Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo*
Artículo elaborado sobre la base de una entrevista
a José Arturo García, consejero de Salud
del Resguardo Alto Albi del pueblo Awá, Llorente, Tumaco, Nariño[1].
El pueblo Awá que vive en la parte colombiana se compone de 44.516 personas (DANE, s.f., Archivo Población Indígena. Presentación de resultados, diapositiva 19. Archivo PDF). Es decir, es una de las comunidades indígenas más numerosas del país, sin contar con su presencia binacional. Habita en los departamentos de Nariño[2] y Putumayo[3]. En Ecuador, en las provincias de Carchi[4], Esmeraldas[5] e Imbabura[6]. El pueblo Awá es guardián de 516.513 hectáreas: 386.829 están en Colombia y 129.684, en Ecuador.
Dos megaproyectos, uno legal y el otro ilegal, se han convertido para esta comunidad en verdaderas tragedias. El primero es de petróleo y comenzó con la construcción inconsulta del Oleoducto Trasandino. Por su cuenta, vio agonizar a su río Inda, ante el desastre ecológico causado por cuatro derrames entre 2009 y 2015. Dos de ellos, por fallas en la infraestructura del oleoducto y los otros dos, por atentados de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-EP).
Esos derrames han causado daños permanentes, por una parte, en los ecosistemas del río y por otro, en la salud, la economía, la cultura y los modos de vida del pueblo Awá. Desde 2010, se adelantan acciones jurídicas para que el Estado colombiano asuma su responsabilidad y repare el daño generado en el territorio. La más reciente fue una acción de grupo presentada en abril de 2018 por los resguardos gobernadores, con el acompañamiento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo para que se desmonte el tramo del oleoducto que atraviesa su territorio y se adelanten los trabajos necesarios de recuperación ecológica. La decisión está aún a la espera de fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Las otras tragedias del pueblo Awá, relacionadas entre sí, han sido el narcotráfico y la presencia de actores armados legales e ilegales que se disputan el control territorial en las zonas donde habitan. Y aunque la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en adelante, Acuerdo de paz) significó la salida de las Farc-EP, persisten la amenaza y la violencia contra el pueblo. En el último año, esa persistencia cobró la vida de 41 indígenas Awá (Prensa Cajar, 2021), además de secuestros, intimidaciones, toques de queda impuestos por actores ilegales y desplazamientos forzados que siguen padeciendo las comunidades.
Esto último obedece a la permanencia de grupos paramilitares como las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), de bandas asociadas al narcotráfico como Los Contadores y de otras estructuras ilegales: el Frente Óliver Sinisterra de las llamadas disidencias de las Farc-EP y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El estado de zozobra se extiende en medio de la fuerte militarización de Nariño, donde hacen presencia las Fuerzas de Tarea Hércules y Poseidón y la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra-2), del Ejército.
Se trata de una violencia histórica derivada del conflicto armado, contra un pueblo conformado por 33 resguardos indígenas y más de 130 comunidades en Colombia. Tal situación llevó a la Corte Constitucional a decretar medidas cautelares mediante los Autos 004 de 2009 y 174 de 2011, para proteger sus derechos fundamentales.
Dialogamos con José Arturo García, consejero de Salud del Resguardo Alto Albi del pueblo Awá, ubicado en zona rural del corregimiento de Llorente, Tumaco. Nos cuenta que su resguardo está conformado por más de 400 personas y que, al igual que todo su pueblo, de tradición nómada, vivió de la caza y la pesca; dice que desde los años ochenta empezaron a alternar con la agricultura familiar y luego, con el cultivo marginal de hoja de coca.
El uso de la hoja de coca, señala, no hace parte de las actividades tradicionales del pueblo Awá y ha sido por incidencia de la pobreza, la pérdida de sus fuentes de vida como la pesca y la caza, y la llegada de personas provenientes de otras regiones, que este cultivo comenzó a hacer parte de su economía, ya sea a través del trabajo de indígenas en cultivos a cambio de un jornal o de pequeños cultivos propios que no superan una hectárea y que se convierten en el medio de subsistencia ante la ausencia estatal.
Aun así, el pueblo Awá ha vivido todos los estragos de la fallida guerra contra las drogas desde el año 2005, cuando recuerda los primeros episodios de aspersiones con glifosato:
La gente que llega de otra parte es la que motiva a forzar la ocupación de las tierras para la siembra y de ahí han llegado muchos problemas de orden público y también el proceso de la fumigación que lo vivimos años atrás, donde muchísimas hectáreas de bosques que no estaban cultivados y eran bosques primarios, que la avioneta lo fumigó sin haber cultivos, y eso a nosotros nos duele, que el ecosistema, la parte de bosques, sin tener problemas de coca, hayan hecho la fumigación. (Entrevista a José Arturo García)
Esas aspersiones, hechas entre 2005 y 2009, afectaron todas las formas de vida de su territorio:
Los animales, toda la cantidad de hojas con químico cayó a las quebradas y el agua se nos dañó. La gente no podía consumir agua, y esto hace que la gente, la familia, la comunidad, le moleste que sin tener un problema de coca, el gobierno con la avioneta fumiga en bosques donde no hay cultivos. (Entrevista a José Arturo García)
Además del desastre ambiental, esta política no tuvo ningún efecto en la disminución de los cultivos de uso ilícito que, por el contrario, siguieron aumentando en la siguiente década con algunas diferencias entre los departamentos de Putumayo y Nariño.
Para 1999, en Putumayo, estos cultivos estaban extendidos en 58.297 hectáreas y en 2009 pasaron a 5.317, una disminución sustancial pero transitoria, para volver a incrementarse hasta 24.972 hectáreas en 2019.[7] En Nariño, por otra parte, estos cultivos pasaron de 3.956 hectáreas en 1999 a 36.964, 20 años después. Hoy en día, el municipio que tiene más cultivos ilícitos en el país es Tumaco, donde hay 11.830 hectáreas, muchas de las cuales están ubicadas en resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes.
El fracaso de esta política ha sido generalizado. De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, 2020), la estrategia utilizada por Estados Unidos en Colombia entre 1994 y 2015, que impulsó campañas masivas de aspersiones aéreas, resultó fallida pues “durante ese periodo de tiempo era necesario [asperjar] entre 13 y 32 hectáreas para reducir el cultivo de coca por una hectárea y la evidencia acumulada tras años del programa muestra que ese escaso progreso no fue permanente” (Mejía, 2016).
En cambio, sí dejó serios estragos en la salud de la comunidad con enfermedades como dermatitis, diarreas y desnutrición, esta última que el consejero asocia directamente a los cultivos de coca y también a la fumigación. “Por eso nosotros solicitamos al gobierno y a toda la sociedad, que no a la fumigación con glifosato porque mata la naturaleza, a los seres vivos, al ser humano y deja muchísimas enfermedades cancerígenas que no encontramos la fórmula para su tratamiento”.
Las afirmaciones del consejero están respaldadas por evidencia científica. En 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social alertó sobre,
…la inclusión del glifosato en el Grupo 2A de Clasificación de Carcinogenicidad, lo cual significa que es “probablemente carcinogénico para humanos”, según la Agencia Internacional para la Investigación de Cáncer, IARC, y hace una advertencia acerca de los posibles efectos adversos a la salud humana, indica que la exposición a glifosato puede estar relacionada con la probable generación de linfoma No-Hodgkin, un tipo de cáncer. (Cajar, 2021, p. 20)
Debido a lo anterior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) suspendió las actividades de aspersión aérea con glifosato en 2015, decisión ratificada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-236 de 2017 (ANLA, 2015).
Por estas razones, organizaciones campesinas, pueblos indígenas, académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos han emprendido una verdadera batalla jurídica desde que el actual gobierno manifestó sus intenciones de retomar las aspersiones aéreas con glifosato. Un procedimiento que necesita previamente la modificación del plan de manejo ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato (Pecig), y que actualmente está frenado por un fallo de tutela que dejó en firme la necesidad de hacer consulta previa con pueblos indígenas en las regiones donde se retomarán las aspersiones aéreas.
La Corte Constitucional prioriza la sustitución voluntaria en su Sentencia T-236 de 2017 y en el Auto 387 de 2019, en donde precisó que para reanudar la aspersión aérea con glifosato se deberá tener en cuenta la política pública que se deriva del punto cuarto del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, Acto Legislativo 02 de 2017, y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), Decreto Ley 896 de 2017. Es decir que hay que agotar primero este programa antes de acudir a los métodos forzados y violentos.
Sobre la base de esa reglamentación, el Resguardo Inda Sabaleta del Pueblo Awá ganó una tutela por su derecho a la consulta previa, a la autonomía de la comunidad indígena y a la propiedad colectiva (Cajar, 2020), luego de que en incursiones continuas e inconsultas por parte de la fuerza pública resultara muerto el comunero Ángel Artemio Nastacuas a consecuencia de un disparo de la Policía Nacional (El Espectador, 2020).
Para el consejero, la solución estructural a la violencia que vive el pueblo por cuenta de la presencia de actores armados en disputa por los cultivos de uso ilícito está en una respuesta desde el gobierno que trascienda la visión militar o de orden público:
En el territorio no hay vías, no hay sistema de comunicación, no hay una respuesta al tema de vivienda, al tema de saneamiento básico, a la infraestructura de puentes, infraestructuras de salud y otras que la comunidad lo ha sentido como necesidades. Y obviamente el respeto por los derechos humanos, para que se minimice los riesgos de amenazas, despojo del territorio y el respeto al territorio y al tema ambiental. (Entrevista a José Arturo García)
Asimismo, recuerda los daños ambientales ocasionados por el Oleoducto Trasandino:
“Ecopetrol no ha encontrado un plan de respuesta que le pueda resolver al tema ambiental. Siempre hay derramamiento de crudo […] los que sufren son los animales, la misma disposición de agua para la familia, ahora tiene que recorrer más distancias, ya no podemos consumir el agua del río que está contaminada. (Entrevista a José Arturo García)
Ante la difícil situación que enfrenta el pueblo Awá en su lucha por la pervivencia, el consejero Luis José no duda en ver su territorio como el escenario de la solución:
Invitamos a toda la sociedad colombiana, joven, a las instituciones, a los organismos de derechos humanos, a la institucionalidad, a ver el Pacífico nariñense, que tiene una potencial de recursos naturales y una diversidad de materias primas para explotar y aprovechar, no solamente con multinacionales sino por los mismos talentos colombianos.CITA
Referencias
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. (2015). ANLA ordena suspensión de las actividades del programa de erradicación forzada mediante la aspersión aérea con glifosato (PECIG). http://portal.anla.gov.co/noticias/anla-ordena-suspension-las-actividades-del-programa-erradicacion-cultivos-ilicitos-mediante
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). (2020, 23 de julio). Tutela ordena suspender erradicación forzada en resguardo indígena del Pueblo Awá ubicado en Tumaco – Nariño. https://www.colectivodeabogados.org/old/?Tutela-ordena-suspender-erradicacion-forzada
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) (2021, abril). Diez verdades sobre el megaproyecto del narcotráfico. https://www.colectivodeabogados.org/wp-content/uploads/2021/04/Documento-Diez-verdades-megaproyecto-narcotrafico-version-web-final.pdf
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (s.f.). Censo 2018. Grupos étnicos– Información técnica. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etnicos/informacion-tecnica
El Espectador (2020, 22 de abril). Enfrentamientos por erradicación forzada de coca dejan un muerto en Tumaco. El Espectador. https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/enfrentamientos-por-erradicacion-forzada-de-coca-dejan-un-muerto-en-tumaco-articulo-916008/
Mejía, D. (2016). Plan Colombia: An analysis of effectiveness and costs. Center for 21st Century Security and Intelligence Latin America Initiative. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Mejia-Colombia-final-2.pdf
Ministerio de Justicia-Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) (s.f.). Recuperado el 26 de junio de 2021 de http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio.
Prensa Territorio-Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar. (2021, 23 de abril). 41 indígenas del pueblo Awá han sido asesinados en el último año, Unidad Indígena del Pueblo Awá. Consultado el 26 de junio de 2021 de https://www.colectivodeabogados.org/41-indigenas-del-pueblo-awa-han-sido-asesinados-en-el-ultimo-ano/
Washington Office on Latin America, WOLA. (2020). Plan antidrogas de Estados Unidos y Colombia promueve la fallida política de fumigación aérea. Consultado en https://www.wola.org/es/2020/03/plan-antidrogas-estados-unidos-colombia-fallida-politica-fumigacion-aerea/
Normas
Impugnación en acción de tutela N° 2020-00042-01 (280-01). (2020, 17 de julio). Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto. San Juan de Pasto. Magistrada Ponente: Aída Mónica Rosero García. https://www.colectivodeabogados.org/wp-content/uploads/2020/07/Sentencia-revoca-y-concede-consulta-previa.pdf
[1] Entrevista concedida el 22 de junio de 2021 al Colectivo autor de esta crónica.
[2] Municipios de Cumbal, Santa Cruz de Guachavez, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Tumaco e Ipiales.
[3] Municipios de Mocoa, Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel, La Dorada, Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón.
[4] A lo largo del río San Juan, en las localidades de Tobar Donoso, Chical, Jijón y Camaño.
[5] Alto Tambo, Mataje y Ricaurte Tululbí.
[6] Lita y Buenos Aires.
[7] Información entregada en Ministerio de Justicia, Observatorio de Drogas de Colombia (s.f.), sobre la base de datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci/ Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc. En función de esta crónica, se buscaron los rangos anuales de 1999, 2009 y 2019, respectivamente.
