Corporación Viva la Ciudadanía
Al indagar sobre la historia de Colombia en materia de conflicto, se observa que hay varios procesos inconclusos, aun después de casi cinco años de firmado el Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera[1] (en adelante, Acuerdo de paz) El departamento del Cauca es un claro ejemplo de esto. Allí, no dan tregua las acciones permanentes de violencia, en una guerra que debió comenzar a concluir con esa firma. Al investigar y recorrer la historiografía de la situación que se vive en este departamento, además de fechas y cifras, también subsisten palabras que lamentablemente hacen parte de la cotidianidad: asesinatos, conflicto armado, crisis, dolor, horror, insurgencia, paramilitarismo, represión, resistencia, narcotráfico, violencia, vulneración, etc. Tan solo leerlas, me deja sin aire y lo que sigue en esta presentación, produce sensaciones aún más fuertes.
En Colombia, está escrito que el desarrollo del paramilitarismo en el Cauca labró su nefasto camino en la pasada década de los setenta cuando operaban el Batallón Junín y la Escuela de Suboficiales Inocencio Chinca, del Ejército, sede Popayán; unidades militares crearon el Batallón de Infantería José Hilario López, responsable de la masacre del corregimiento Los Uvos, en la que 17 campesinos fueron asesinados el 7 de abril de 1991.
Pero, fue en el primer semestre de 1999 cuando estructuralmente y de una manera organizada las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Bloque Occidental, conformado por los frentes Calima, Farallones, Pacífico y Páez, hicieron su aparición en el centro del Valle del Cauca, otro departamento, con el fin de adelantar un macabro plan de posicionamiento en todo el suroccidente del país; este hecho trazó la historia de muerte y barbarie, en ese momento, de un 45 % del territorio caucano; poco a poco y con la permisibilidad de la fuerza pública, el apoyo de reconocidos ganaderos y comerciantes de la región y de algunas empresas de renombre nacional e internacional, las AUC fueron posicionándose en toda la zona (Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, 2002, p. 10).
Razones detrás del conflicto armado en el Cauca T1
La Corporación Nuevo Arco Iris[2] advertía en su momento sobre algunos factores determinantes del conflicto en el Cauca:
Entre la pasada década del setenta y esta década, el departamento de Cauca parece haberse detenido en el tiempo:
– Son constantes la presencia y expansión de los llamados por el Estado Grupos Armados Organizados (GAO): Ejército de Liberación Nacional, ELN (Frente de Guerra Suroccidental, Frente José María Becerra, Compañía Lucho Quintero, Frente Manuel Vásquez Castaño, Compañía Camilo Cien Fuegos, Compañía Milton Hernández Ortiz); Ejército Popular de Liberación (EPL) y grupos paramilitares (Clan del Golfo, Águilas Negras y AUC).
– También se siguen expandiendo otros denominados por la institucionalidad como grupos armados organizados residuales y las conocidas disidencias de las antiguas Farc (Jaime Martínez, Carlos Patiño, Dagoberto Ramos, Nueva Marquetalia y Jacobo Arenas). Estos últimos surgen y se fortalecen ante el incumplimiento progresivo del Acuerdo de Paz y la incapacidad del gobierno de Iván Duque de hacer presencia en territorios abandonados luego de la dejación de armas por parte de las Farc-EP.
– A esos actores se suma la Tercera División del Ejército Nacional, el Comando Específico del Cauca, la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra-4) y la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo con sus respectivas brigadas móviles y batallones, y la región 4 de la Policía Nacional (Red de Derechos Humanos del Sur Occidente de Colombia “Francisco Isaías Cifuentes” y otros, 2020, p. 8).
Lo anterior hace evidente la notable presencia de actores armados y una extrema militarización del departamento, es decir, que se recurre a las antiguas fórmulas de despliegue de autoridad y seguridad sin resultado alguno. Según la Defensoría del Pueblo, el actual Gobierno ha registrado al 20 % de los habitantes del Cauca, unas 235.000 personas, como víctima del conflicto armado.
Cauca, el departamento de mayor movilización social y resistencia del país T1
En palabras del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH, 2013, capítulo II), la Constitución política promulgada en 1991 se convirtió en un nuevo intento para abrir la democracia, modernizar al país y crear un consenso alrededor de la paz. No obstante, agrega el Centro, durante décadas los violentos no han entendido el mensaje. A la luz de hoy, ni siquiera enfrentando una pandemia han cambiado su manejo y al tiempo que han agudizado las condiciones de vulnerabilidad y pobreza, para ellos, el terrorismo continúa.
En Cauca, durante el primer trimestre de 2021, 497 personas sufrieron el confinamiento forzado en sus viviendas y comunidades y 5.527 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado (OCHA, 2021). De ellas, 4.700, en el municipio de Argelia y las otras situaciones se registraron en Guapi y Timbiquí.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que registró todo lo anterior, mostró una preocupación más latente que nunca debido al asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña el martes 20 de abril en el corregimiento de Pescador. La gobernadora ejerció un liderazgo social y era una de las 178.000 víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); además, participó activamente en el Caso 05 de esta jurisdicción, que priorizó la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle. Lamentablemente, vivir bajo amenazas es el día a día de los líderes sociales y de las autoridades indígenas en el Cauca (OEA, 2021).
Pero la historia, además de detallar la violencia que padece la gente en el Cauca, también destaca a este departamento por su grado de movilización social y de resistencia en el país. Los paros indígenas son históricos en varios sentidos, uno de ellos, por el incumplimiento de varios gobiernos con estas comunidades. Y el de Iván Duque no es la excepción. Su mandato se caracteriza por ser ni-ni: ni promete, ni cumple, ni nada; el viernes 30 de abril de 2021, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) anunció al país su participación en el paro nacional que había comenzado dos días atrás[3].
Según informó a medios de comunicación la abogada y defensora de derechos humanos Lizeth Moreno, en el Cauca, el saldo del paro nacional de 2021 fue el siguiente (Canal Capital, 2021):
– Más de 130 personas heridas.
– 36 detenciones arbitrarias.
– Dos hechos de tortura sin procesos de judicialización posterior.
– Dos hechos de homicidio (un estudiante universitario y un líder campesino del municipio de Mercaderes).
– Tres hechos de violencia sexual.
– Estigmatización contra la protesta social debido a los señalamientos por parte del ministro de la Defensa, Diego Molano, en contra de cuatro dirigentes sociales, líderes y defensores de derechos humanos, a quienes señaló como responsables de los hechos en contra de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal. Ofreció por ellos una recompensa de 50 millones de pesos.
Al seguir indagando, aparecen más cifras. La Organización de los Estados Americanos (OEA) asegura que, desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, se han asesinado 271 personas con liderazgo social en el Cauca. Añade que el 51 % de estos homicidios se dirigió a indígenas, el 26 % contra personas campesinas con liderazgo social y el 11 % contra líderes y lideresas afrodescendientes.
Varias reflexiones surgen en este contexto. La primera es que, bajo el gobierno de Iván Duque, no podemos saber si, de haberse implementado el Acuerdo de Paz, nos hubiéramos librado de tantas muertes originadas en el conflicto armado; la segunda, si se hubiesen podido construir o restablecer lazos de confianza entre ciudadanía y Estado nacional, esos que no existen en los territorios y las diversas comunidades de Colombia debido a la ausencia y desigualdad que vienen brindando los diferentes gobiernos en nuestro país. El ni-ni de Iván Duque… ¡no pudo!
Referencias
Canal Capital Bogotá. (2021, 31 de mayo). Esta es la actual situación del Cauca en el marco del Paro Nacional. El Lunes – Mesa Capital. Entrevista a Lizeth Montero, abogada y defensora de Derechos Humanos. Video. https://www.youtube.com/watch?v=8_4PSK8ImG8
Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y paz. CNMH.
Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. (2021). Sandra Liliana Peña Chocue, tus ideas direccionarán el paso a seguir en defensa del territorio. https://www.cric-colombia.org/portal/sandra-liliana-pena-chocue-tus-ideas-direccionaran-el-paso-a-seguir-en-defensa-del-territorio/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_db9dfac3135e4578540b48e726919591ab776ef7-1627326386-0-gqNtZGzNAzijcnBszQbO
Espinosa, F. (2012). Las razones detrás del conflicto en el Cauca. Corporación Nuevo Arco Iris. https://www.arcoiris.com.co/2012/07/las-razones-detras-del-conflicto-en-el-cauca/
Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. (2021). La JEP rechaza el asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña en Caldono – Cauca. JEP. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-rechaza-el-asesinato-de-la-gobernadora-ind%C3%ADgena-Sandra-Liliana-Pe%C3%B1a-en-Caldono,-Cauca.aspx#:~:text=La%20JEP%20rechaza%20el%20asesinato,Pe%C3%B1a%20en%20Caldono%20(Cauca)%E2%80%8B&text=%2D%20La%20Jurisdicci%C3%B3n%20Especial%20para%20la,20%20de%20abril%20de%202021.
Mantilla, J. (2012, 23 de julio). La apuesta geopolítica de las FARC en el Cauca ¿Concentración o dispersión? Razón Pública. https://razonpublica.com/la-apuesta-geopolitica-de-las-farc-en-el-cauca-iconcentracion-o-dispersion/
Observatorio de Derechos Humanos-Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz, Indepaz. (2021). Informe de masacres en Colombia durante 2020 y 2021. http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) (2021, 7 de abril). Colombia- Emergencias humanitarias reportadas por los Equipos Locales de Coordinación (ELC) entre enero y marzo de 2021. https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-emergencias-humanitarias-reportadas-por-los-equipos-locales-de-coordinaci-9
Organización de los Estados Americanos, OEA. (2021, 27 de abril). La CIDH condena la violencia en el Cauca e insta a Colombia a reforzar el desarrollo de políticas públicas que transformen las causas estructurales de la violencia en el país. https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/103.asp
Red de Derechos Humanos del Sur Occidente de Colombia “Francisco Isaías Cifuentes”, Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca y Organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías en el Departamento del Cauca. (2020, 5 de mayo). Informe especial. Situación de emergencia por vulneraciones a los derechos humanos en el departamento del Cauca. https://www.cric-colombia.org/portal/informe-especial-situacion/.
Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca. (2002, febrero). Informe de violaciones de los derechos humanos. Departamento del Cauca, año 2001. https://www.redporlavidacauca.com/assets/informe-ddhh-cauca-2001—red-por-la-vida.pdf
Torrado, S. (2021, 1º de abril). El Cauca no tiene paz en Colombia. El País. https://elpais.com/internacional/2021-04-01/el-cauca-no-tiene-paz-en-colombia.html
[1] Se refiere al acuerdo entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (Farc-EP), firmado el 24 de noviembre de 2016.
[2] Centro de pensamiento, investigación y acción social para la reconciliación, que construye análisis, impulsa iniciativas y promueve acciones en relación con la superación del conflicto armado, la paz, el posconflicto y la seguridad para contribuir a la profundización de la democracia y la construcción de alternativas de equidad social y desarrollo, mediante el fortalecimiento del Estado social de derecho y la sociedad civil.
[3] El paro nacional al que se vinculó el CRIC tuvo como uno de sus primeros motores protestar contra la nefasta reforma tributaria que el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla buscaba hacer pasar como “Ley de solidaridad sostenible”. Gracias a la resistencia de nuestra juventud, a la Minga y a la unión entre regiones y nacional, el gobierno no logró su cometido: implementar un paquete de medidas con las que buscaba obtener más de 23 billones de pesos a costa de la realidad que estamos viviendo, con personas y empresas en quiebra económica.
