Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos
En los últimos 70 años, el Estado colombiano ha implementado procesos genocidas contra varios sectores de la sociedad. Prácticas habituales de ese comportamiento han sido las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.
Las desapariciones forzadas o involuntarias se perpetraron principalmente desde fines de los años 70, hasta mediados de los 90 en forma masiva por agentes estatales. Sus víctimas fueron personas de la oposición política, de militantes insurgentes y de líderes sociales de organizaciones a las que se les perseguía en desarrollo de la doctrina de la Seguridad Nacional.
Posteriormente, de las desapariciones forzadas se han hecho cargo, en especial, los grupos paramilitares, con la colaboración y anuencia de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado. Su jefe nacional hasta la primera década del nuevo siglo, Salvatore Mancuso, reveló hace poco ante la Comisión de la Verdad lo siguiente:
… los listados que [recibíamos de las personas a las que había que desaparecer] eran entregados por el Ejército, la Policía, el [Departamento Administrativo de Seguridad] DAS y la misma Fiscalía, que trabajaban de manera conjunta con las autodefensas y de ahí [ejecutábamos] los asesinatos. (Colprensa, 2021)
Por su parte, desde los orígenes mismos del conflicto armado las masacres, asesinatos selectivos y ejecuciones extrajudiciales han sido mecanismos de exterminio utilizados por fuerzas militares y de seguridad del Estado. Sin embargo, hay una modalidad de ejecuciones extrajudiciales en la que a civiles se les asesina para hacerles pasar fraudulentamente como bajas en combate. A estos crímenes del Estado les ha llamado en Colombia “falsos positivos”, que se masificaron entre 2002 y 2010 durante los dos periodos de gobierno de Uribe Vélez. Muchos de estos crímenes se asociaron con la desaparición forzada de las víctimas antes, durante o después de perpetrarse las ejecuciones.
El Estado colombiano ha mantenido siempre a los máximos responsables de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales protegidos con una impunidad estructural, cuyos ejes son el negacionismo ante estos hechos, o su encubrimiento y la cobertura de invulnerabilidad. Las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para tratar de romper esa impunidad se ha encontrado con una feroz resistencia de los jefes del partido de gobierno, el Centro Democrático, y las más altas autoridades del gobierno de Iván Duque.
La ofensiva contra la JEP
La JEP es un tribunal de justicia transicional creado en el Acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Estado colombiano (durante el gobierno de Juan Manuel Santos) y la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP)[1]. Su misión es investigar, esclarecer y sancionar los crímenes más graves cometidos en el contexto del conflicto armado que ha vivido Colombia durante los últimos 60 años, por causa y en relación con él.
Una de las más trascendentales decisiones fue la consignada por la Sala de Reconocimiento de Verdad en el Auto 033 del 12 de febrero de 2021. Mediante ese auto se reconoció lo siguiente:
… durante el período comprendido entre los años 2002 y 2008 aproximadamente 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional (JEP 2021c, p. 6).
La JEP documentó estos casos a partir de las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación (FGN), el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU) y puso de presente que el 78 % de los asesinatos de civiles para presentarlos fraudulentamente como muertes en combate ocurrieron entre 2002 y 2008 durante los mandatos de Álvaro Uribe Vélez.
La cifra de 6.402 personas asesinadas en este período fue el resultado de una larga lucha de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos para que el Estado reconociera la dimensión de la práctica genocida que representaron esos miles de casos de “falsos positivos”. Sin embargo, la decisión generó un ambiente adverso y de hostilidad hacia la JEP en el presidente de la República Iván Duque, voceros del partido de gobierno y altos mandos militares.
El número “6.402” se ha convertido en un hito simbólico para las víctimas. Ellas se han volcado a las calles y en murales y carteles los han pintado, igual que se ha difundido en las redes sociales. De esa manera, se posiciona la imagen icónica de esta cifra como un patrimonio moral por cuyo reconocimiento lucharon durante décadas ante el negacionismo de las entidades estatales. Entre tanto, para los represores y determinadores de los crímenes en las distintas instancias de poder se volvió un motivo de furia y de descalificación. Las presiones contra la JEP, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos se mantienen.
Delante de militares que hacían una demostración de sus capacidades bélicas en el Fuerte de Tolemaida, el presidente Duque pronunció su discurso sobre los tres años de gobierno increpando a la JEP para que «las víctimas puedan ver verdaderas condenas por parte de sus victimarios», ya que estas «No pueden ver a sus victimarios ostentarles poder y riqueza, cuando…lo que reclaman es que haya una justicia certera y ausencia de impunidad» (Caracol Radio, 2021). Esta actitud es antigua. Duque ha atacado públicamente las decisiones de la JEP que avanzan en esclarecer verdades sobre atrocidades del conflicto y vinculado a algunos responsables de ellas.
Unos días antes de emitido el auto mencionado, el 28 de enero de 2021, la JEP decidió imputar a los exjefes de las Farc-EP por miles de casos de secuestro o toma de rehenes, acción elogiada por distintos sectores de la comunidad nacional e internacional (JEP, 2021a). En esa oportunidad, Duque se despachó diciendo que la decisión de la JEP no era valiente y añadió: “son imputaciones necesarias. Lo que es valiente es la sanción proporcional y efectiva, la que esperamos todos los colombianos”. El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, le respondió:
No es competencia del presidente Iván Duque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las Farc. Las sanciones que en su momento impondrá autónomamente la JEP son las que consagran la Constitución y la ley. Si no fuera así, no habría Estado de Derecho (El Espectador, 2021a).
El presidente Duque posesionó el 26 de julio de 2021 a Juan Carlos Pinzón como nuevo embajador en Estados Unidos y durante ese acto le pidió a este funcionario, en el colmo de la sumisión y falta de respeto a nuestro Estado de Derecho, presentar ante dicho gobierno “las preocupaciones que existen” en relación con la JEP. El periódico El Espectador bien lo resumió de la siguiente manera:
En posesión de Pinzón, Duque le tira pullas, otra vez, a la justicia transicional. Duque expresó que la verdad y la reparación deben ser los principales elementos para generar “convivencia espiritual” entre las víctimas del conflicto armado y las instituciones. (…) resaltó que con Pinzón espera “presentar las preocupaciones que existen” –refiriéndose al trabajo que adelanta la [JEP] en los macro casos de crímenes de la otrora guerrilla– “porque si no se administra una justicia proporcional, se termina incubando una revictimización de aquellos que no pueden seguir viendo a sus victimarios ostentar poder cuando reclaman reparación económica”. (El Espectador, 2021b)
Al tiempo que el presidente y sus voceros se han dedicado a cuestionar los resultados de la JEP y a afectar su autonomía, han buscado, también, reducir su eficacia. En cuatro ocasiones, se ha disminuido su presupuesto (Noticias Uno 2020). El presupuesto promedio de la JEP es cinco veces menor que el presupuesto anual asignado a Justicia y Paz[2] entre 2005-2015. En 2021, la JEP ha funcionado con un déficit en su presupuesto para la protección de víctimas y declarantes (El Tiempo, 2019).
El negacionismo del Estado
Ante la JEP y ante otras entidades que han servido de fuente para documentar los crímenes mencionados, las respuestas de las más altas autoridades del Estado y del partido de gobierno han sido el negacionismo y la descalificación. El expresidente Álvaro Uribe señaló las cifras de la JEP de “sesgadas” y “distorsionadas” y señaló públicamente a diez organizaciones de derechos humanos que llevan casos ante la JEP de actuar con “marcada orientación política” y de ser “enemigas declaradas del gobierno” que él presidió (Pombo, 2021).
Según Uribe, las cifras presentadas por la JEP obedecen a que “hay mucho tema de criminal dado de baja que lo ponen como falso positivo, que lo hacen pasar como campesino inocente” (Pulzo, 2021).
Otros voceros del partido de gobierno replicaron después del jefe para atacar a la JEP por esta decisión, con expresiones profundamente agresivas e irrespetuosas como las de los senadores Carlos Felipe Mejía, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia (véanse Mejía, 2021; Cabal, 2021 y Valencia, 2021). Estas personas, además de otras afrentas, estigmatizaron a organizaciones que representan víctimas ante la JEP, como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).
Con todo, los más graves ataques a la decisión de la JEP de investigar los casos de ejecuciones extrajudiciales vinieron del propio comandante del Ejército Nacional, el general Zapateiro. El 19 de febrero de 2021 publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente:
Somos soldados del @COL_EJERCITO y no nos dejaremos vencer por más víboras venenosas y perversas que quieran atacarnos, señalarnos o debilitarnos. Oficiales, suboficiales y soldados no nos rendimos, no desfallecemos, siempre fuertes con la cabeza en alto. Dios está con nosotros. (Zapateiro, 2021).
Las palabras iban acompañadas de un video en el que innumerables víboras persiguen por el desierto a un pequeño reptil que quieren devorar, pero que logra quedar a salvo gracias a la intervención divina, según se sigue de las frases bíblicas que acompañan el video. Por venir de quienes detentan las armas del Estado, estas veladas amenazas a la JEP y a las organizaciones que buscan poner fin a la criminalidad estatal ante esta instancia marcan un punto alto y peligroso para los esfuerzos de la justicia y para el propio Estado de Derecho.
El oficio de perpetuar la impunidad
Históricamente, la justicia ordinaria, en especial, la Fiscalía General de la Nación, ha omitido su deber de procesar por casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas a los mandos más altos en la responsabilidad estatal.
En particular, son pocas las sentencias en las que se ha declarado su responsabilidad en materia de las ejecuciones extrajudiciales. Lo más preocupante de ello es que las pocas sentencias proferidas han recaído casi sin excepción en uniformados de media y baja graduación. Sobre ellos se ha descargado casi por completo la responsabilidad de estos crímenes sistemáticos.
No se ha llamado a responder a comandantes de Brigadas, Divisiones, Comandos Conjuntos, Fuerzas de Tarea y el Estado Mayor, incluidos los comandantes del Ejército y las Fuerzas Militares en los periodos donde estos planes de exterminio se llevaron a cabo. , Hasta el momento, ni un solo general, o comandante de brigada o división ha recibido condena por casos de “falsos positivos”.
Sin embargo, desde el momento mismo de la negociación del Acuerdo paz se hicieron esfuerzos y se tomaron medidas para perpetuar la impunidad en la que con respecto a estos delitos han permanecido los máximos responsables de los mismos. Se comenzó admitiendo que quienes hubieran desempeñado la calidad de presidente de la República se excluyen del deber de rendir cuentas (esta exclusión favorece sobre todo a Álvaro Uribe)
Por otra parte, los mandos militares lograron que en el Acuerdo final de paz se adicionara el criterio de que no serían aplicables a los militares los mandatos sobre responsabilidad jerárquica del mando, tal y como está previsto en la jurisprudencia internacional penal y el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI).
Luego vino la disposición adoptada en la reglamentación de la Ley Estatutaria de la JEP (Ley 1957 de 2019) en la que los terceros no combatientes solo comparecerán si lo hacen de manera voluntaria.
Ha habido esfuerzos adicionales en ese camino de la impunidad. La Fiscalía tiene el compromiso de llevar adelante las investigaciones sobre crímenes hasta el momento en que la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRV) de la JEP anuncie la inminencia de la resolución de conclusiones sobre quienes está investigando. Ese compromiso se ha incumplido.
El exfiscal general Fabio Espitia expidió en 2019 la circular 003 que ordenó a los fiscales abstenerse de tomar decisiones que afecten la libertad de los comparecientes. Esto es razonable. Pero, además, extendió la prohibición a decisiones que involucren la responsabilidad (como imputaciones, acusaciones o celebración de juicios) y aquellas que impliquen citaciones a prácticas de pruebas (Circular 003 de 2019). Con dicha decisión abusiva se paralizaron todas las investigaciones por crímenes contra los derechos humanos que implican a agentes estatales, aunque no se hubieran sometido a la JEP, con el argumento de haber perdido su competencia a manos de la JEP.
Dado que la Fiscalía nunca cumplió su deber de investigar y procesar a los más altos mandos y autoridades civiles responsables por estos crímenes de Estado, estos no han tenido ningún incentivo para cumplir con su obligación de rendir cuentas ante la JEP o ante la Comisión de la Verdad. Solo comparecieron unos 1.323 miembros de la Fuerza Pública y otros 125 terceros civiles o agentes del Estado no uniformados (JEP, 2021d), en su mayor parte, de rangos medios y bajos y casi todos con condenas o decisiones muy avanzadas o inminentes sobre su responsabilidad. Son los casos de los generales Henry William Torres Escalante y Mario Montoya Uribe, cuya imputación fue largamente aplazada desde los tiempos del fiscal Eduardo Montealegre.
Otra consecuencia de la falta de decisiones en firme sobre la responsabilidad de estos mandos es que, a diferencia de los condenados, estos han acudido en muchas ocasiones a negar su responsabilidad y los mismos hechos. Se han ido, incluso, en contra de lo ya probado en los procesos ante la justicia ordinaria. Esto lo hicieron con descaro el general Montoya y el coronel Publio Hernán Mejía.
T1 Cúpula militar y presiones para mantener la impunidad
Desde el comienzo, Duque seleccionó como mandos para integrar la cúpula militar a quienes representaban las posturas más duras contra el Acuerdo de paz. Muchos de ellos, con innegables implicaciones en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, actos graves de corrupción e incluso relaciones con paramilitares.
Con los generales Nicacio Martínez y Zapateiro, sus comandantes del Ejército, el país retornó a la práctica de las ejecuciones extrajudiciales (Martínez emitió directivas que rebajaron el nivel de certeza para determinar quién puede ser un blanco a eliminar en las operaciones militares, lo que podría haber determinado las muertes de decenas de menores de edad en operaciones de bombardeos). Con ellos, se expandió el paramilitarismo, crecieron otros actores armados y se impusieron directivas desde el alto mando para imponer el pacto de silencio sobre los responsables máximos de la práctica genocida de ejecuciones extrajudiciales.
En efecto, mediante el Plan 002811, el anterior Comandante del Ejército Nacional emitió la directiva para la construcción de una narrativa marco del conflicto armado colombiano. Su pretensión es la siguiente:
Desarrollar la estrategia para la construcción de la Narrativa Marco de Memoria Histórica del conflicto armado colombiano, que busca guiar la posición institucional en los espacios de verdad y memoria histórica dentro del trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. (Comando del Ejército, 2019)
Un libreto construido por equipos especializados desde el mando militar para direccionar las versiones de los comparecientes se ha convertido en el mayor riesgo de impunidad, no solo ante la CEV, sino, sobre todo, ante la JEP.
Una manifestación del desarrollo de esa estrategia es que abogados del Ministerio de Defensa estarían presionando a militares comparecientes para guardar silencio con respecto a la responsabilidad de sus mandos. En especial, sobre la del general Mario Montoya. Se conocieron también denuncias acerca de que a los militares comparecientes ante la JEP se les llevaba, antes de rendir sus versiones, a sesiones de adoctrinamiento. En estas sesiones se preparaba lo que debían decir y se les coaccionaba para no dejar salir la verdad (Akerman, 2021). En un tweet, el general Zapateiro propagandizaba la estrategia:
Los soldados del @COL_EJERCITO somos hombres de honor, honramos la palabra, veneramos el silencio y somos esclavos de nuestro deber. (Zapateiro, 2019)
Pues bien, mediante el Auto ARA-012 de 2021, la JEP ordenó investigar y tomar medidas para remediar estas prácticas (JEP, 2021b).
También la JEP tuvo que tomar medidas cautelares ante las presiones que vienen sufriendo militares que han hablado en sus versiones ante la JEP sobre la responsabilidad de algunos mandos. Al menos, 24 militares de ellos han recibido amenazas para callarlos y contra sus familias y otros tuvieron que solicitar traslado de la guarnición militar donde se encuentran para proteger sus vidas (Navarro, 2021b).
Este pacto de silencio se ha extendido a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)[3]. Con el argumento de que la información que se solicita es reservada, el Ministerio de Defensa ha negado el acceso a información a la CEV (El Tiempo, 2021). Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la CEV puso de presente que se le ha negado información hasta que suscriba determinados convenios, se le entrega información incompleta o que nada tiene que ver con lo solicitado y han llegado a responder a sus solicitudes con entrega de informaciones públicas y que se encuentran en fuentes abiertas (Morales, 2020). Ambas instancias del sistema de justicia transicional denunciaron también que se ha estigmatizado a sus integrantes y se les ha puesto en situación de riesgo (Comisión de la Verdad, 2020).
Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, indicó que los militares no están aportando a la búsqueda de personas desaparecidas y que no hay interlocución con el Gobierno nacional. Mostró que es diferente lo que sucede con quienes comparecen como integrantes de las exFarc-EP:
Empezamos por la entrega de información humanitaria que ellos recopilaron antes de firmar el Acuerdo de Paz y en 2019 nos entregaron más de 250 formularios de información. (…) La conducta de quienes están sometidos a la JEP por parte de las [ex]Farc y que hablan con la Unidad es distinta a los que están sometidos desde la fuerza pública. [Con estos] La colaboración no ha sido fluida para nada, la relación ha tenido muchos retrocesos, no hemos avanzado seriamente ahí (Avila, 2021).
El 6 de julio de 2021, la Sala de Reconocimiento de la JEP les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, seis oficiales y tres suboficiales del Ejército y a un tercero civilpor los caos de “falsos positivos” en la región del Catatumbo, caso a partir de ahora la JEP ha pasado a denominar como “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”. Según la JEP,
… estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate» (JEP, 2021d, Auto 125).
El 15 de julio de 2021, la misma sala de la JEP expidió el Comunicado 077 en el que imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del Ejército (dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados del Batallón La Popa) por ‘falsos positivos’ en la Costa Caribe y en el que pone de presente lo siguiente:
… estos hechos no hubieran ocurrido sin alianzas con los paramilitares y sin un conjunto de incentivos, amenazas y presiones que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate” (JEP, 2021e).
Ambos autos, que son los iniciales de seis sobre la primera priorización de casos de “falsos positivos” de la JEP dejan claras las presiones que desde el alto mando se generaron para producir estos resultados. Tal vez por ello, el Fiscal General de la Nación decidió revocar la Circular 003 expedida por el exfiscal Espitia. A este funcionario se le premió su contribución a la impunidad al nombrársele Director Ejecutivo de la Justicia Penal Militar, entidad también responsable de las decisiones de impunidad que a lo largo del conflicto armado ha cobijado las violaciones de derechos humanos de la Fuerza Pública.
Como consecuencia de la revocatoria mencionada, el fiscal Barbosa anunció que haría imputación al general Mario Montoya como determinador de 104 casos de ejecuciones extrajudiciales mientras se desempeñó como comandante del Ejército. Son más los determinadores y autores mediatos de estos crímenes, pero para establecer la verdad y las responsabilidades es necesario que tanto la justicia ordinaria como la JEP, incluso organismos como la CIDH y la CPI entiendan que solo avanzando en los casos que se conocen, podrá darse la complementariedad necesaria para comenzar a quebrar el pacto de impunidad y de silencio que hasta hoy ha mantenido a las prácticas masivas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en completa impunidad frente a sus máximos responsables. El Tribunal Superior de Bogotá negó la imputación y mientras tanto el jefe del partido de gobierno ha propuesto una amnistía general que cobijaría a los perpetradores de crímenes internacionales, que, como se sabe, nunca pueden ser amnistiables. Las razones para la actuación de la CPI son ahora más evidentes.
Referencias
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Cabal, M. (2021, 18 de febrero). [@MariaFdaCabal]. La Jep es la cueva marxista más peligrosa para la estabilidad de cualquier Estado de derecho. Si al menos hubieran tenido el pudor de evitar escoger activistas oenegeros como jueces, violando el principio de imparcialidad, la historia sería distinta. [Tuit] [Tehttps://twitter.com/MariaFdaCabal/status/1362521744125415430
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Colprensa (2021, 4 de agosto). Las revelaciones de Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño en la Comisión de la Verdad. El País.com.co. https://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/las-revelaciones-de-salvatore-mancuso-y-rodrigo-londono-en-la-comision-de-la-verdad.html
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Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). (2021e, 15 de julio). Comunicado 077 de 2021. JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del Ejército por ‘falsos positivos’ en la Costa Caribe: dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados del batallón La Popa. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-cr%C3%ADmenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-otros-15-miembros-del-ej%C3%A9rcito-por-falsos-positivos-en-la-Costa-Caribe.aspx
Mejía, C. [@CARLOSFMEJIA]. (2021a, 20 de febrero). La Corporación ‘Yira Castro’ de la mamá de Iván Cepeda, es una de las 15 organizaciones ante la #JEP con contrato para dar «asesorías jurídicas». Las víctimas exigen que las representen fundaciones que no tengan activismo ni afinidad ideológica con los victimarios Farc«. [Tuit].
Twitter. https://twitter.com/CARLOSFMEJIA/status/1363188722372644870
Mejía, C. [@CARLOSFMEJIA]. (2021b, 6 de mayo). La #JEP, tribunal de los narcoterroristas Farc, excediendo sus competencias, pide que se reformen las Fuerzas Armadas Colombianas, y citan apoyo de la ONU, los mismos que desconocen los ataques que ha recibido la Fuerza Pública. Cuanto descaro en un solo trino. [Enlace adjunto] [Tuit].
Twitter. https://twitter.com/carlosfmejia/status/1390276869086490631
Morales, P. (2020, 8 diciembre). Comisión de la Verdad pide apoyo a CIDH para facilitar acceso a información. Caracol Radio. https://caracol.com.co/radio/2020/12/09/nacional/1607476555_626107.html
Valencia, P. [@PalomaValenciaL] (2021, 18 de febrero). Estas son las cifras de diferentes fuentes sobre falsos positivos. Las de la JEP provienen de organizaciones entre las cuales el “Comité de solidaridad con los presos políticos” la misma que ayuda a Monsalve, el llamado testigo estrella contra @AlvaroUribeVel. Juzguen. [Tuit].
Twitter. https://twitter.com/PalomaValenciaL/status/1362475158695510024
Kienyke. (2021, 24 de febrero). Presidente Duque arremete fuertemente contra la JEP. Kienyke. https://www.kienyke.com/colombia/presidente-duque-arremete-fuertemente-contra-la-jep
RCN Radio. (2021, 7 de marzo). Marta Lucía Ramírez pide a la JEP que explique la cifra de 6.402 falsos positivos. RCN Radio. https://www.rcnradio.com/politica/marta-lucia-ramirez-pide-la-jep-que-explique-la-cifra-de-6402-falsos-positivos]
Navarro, C. (2021a, 12 marzo). Oficial del Ejército confesó ante JEP su orden para matar a Albeiro Úsuga. Caracol Radio. https://caracol.com.co/radio/2021/03/12/judicial/1615571084_419498.html
Navarro, C. (2021b, 24 febrero). Protección especial ante amenazas de los que hablan de falsos positivos. Caracol Radio. https://caracol.com.co/radio/2021/02/24/judicial/1614189358_943280.html
Noticias Uno (2020, 31 de octubre). Presupuesto para la JEP se ha reducido cuatro veces durante gobierno Duque. Noticias Uno. https://www.noticiasuno.com/economia/los-ataque-del-gobierno-duque-a-presupuesto-de-la-jep/?fbclid=IwAR2tmB43EOIfJXzR1OXVOWT3kf-0U3wQiEhiwh9OTQ1GmvVwghqth2FCuUE
Pombo, L. (2021, 18 de febrero). Uribe responde a informe de la JEP sobre falsos positivos. W Radio. https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/uribe-responde-a-informe-de-la-jep-sobre-falsos-positivos/20210218/nota/4110719.aspx
Pulzo (2021, 19 de febrero). Uribe insinúa que algunos falsos positivos no serían tan falsos como dice la JEP. Pulzo. https://www.pulzo.com/nacion/alvaro-uribe-insinua-que-algunos-falsos-positivos-no-serian-tan-falsos-PP1032445
Semana (2021, 8 de marzo). Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez cuestiona las cifras de la JEP sobre falsos positivos. Semana. https://www.semana.com/nacion/articulo/vicepresidenta-marta-lucia-ramirez-cuestiona-las-cifras-de-la-jep-sobre-falsos-positivos/202112/
Sierra, P. (2021, 19 de febrero). Álvaro Uribe: «Lo de la JEP es una realidad distorsionada». Caracol Radio. https://caracol.com.co/programa/2021/02/19/6am_hoy_por_hoy/1613736587_628601.html
Zapateiro, E. (2021, 19 de febrero). Twitter oficial. https://twitter.com/COMANDANTE_EJC/status/1362840900628586496?s=08
Normas
Circular 0003 de 2019. Regla de competencia vigente para casos relacionados con el conflicto armado. Expedida por Fiscal General Fabio Espitia. Fiscalía General de la Nación. Ley 1957 del 6 de junio de 2019. Ley estatutaria de la administración de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Congreso de Co
[1] El nombre completo del documento firmado es Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Lo referente a la JEP se encuentra en el Punto 5 titulado: “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: «Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición» incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos”.
[2] Justicia y Paz es la instancia que se creó con el proceso en el que se desmovilizaron las estructuras paramilitares en 2006. Con esa comparación de los presupuestos se puede observar la diferencia de tratamientos en los dos casos: el que se le ha dado a esta instancia y el que se le da a la JEP.
[3] Estas dos entidades forman, junto con la JEP, el SIVJRNR.
