especiales de las Naciones Unidas en Colombia en materia de mujeres, paz y seguridad. 2016-2020. https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/wsp_estudio_de_las_palabras_a_la_accion_0.pdf
[1] “El primer desafío del Centro Democrático será el de volver trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las Farc” (palabras de Fernando Londoño, militante del partido de gobierno, pronunciadas el 7 de mayo de 2017).
[2] Sus firmantes fueron el Estado colombiano, en cabeza, en ese momento, de Juan Manuel Santos, y la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP). La fecha de este acontecimiento fue el 24 de noviembre de 2016. El nombre completo de lo firmado es Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Acuerdo de paz, 2016).
[3] UNMVC es la sigla United Nations Verification Mission in Colombia. Se refiere a una de las dos Misiones Políticas Especiales establecida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para apoyar el proceso de paz en Colombia. Se creó el 10 de julio de 2017 y su “mandato es «verificar la implementación por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP de los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo Final, de conformidad con lo dispuesto en el punto 6.3.3 del Acuerdo Final, en particular la reincorporación política, económica y social de las FARC-EP y la implementación de garantías de seguridad personal y colectiva y de programas integrales de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios (…) (UNMVC y DPPA, s.f.).
[4] Este dato supera el del último año del gobierno de Santos, si se tiene en cuenta que 36 de los 132 eventos reportados por el Sisdhes se produjeron a raíz de los enfrentamientos entre el Frente de Guerra Nororiental del ELN y EPL, en el Catatumbo. Las confrontaciones se dieron por el control de los territorios que dejó, luego de la firma del Acuerdo de paz, el entonces Frente 33 de las Farc-ep. En estas situaciones, se afectaron 12.384 personas, el 25 % de las víctimas del período.
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