Durante el tercer año de gobierno del presidente Iván Duque la violencia contra las personas que defienden derechos humanos o ejercen liderazgos sociales sigue siendo una constante. Ni la llegada de la pandemia del covid-19 y las restricciones a la movilidad que se impusieron por ella impidieron que se siguiera persiguiendo, agrediendo y asesinando a estas personas. El año 2020 se convirtió en el más violento para este sector de la sociedad, y el paro nacional del primer semestre de 2021 evidenció que la violencia contra las personas defensoras no es exclusivamente un asunto de actores armados ilegales, ni del conflicto armado.
En las siguientes páginas se analiza en detalle la situación de violencia contra las personas defensoras y contra quienes ejercen liderazgos durante el tercer año del presidente Duque. Luego se revisa la actuación gubernamental en la materia para este mismo periodo, y en la tercera parte se aborda el tema de la administración de justicia frente a estos crímenes.
Situación de la violencia contra las personas defensoras, líderes y lideresas T1
El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH), del Programa Somos Defensores, a través de su metodología de monitoreo, verificación y sistematización, registró un total de 950 agresiones, 426 de ellas ocurridas entre el 8 de agosto y el 31 de diciembre de 2020, y 524 ocurridas entre enero y junio de 2021. Como se observa en la gráfica 1, el mayor número de agresiones corresponde a amenazas, con un total de 662 hechos, seguido de 130 asesinatos, 85 atentados, 34 detenciones arbitrarias, 16 desapariciones forzadas, 13 robos de información, 8 judicializaciones y 2 agresiones sexuales.
Gráfica 1. Agresiones contra personas defensoras de derechos humanos
8 de agosto 2020-30 de junio 2021
Fuente: SIADDH – Programa Somos Defensores (2020).
En medio de este panorama de agresiones, los homicidios perpetrados son alarmantes. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en su Base de Datos de Violencia Sociopolítica, documentó 205 casos, de los cuales 170 fueron contra personas de género masculino y 35 contra personas de género femenino (gráfica 2).
Gráfica 2. Género de las víctimas
Fuente: Área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas (2021).
Esta violencia es sostenida y sistemática y no tiende a mejorar. De los 205 homicidios documentados por la CCJ, 122 se cometieron entre agosto y diciembre de 2020 y 83 durante el primer semestre de 2021. Geográficamente, las agresiones se focalizaron en 24 departamentos y 111 municipios. Los departamentos y municipios más afectados con este fenómeno se presentan en el cuadro 1.
Cuadro 1. Agresiones focalizadas por departamentos
| Departamento | Número de casos |
| Cauca | 44 |
| Nariño | 35 |
| Antioquia | 26 |
| Valle del Cauca | 15 |
| Chocó | 13 |
| Córdoba | 10 |
| Meta | 10 |
| Putumayo | 9 |
| Tumaco | 21 |
| Argelia | 7 |
| Cali | 6 |
| Corinto | 6 |
Fuente: Área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas (2021).
Dentro de los sectores de liderazgo y defensa de derechos humanos más afectados por los asesinatos se encuentran el sector indígena con 71 victimizaciones, el sector comunal con 32 casos y el campesino con 31. Luego se encuentran el sector político con 15 casos, el comunitario con 13, el afrocolombiano con 11 y el sindical con 8 casos. En relación con la pertenencia organizativa de las personas asesinadas durante el periodo analizado, se evidencia que las organizaciones más afectadas fueron los resguardos, las comunidades y las organizaciones indígenas, con un total de 62 casos, seguidos de las Juntas de Acción Comunal, con 33 casos.
En cuanto a la responsabilidad de estos homicidios, la impunidad es la constante. Como se observa en la gráfica 3, de los 205 documentados por la CCJ, en 139 se desconoce el autor (67,80 %), en 30 se presume que el perpetrador fue un grupo armado, pero se desconoce su identidad (14,63 %) y en 36 casos se identificó al presunto responsable (17,57 %).
Gráfica 3. Presuntos responsables
Fuente: Área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas (2021).
Es importante resaltar la escalada de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales ocurrida durante el paro nacional que comenzó el 28 de abril de 2021. El Programa Somos Defensores registró, entre el 28 de abril y el 30 de junio, 219 agresiones contra 183 personas defensoras de derechos humanos que participaron activamente en el paro nacional. Tanto la CCJ como el Programa Somos Defensores documentaron 8 homicidios en este contexto.
Frente a otras agresiones, el Programa Somos Defensores registró 147 amenazas, 27 detenciones arbitrarias, 3 judicializaciones, 24 atentados, 8 robos de información y 2 agresiones sexuales (estas últimas, contra mujeres). En los diferentes tipos de agresión el presunto responsable que registra el mayor número de ataques fue la fuerza pública, con 138 hechos.
Por otra parte, las agresiones contra personas defensoras, líderes y lideresas durante este tercer año del gobierno Duque, en las distintas bases de datos, evidencian que la violencia estructural que sufren las comunidades históricamente discriminadas en Colombia sigue vigente y que las dinámicas de reconfiguración del conflicto armado confluyen con la falta de garantías de parte del Estado en el cumplimiento, la protección y el disfrute de los derechos fundamentales (Gráfica 4).
Gráfica 4. Identidad de las personas defensoras víctimas de agresiones a la vida
Fuente: Área de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas (2021)
Los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas y los campesinos fueron los sectores más afectados con estas violencias. Estas agresiones se relacionan con la presencia de actores armados, legales e ilegales, que buscan ejercer control y limitar el ejercicio de los derechos colectivos, en especial al propio gobierno y al territorio, además de desarticular los procesos organizativos y comunitarios que impulsan la satisfacción de necesidades básicas de las comunidades.
Ahora bien, aunque los hechos de violencia contra las mujeres no son mayores a los de los hombres, sus afectaciones sí lo son, pues estas violencias no solo vulneran la vida e integridad de las defensoras o lideresas, sino que también debilitan la participación política de las mujeres, sus procesos organizativos y sus reivindicaciones sociales.
Por otro lado, las y los defensores de derechos de la comunidad LGBT siguen siendo víctimas de múltiples agresiones. Respecto al periodo de análisis, se registró el homicidio de tres defensores LGBT en los departamentos de Antioquia, Cauca y Huila. Sin embargo, es importante advertir que el acceso a información relevante y completa sobre las vulneraciones de los derechos de las personas LGBT en el país es precario, con excepción de la provista por organizaciones de sociedad civil.
Anuncio de unificación de cifras oficiales T1
El 3 de febrero de 2021, la consejera presidencial para los derechos humanos anunció, durante la sesión de la Comisión del Plan de Acción Oportuna (PAO), la creación de la Mesa intersectorial para la consolidación de cifras de homicidios a líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos. En virtud de ese anuncio, la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y la Consejería Presidencial decidieron articular acciones para la estandarización de estadísticas con el supuesto propósito de focalizar las acciones frente a la violencia contra los liderazgos.
Meses después, al momento de elaborar este escrito, no hay noticias del trabajo de esta Mesa, ni se han publicado cifras de la Defensoría sobre asesinatos de personas defensoras, líderes y lideresas sociales para 2021.
Además, el anuncio ha generado preocupación y rechazo entre diversos sectores, pues se considera que la iniciativa, en lugar de fortalecer las metodologías y el registro de hechos de violencia contra las personas defensoras, busca manipular las cifras oficiales para aparentar una disminución de las violencias, lo que pone en riesgo la autonomía de la Procuraduría y la Defensoría en la materia.
Las razones para temer son varias. Que la nueva mesa tenga como base para la definición de las cifras las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación despierta sospechas, por dos razones: los antecedentes en la manipulación de estas cifras de asesinatos por parte del hoy fiscal, Francisco Barbosa, cuando era consejero presidencial para los derechos humanos, en 2019 (Uprimny, 2021); y la mala práctica de la Fiscalía de presentar falsamente, con porcentajes llamativos y aparentemente rigurosos, los avances parciales en las investigaciones como “esclarecimiento” de los homicidios (Comisión Colombiana de Juristas, 2020a, p. 320).
Además, el liderazgo de la Fiscalía en la determinación de la metodología de recolección y análisis de las cifras de homicidios de personas defensoras, en un escenario donde además participa el gobierno, puede significar la afectación a la independencia y el funcionamiento del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría.
(La falta de) respuesta gubernamental T1
El Plan de Acción Oportuna T2
Las organizaciones de derechos humanos hemos hecho serios cuestionamientos (que ya hemos presentado en dos informes anteriores) al plan del Gobierno nacional para luchar contra las violencias hacia personas defensoras y liderazgos sociales por su ineficiencia, pues las violencias continúan y se han incrementado.
Además, el Plan de Acción Oportuna (PAO) de prevención y protección desconoce instancias y herramientas creadas por el Acuerdo de Paz (como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad), y privilegia la acción militar para el desarrollo de sus acciones. Por otro lado, las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), conocidas como Zonas Futuro, superponen acciones de fortalecimiento del tejido social que, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, deberían desarrollarse en los municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), e imponen una idea de protección basada en la presencia militar.
A pesar de la evidencia, y de los reiterados llamados nacionales e internacionales para hacer ajustes y adoptar nuevas medidas, el gobierno del presidente Duque sigue haciendo caso omiso a los cuestionamientos y negando la gravedad de la situación. Si bien se ha anunciado una reforma al Decreto 2317 de 2018, que creó la Comisión Intersectorial del PAO, para modificar su arquitectura institucional, no cambia por ello su estrategia. El proyecto de decreto, que no ha sido compartido ni puesto a consideración de las plataformas en el marco del Proceso Nacional de Garantías, se orienta a la creación de tres figuras al interior de la Comisión Intersectorial del PAO: i) un Comité para el Diálogo Social, ii) un Comité Operativo de la Comisión, y iii) una Mesa Interinstitucional de seguimiento a las agresiones.
Una de las funciones del Comité de Diálogo Social será promover escenarios de diálogo, interlocución y concertación con las organizaciones de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. No es claro si se pretende reemplazar el Proceso Nacional de Garantías o enmarcarlo dentro de los límites del PAO. Del Comité Operativo vale la pena anotar que entre las funciones que se le asignan en el proyecto está la de impulsar la respuesta institucional frente a las amenazas y los riesgos. Esas son las funciones de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), actualmente encargada de coordinar la respuesta institucional frente a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, por lo que este Comité parecería buscar neutralizarla. Finalmente, a la Mesa Interinstitucional para el Seguimiento se le asigna la función de analizar datos y cifras en relación con los homicidios y las conductas que atentan contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Parecería que esta es la misma mesa que el gobierno anunció en febrero de 2021 para adelantar la unificación de cifras bajo el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación.
Ni Conpes, ni política pública T2
Desde 2019, el gobierno del presidente Iván Duque se comprometió con la formulación de una política de garantías para los liderazgos sociales. Para cumplir este compromiso propuso un proceso participativo que culminaría con la adopción de un Conpes. Sin embargo, la poca receptividad del proceso al interior del resto del Estado hizo que las plataformas de derechos humanos se retiraran del espacio, pues parecía más un formalismo que un verdadero compromiso estatal con la defensa de las personas defensoras. El Gobierno nacional suspendió o abandonó dicho proceso sin dar explicaciones, pues no se volvió a conocer información sobre el avance en la creación de la política pública de garantías.
Una campaña contra la estigmatización, sin pena ni gloria T2
A finales del mes de agosto de 2020, el Ministerio del Interior lanzó una campaña en contra de la estigmatización de personas defensoras y liderazgos sociales. La campaña en redes sociales, titulada #LiderEsColombia, no se concertó con las plataformas, ni se discutió en el Proceso Nacional de Garantías. Esta campaña, que tuvo su última publicación el 6 de enero de 2021, ha pasado prácticamente desapercibida entre la ciudadanía, tiene un muy bajo nivel de interacciones y, por ende, ningún impacto. Así se evidenció en el marco del paro nacional, cuando el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló ante los medios de comunicación a tres reconocidos líderes sociales y estudiantiles en Popayán de ser criminales responsables de hechos violentos en esa ciudad. La acusación fue de tal gravedad, que el propio gobernador del Cauca solicitó la rectificación al ministro (Radio Nacional de Colombia, 2021).
Tutela por el derecho a defender los derechos humanos T1
Como consecuencia de la grave situación de asesinatos y agresiones a personas defensoras, y de la falta de una respuesta adecuada por parte del gobierno colombiano, diez personas defensoras, acompañadas por organizaciones de la sociedad civil, presentaron una acción de tutela para que se protegiera su derecho a defender los derechos humanos.
El Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de las personas defensoras el 11 de mayo de 2020 y ordenó: amparar el derecho fundamental a la defensa de los derechos humanos de las diez personas defensoras accionantes; reactivar la Mesa Nacional de Garantías y las Mesas Territoriales de Garantías, para que se reunieran y adoptaran medidas específicas a fin de enfrentar las diversas situaciones de violencia; implementar el Programa Integral de Garantías para Mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos; implementar la Resolución 1190 de 2018 (protocolo que garantiza el derecho a la protesta pacífica); cumplir las garantías de seguridad contenidas en el Acuerdo de Paz; adoptar una política pública de garantías para la labor de defensa de los derechos humanos; adelantar una campaña permanente para el reconocimiento, respeto y respaldo a la labor de las defensoras y los defensores; y fortalecer las medidas de protección con enfoque diferencial[1].
Hasta el momento de elaboración de este escrito, el cumplimiento de la decisión es bastante bajo. El Proceso Nacional de Garantías sigue sin reactivarse efectivamente. Hay una larga lista de compromisos pendientes, que incluye la realización de mesas nacionales temáticas, una mesa de trabajo para definir la metodología e instalación de una comisión de seguimiento, la reactivación de los tres subgrupos del proceso (prevención y protección, mujer y género, investigación) y de las mesas territoriales, y la definición del cronograma para el funcionamiento de una mesa nacional de seguimiento a la tutela (propuesta por el Ministerio para la última semana de junio o la primera de julio, y que hasta la fecha no se ha dado).
Otras medidas, como el Decreto 660 de 2018 en materia de protección colectiva, y el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, que podrían hacer una diferencia en lo inmediato, hasta la fecha siguen sin ser implementadas cabalmente. El protocolo sobre la protesta sigue sin ser aplicado, como lo demuestran las sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas durante el paro nacional en los últimos meses; los mecanismos previstos en el Acuerdo de Paz no se implementan (ver siguiente apartado), la construcción de la política pública nunca pasó de ser un anuncio vacío hecho por el presidente en diciembre de 2019 y, aunque la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha venido trabajando en el fortalecimiento de las medidas con enfoque étnico, aún no logra que estas sean efectivas.
Implementación de las medidas del Acuerdo de Paz T1
Cumplidos ya tres años del mandato del presidente Iván Duque, se evidencia un aumento constante de las agresiones a personas defensoras y líderes sociales en un contexto de ostensible deterioro de la situación de derechos humanos en el país. El gobierno, por un lado, intenta negar la situación manipulando cifras y, por otro, continúa dejando de lado las herramientas incorporadas en el Acuerdo de Paz para hacer frente a esta situación. El estado de implementación de estas herramientas, incluidas en el punto 3.4. del Acuerdo, es el siguiente:
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad T2
La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) tiene como objetivo diseñar y supervisar una política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales, incluidas las sucesoras del paramilitarismo, responsables de asesinatos de personas defensoras, líderes y lideresas sociales y de personas comprometidas con la implementación del Acuerdo de Paz.
Durante la administración Duque, la CNGS se ha reunido seis veces. Además, ha realizado 28 sesiones temáticas sobre los enfoques de género y etnias, y 23 sesiones técnicas. El gobierno dice que ha realizado también 10 sesiones territoriales, pero en estricto sentido, la Comisión no ha sesionado territorialmente durante este gobierno. De esta manera, las y los comisionados representantes de la sociedad civil mantienen preocupación por la intención gubernamental de anular este espacio a través de las siguientes estrategias: i) implementación formal y sin efectos reales, ii) transformación de su naturaleza y estructura a través de la propuesta de un reglamento, iii) cambio discursivo de su objeto.
En cualquier caso, a la fecha la CNGS no ha avanzado en el diseño de la política criminal para el desmantelamiento de estas estructuras, pese a insistentes solicitudes de los comisionados de la sociedad civil para que se aborde la deliberación al respecto. En febrero de 2021, en cumplimiento de unas medidas cautelares ordenadas por la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP), el Gobierno nacional entregó a esta jurisdicción un documento con una propuesta de “Lineamientos para la política pública de desmantelamiento”. Sin embargo, esta propuesta no fue acordada ni se ha discutido en la CNGS. Después de la entrega a la JEP, la Comisión no ha vuelto a ser convocada.
Unidad Especial de Investigación T2
La Unidad Especial de Investigación (UEI) fue creada, en virtud del Acuerdo de Paz, por el Decreto Ley 898 de 2017, con un mandato de
CITA … investigación, persecución y acusación, ante la jurisdicción ordinaria o ante la de Justicia y Paz, de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática en particular contra las mujeres, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (art. 3º). CITA
Sin embargo, se ha concentrado en la investigación de los crímenes de los excombatientes, con avances importantes en cuanto a autores materiales, mas no en relación con sus determinadores. Frente a su principal objetivo de persecución a las organizaciones criminales no hay avances sustanciales. Parecería no contar con herramientas y metodologías investigativas encaminadas a cumplir este propósito (p. 115).
Cuerpo Élite de la Policía Nacional T2
El Acuerdo de paz lo concibió como respuesta inmediata del Estado para combatir las organizaciones criminales que atentan contra las personas defensoras de derechos humanos y los liderazgos sociales. Según lo expuesto por la vicefiscal general de la nación en el marco de las Audiencia por las medidas cautelares de la JEP en noviembre de 2020, al cuerpo lo integran 193 investigadores con presencia permanente en 13 regiones del país, articulados a un fiscal de la UEI y otros investigadores de la Policía (p. 117). Sin embargo, lo único que se conoce de su actuación son las noticias que se difunden cuando se captura a supuestos cabecillas de organizaciones delincuenciales, sin que luego se sepa nada sobre la contribución de estas personas al desmantelamiento de tales estructuras o de su posible participación en crímenes contra liderazgos sociales.
Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política T2
El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep) se creó para diseñar, hacer seguimiento, coordinación intersectorial y promoción a escala nacional y territorial de medidas de prevención y protección para la oposición, los liderazgos sociales y las organizaciones defensoras de derechos humanos, las personas en proceso de reincorporación y el nuevo partido político que surja del tránsito de las Farc a la política legal.
Sin embargo, la alta instancia del Sistema no está cumpliendo el mandato dado por el Acuerdo de Paz, pues no se han puesto en marcha la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección, ni el Comité de Impulso a la Investigación (p. 117). Además, como se expuso anteriormente, se están creando nuevas instancias que se superponen a las existentes. Así, con el PAO se intenta sustituir a la alta instancia del Sisep.
Programa Integral de Seguridad para Comunidades y Organizaciones en los territorios T2
Creado mediante el Decreto 660 de 2018, su objetivo es proporcionar medidas integrales de seguridad y protección, en particular de protección colectiva, con fines de prevención de la violencia. Es poca la información detallada que se conoce sobre su avance. Según el Instituto Kroc, pese a la importancia de este Sistema para hacer frente a la violencia que están padeciendo comunidades y organizaciones sociales a lo largo del país, en el último año apenas se avanzó en la selección de los municipios priorizados para la implementación y en la revisión de la metodología (2021, p. 111). Al igual que otros componentes del Acuerdo, claramente requiere financiación adecuada y voluntad política para funcionar.
Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida T2
Este Sistema debe trabajar de manera articulada con el Sisep y la CNGS con el propósito de monitorear riesgos y advertirlos oportunamente (tarea de la Defensoría del Pueblo), con miras a que las autoridades nacionales y territoriales puedan reaccionar de manera rápida y articulada (tarea de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas [Ciprat], cuya Secretaría Técnica está a cargo del Ministerio del Interior).
Desde que asumió el poder el presidente Iván Duque, la Defensoría del Pueblo ha emitido más de un centenar de alertas tempranas que siguen vigentes. Esto indica que el riesgo advertido se mantiene y que las medidas de reacción adoptadas han sido insuficientes, tardías o inadecuadas.
Además de incumplir el Acuerdo de Paz, el gobierno está desperdiciando el potencial transformador de cada una de las instancias y estrategias creadas para combatir las violencias contra personas defensoras, líderes y lideresas sociales.
En conclusión, poco ha avanzado en este tercer año el gobierno en brindar garantías para la defensa de derechos en el país. Aunque conoce las deficiencias de su accionar, Duque mantiene un enfoque de seguridad simplista y sesgado, que se limita a ver como causas de la violencia contra las personas defensoras y liderazgos sociales al narcotráfico y la minería ilegal, como base del actuar de grupos armados organizados, dejando de lado los riesgos generados por actores económicos legales, políticos, agentes del Estado y miembros de la Fuerza Pública. Además, ha ido cerrando los canales de comunicación e interlocución con todos los sectores que tienen experiencia en el tema y le hacen propuestas y llamados de atención.
Dado que la falta de efectividad de la respuesta gubernamental es evidente, el gobierno ha sabido aprovechar la falta de independencia y el afán de protagonismo del fiscal general para intentar mostrar mejores resultados ante el preocupante panorama de violencia contra las personas defensoras y los liderazgos sociales.
En el reporte presentado por el fiscal general de la nación el 3 de febrero de 2021 respecto del esclarecimiento de homicidios de personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales se pasó de 52 a 63,52 % como resultado, supuestamente, del direccionamiento estratégico emprendido por su administración (Fiscalía General de la Nación, 2021). No obstante, según lo señala el informe anual 2020 del programa Somos Defensores, titulado La mala hora, solamente un 25 % de un universo de 417 casos en la justicia ordinaria, correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de enero de 2016 y el 10 de marzo de 2021, estarían en etapa de juicio, y apenas 67 de ellos cuentan con una sentencia. Esto quiere decir que tan solo un 16,7 % de los 417 casos se podrían considerar realmente como esclarecidos (Programa Somos Defensores, 2020, p. 98).
El fiscal general llama esclarecimiento a actuaciones de impulso judicial en el marco de las investigaciones que no reportan datos sobre los móviles, los responsables, los determinadores, los autores materiales y las estructuras o alianzas que han posibilitado o agenciado esta serie de crímenes (Comisión Colombiana de Juristas, 2021, p. 25). Por esa razón, no pueden ser consideradas como esclarecimiento.
Adicionalmente, la Fiscalía, tal y como se señala en el informe Sistematicidad, estigmatización y precarios avances en materia de investigación, juzgamiento y sanción (Comisión Colombiana de Juristas, 2021), no tiene en cuenta las cifras de la Defensoría del Pueblo, ni las de ninguna de las organizaciones de la sociedad civil que documentan este fenómeno para sus cálculos de resultados, pese a que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Colombia ha advertido que sus cifras corresponden solamente a los casos que dicha Oficina ha podido verificar, para lo cual tiene una capacidad reducida, y que no pueden entenderse como la totalidad de los casos ocurridos. Lo más grave es que esta forma de proceder reduce la cantidad de hechos materia de investigación, dejando a sus responsables por fuera de la acción de la justicia e incrementando así las cifras de impunidad.
Conclusión T1
Este diagnóstico del tercer año del presidente Iván Duque, construido por las organizaciones de la sociedad civil, evidencia una crisis que difícilmente podrá conjurarse en el último año de gobierno. También es notable el permanente estado de zozobra en el que viven quienes defienden derechos y lideran causas políticas y sociales.
El constante avance de esta crítica situación no ha sido interrumpido ni siquiera por la pandemia. La sistematicidad de las violencias contra defensores, líderes y lideresas sociales, la falta de voluntad política para implementar las medidas del Acuerdo de Paz, y la terca insistencia en un enfoque militarista de la protección, hacen que todos los días las comunidades enfrenten el temor que produce ver morir a quienes reivindican sus derechos, mientras que las obligaciones de prevención, promoción y garantía de los derechos humanos por parte del Estado colombiano siguen sin cumplirse.
Referencias
Área de Investigación de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) (2021). Base de datos de homicidios a líderes, lideresas y personas defensoras de DD.HH. 8 de agosto de 2020 a 30 de junio de 2021. CCJ.
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) (2020a). Informe «El riesgo de defender y liderar» – Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos de las personas defensoras en Colombia. CCJ. https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=388
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) (2020b). Serie Herramientas para la incidencia en la defensa de los derechos humanos en Colombia. Cartilla 2: Sentencia de tutela para proteger el derecho a defender los derechos. CCJ. https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=407.
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) (2021). Sistematicidad, estigmatización y precarios avances en materia de investigación, juzgamiento y sanción. Programa Somos Defensores, Indepaz, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Fundación Forjando Futuros. https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=488
Fiscalía General de la Nación (2021, 3 de febrero). Fiscalía se vincula a estrategia interinstitucional de unificación de información sobre crímenes de defensores de derechos humanos. Fiscalía General de la Nación. https://www.fiscalia.gov.co/colombia/fiscal-general-de-la-nacion/fiscalia-se-vincula-a-estrategia-interinstitucional-de-unificacion-de-informacion-sobre-crimenes-de-defensores-de-derechos-humanos/.
Instituto Kroc (2021). Informe 5. Estado de implementación del Acuerdo Final. Instituto Kroc, Matriz de Acuerdos de Paz, Iniciativa Barómetro y Escuela Keough de Asuntos Globales. https://curate.nd.edu/show/4f16c250d7m.
Programa Somos Defensores (2020). La mala hora (Informe Anual 2020). Programa Somos Defensores.
Radio Nacional de Colombia (2021, 16 de mayo). Popayán: Gobernación afirma que líderes señalados por MinDefensa son líderes sociales. Radio Nacional de Colombia. https://www.radionacional.co/actualidad/popayan-gobernacion-afirma-que-jovenes-senalados-por-mindefensa-son-lideres-sociales
Uprimny, R. (2021, 6 de marzo). Las cifras falseadas de Barbosa. El Espectador. https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/rodrigo-uprimny/las-cifras-falseadas-de-barbosa-column/.
[1] Para conocer información detallada sobre el proceso y el contenido de la tutela se puede consultar: Comisión Colombiana de Juristas (2020b).
