Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos
Miedo a la paz y reconstrucción de la guerra
El proyecto narco-paramilitar quedó fragmentado luego de la extradición a Estados Unidos, en mayo de 2008, de sus 14 principales comandantes militares (Lozano, 2008). En 2016, salió de escena el principal enemigo armado de este proyecto, la organización guerrillera fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), debido al desarme y desmovilización de más de 13.000 combatientes.
Ambos sucesos dejaron despejado gran parte del tablero de ajedrez de actores armados, con una posibilidad grande para el país de superar 70 años de guerra. Sin embargo, quedó un grave problema para los impulsores del proyecto narco-paramilitar-contrainsurgente, que vieron dos riesgos en el Acuerdo de paz firmado en 2016: perder los privilegios de la representación política impuesta mediante el terror y tener que devolver parte del botín de los cerca de ocho millones de hectáreas de tierras despojadas (González 2011); y como parte neurálgica de esas nuevas situaciones, tener que afrontar los escenarios para la rendición de cuentas por los cientos de miles de atrocidades perpetradas a lo largo de varias décadas.
Con el fin de evitar todo ello , la coalición de intereses políticos, empresariales y militares que se ha beneficiado del proyecto narco-paramilitar emprendió una estrategia orientada en varios sentidos[1]: impedir el avance de los compromisos del Acuerdo de paz y el desmonte de las estructuras armadas del paramilitarismo, descarrillar los acuerdos con la otra organización guerrillera todavía en armas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), reconstruir desde sus bases las estructuras que controlan el narcotráfico en las distintas regiones y refundar el accionar de las estructuras y prácticas paramilitares en el ámbito nacional.
Luego de que el proyecto narco-paramilitar accedió al control del aparato estatal en las elecciones de 2018 y durante los tres primeros años del gobierno de Iván Duque han avanzado enormemente la reconstrucción de actores armados y la refundación del paramilitarismo.
Superación de la fragmentación paramilitar y del vacío del “enemigo insurgente”
Los políticos de la derecha y los mandos militares suelen decir que el paramilitarismo se acabó entre los años 2003 y 2006 con la desmovilización parcial de sus estructuras en el gobierno de Álvaro Uribe. Eso no ha ocurrido (Verdad Abierta, 2008).
En gran parte del territorio que controlaban esas estructuras, permanecieron remanentes de manera mucho más encubierta. En las nuevas condiciones, ejercieron control territorial y se dedicaron a actividades criminales, como las relacionadas con narcotráfico, extorsión a poblaciones y extracción de rentas mediante préstamos gota a gota y minería legal e ilegal. El gobierno pasó a denominarlas “bandas criminales”.
En algunas regiones, sobre todo en el Atrato, Urabá y el Caribe, los paramilitares retomaron pronto sus funciones al servicio de clanes políticos y empresariales que se habían beneficiado del despojo de tierras. Su labor consistió en impedir mediante el terror y el asesinato de líderes la reclamación de las tierras despojas, Fue así como comenzaron a conocerse con el nombre de “Ejércitos Anti-Restitución” (El Tiempo, 2012).
Al comienzo del gobierno de Duque, Uribe, el expresidente, jefe del partido de gobierno y de la coalición de la extrema derecha, entonces senador, declaró que había una situación grave de violencia y narcotráfico que exigía persistir en la confrontación armada. Argumentaba que en el país había,
5.000 reincidentes de Farc en armas, 15.000 del ELN entre Venezuela y Colombia y más de 20.000 en la Bacrim y esta inseguridad que heredó el presidente Duque necesita unas fuerzas armadas con iniciativa (…) con decisión de recuperar el orden público .(Semana, 2019).
En consecuencia, debía reforzarse “el mandato de recuperar la seguridad en (…) ´la legalidad´” (Semana, 2019).
Semejante ficción era ante todo un proyecto político para reconstruir al enemigo, de manera que pudiera recrearse en el corto plazo el ambiente de guerra, único capaz de garantizar la continuidad de sus privilegios y la certeza de su impunidad.
Desde luego, sus afirmaciones no tenían ningún fundamento. Obedecían ante todo al miedo a que los avances notorios del proceso que comenzó con las negociaciones de paz y se afianzó con la firma del Acuerdo llevaran al bloque de poder contrainsurgente[2] a perder el poder político y económico acumulado mediante el terror y el despojo perpetrado por las huestes narco-paramilitares a su servicio y cesara la impunidad con que su enorme poder les había permitido disfrutar hasta entonces.
La realidad en los comienzos del gobierno Duque era completamente contraria. Un logro importante del Acuerdo de paz fue que en 2017 Colombia tuvo la tasa de homicidios más baja en varias décadas, se redujeron las muertes por el conflicto en un 97 %, el desplazamiento en un 79% y las víctimas de minas antipersonales en un 99 % (Canal Capital, 2019).
De otra parte, también, el año con menos bajas y heridos entre las fuerzas militares fue 2016 y las elecciones de 2018 fueron las más pacíficas en muchas décadas. Los logros de la paz habían beneficiado también a los militares, pues las cifras de muertos y heridos habían llegado a un mínimo histórico, al punto que en enero de 2017 el presidente Santos celebraba la salida del último herido de guerra del Hospital Militar (El País, 2017).
Obviamente, para reconstruir el proyecto paramilitar y legitimarlo había que partir de la reconstrucción del “enemigo” insurgente, bastante debilitado luego de la desmovilización de las Farc-EP y de los avances en las negociaciones de paz con el ELN.
Las ficciones de Uribe se reflejaron tempranamente tanto en las Bases del Plan de Desarrollo de Duque, como en su Política de Seguridad y Defensa. En ambas se desconoció por completo el contexto de paz y de desmovilización logrado en el gobierno anterior y se falseó la realidad enunciando que, en vez de desmovilización y desarme, lo que dominaba en el contexto era la subsistencia de lo siguiente:
“graves amenazas a la seguridad de la nación y a los derechos de los colombianos, resultado de la capacidad de adaptación y mutación de los grupos armados ilegales y de la grave pérdida de iniciativa estratégica del Estado en la lucha contra dichos fenómenos criminales (Mindefensa 2019, p. 20).
Favorecimiento de la expansión de actores armados
Uno de los compromisos principales del Acuerdo de paz fue desmantelar las estructuras paramilitares y llevar seguridad y garantías de participación a las regiones afectadas por el conflicto. . . Este compromiso se ha incumplido totalmente. Por el contrario, desde la firma misma del Acuerdo, la confluencia de sectores beneficiados con el proyecto narco-paramilitar desplegó estrategias que iban más allá de solo impedir el desmantelamiento: se trataba, sobre todo, de fortalecer el accionar paramilitar en distintas regiones.
Ya en el gobierno de Juan Manuel Santos, esa confluencia tenía el control de la Fiscalía y de gran parte del Congreso, que influía en sectores de las Altas Cortes. Con ello, se obstaculizó, desde entonces, el desmantelar las estructuras continuadoras del proyecto narco-paramilitar. Y en 2018, el bloque de poder contrainsurgente volvió a tomar el poder del Estado
Es decir, ese bloque venia maniobrando desde las negociaciones de paz entre el gobierno de entonces y las Farc-EP para impedir el cumplimiento de cualquier acuerdo. En especial, una vez firmado, para impedir la desmovilización o desmantelamiento de las estructuras paramilitares y el avance de conversaciones con el ELN y para forzar el retorno a las armas de sectores de la dirigencia y las bases de las Farc que se habían desmovilizado.
Connivencia con la expansión y control territorial de actores armados ilegales
Hemos dicho que el bloque de poder que se ha beneficiado históricamente del accionar paramilitar persigue reconstruir el enemigo insurgente y, con ello, posicionar otra vez una justificación en favor del predominio del proyecto narco-paramilitar. Pues bien, en esa dinámica, dicho bloque ha hecho evidente su connivencia con el accionar, en general, de los grupos ilegales: de manera velada, con el ELN y diversos sectores de las llamadas disidencias de las exFarc y en forma cada vez más abierta, con las estructuras del proyecto narco-paramilitar.
Son tantas las denuncias de esa connivencia de militares, policías y autoridades civiles con las estructuras paramilitares y los diversos actores armados, que solo unas cuantas de ellas ponen a la luz que se trata de hechos notorios.
Apoyo de alto nivel al proyecto narco-paramilitar
El acceso al poder estatal de la coalición favorecida y/o aliada con el narco-paramilitarismo ha conducido a un reforzado apoyo desde el Estado a su expansión territorial.
Desde 2020, en especial, con motivo de las medidas de excepción que impusieron el confinamiento obligatorio, ha sido explícito ese apoyo a gran escala y a alto nivel. Son varios los efectos de esta situación:
Varios acontecimientos documentados mostrado los vínculos de altos funcionarios del actual gobierno, de miembros de la coalición de gobierno y de los mandos seleccionados para ocupar los más altos cargos en la estructura de las Fuerzas Militares con estructuras y dinámicas del proyecto narco-paramilitar: la llamada ñeñepolítica, la sociedad de negocios de la vicepresidenta con Memo Fantasma, contador de las AUC; el uso de los narcoaviones en campaña presidencial, la protección al jefe paramilitar alias Gárgola en la principal guarnición militar del país y otros. Así, quedan pocas dudas de que la expansión de este proyecto y del narcotráfico en general ha contado con el apoyo y la connivencia desde el más alto nivel de quienes detentan el poder de gobierno.
Centralización del proyecto narco-paramilitar en el Clan del Golfo.
En los tres años que lleva el gobierno Duque, como hemos visto, se han favorecido la reconstrucción y la expansión de actores armados. Su accionar ha servido de justificación para refundar, reconstruir y centralizar las estructuras narco-paramilitares, con el liderazgo de las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo.
Al inicio del gobierno, el comandante de las Fuerzas Militares General dijo que a los grupos armados ilegales había que “llevarlos a un punto de inflexión” (El Tiempo, 2019). Desde entonces, como hemos expuesto, en un contexto de recreación del enemigo insurgente, los grupos ilegales no han hecho más que crecer y expandirse, en contravía del compromiso del Acuerdo de paz de desmantelarlos.
En junio de 2020, el ministro de Defensa señaló que entre 2018 y 2020 se duplicaron los miembros de las disidencias. Calculó que hay 4.600, que 2.600 están armados y que el resto pertenece a las redes de apoyo y a milicias, tanto rurales como urbanas (El Espectador, 2021a).
A comienzos de 2021, informes de inteligencia divulgados por los medios decían que los cinco principales grupos armados ilegales terminaron 2020 con alrededor de 6.800 combatientes: las disidencias de las antiguas Farc, con 2.500 combatientes, el ELN con 2.450, el Clan del Golfo con 1.600, Los Caparros con 100 y Los Pelusos con 150 (Reuters, 2021). No obstante, distintos analistas exponen que durante 2020 hubo una notoria expansión tanto de las disidencias coordinadas por Gentil Duarte como las de la Nueva Marquetalia (El Espectador, 2021a). Los analistas coinciden en señalar que también el ELN ha crecido en estos tres años (El Espectador, 2021b).
Con el pretexto de luchar contra todos estos actores ilegales, en la ilusoria “guerra contra el narcotráfico”, el Ejército sigue expandiendo su pie de fuerza. Al finalizar el primer semestre de 2021, se activaron las Brigadas 2 y 3 contra el narcotráfico y 63 pelotones recibieron instrucción y entrenamiento, con el fin de “afectar de manera contundente las estructuras delictivas para destruir toda la cadena del narcotráfico” (Semana, 2021a) Mientras tanto, en las 10 zonas priorizadas por el Ejército es donde más han crecido tanto la producción de narcóticos, como la presencia de actores paramilitares con sus secuelas de masacres, despojos y asesinatos de líderes sociales. En las nuevas circunstancias, el general Navarro vuelve a insistir en que hoy “nuestro objetivo es llevarlos a un punto de inflexión y vamos a seguir persistiendo en eso» (Reuters, 2021).
Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), tanto las llamadas disidencias de las Farc, como el ELN y a los que se nombraron Grupos Armados Organizados, casi que han doblado su presencia armada territorial en el país durante los primeros años del gobierno de Duque.
En particular, las disidencias, conformadas por 28 grupos, habrían pasado de tener presencia en 56 municipios a fines de 2018, a estar en 113 municipios a finales de 2020. La mayor parte de estos grupos estaría al mando de Gentil Duarte (16 grupos), cinco grupos con la Nueva Marquetalia, y otros 7 grupos serian disidencias dispersas (Ávila, 2020).
De otra parte, algunas estructuras como la Óliver Sinisterra (Pacífico nariñense), los Contadores (piedemonte nariñense y Tumaco), la Mafia Sinaloa-Comandos de la Frontera (Putumayo) y el Frente Carlos Patiño (cañón del río Micay) parecen estar completamente absorbidas en negocio del narcotráfico, la agresión a las comunidades y un accionar cada vez más paramilitarizado.
Sin embargo, la estructura armada ilegal más grande de Colombia y la que más ha crecido es la de las AGC o Clan del Golfo, pues están presentes, según Pares, en 211 municipios del país, principalmente Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó y Nariño (Fundación Paz y Reconciliación, 2020).
En este nuevo panorama, Duque ha fijado como prioridad el combate a las disidencias, en especial, a la Nueva Marquetalia (a la que ingenuamente llama Narcotalia) y al ELN (Leal, 2021). En este propósito, ha ordenado hacer uso de “todo el poder de fuego contra las disidencias”, lo que incluye la utilización, a discreción, de bombardeos, que ya han dejado como víctimas a decenas de niños, jóvenes y adolescentes, víctimas además de reclutamiento forzado.
Pero en esa prioridad, también ha usado francotiradores contra los jefes de esa estructura, que también han dejado a varios civiles como víctimas, pero que, parece ser una estrategia para fortalecer a las AGC y delegar en ellas el combate a la Nueva Marquetalia y al ELN.
En este propósito, desde comienzos de 2020, sobre todo, en el contexto de la pandemia, se han hecho evidentes masivas incursiones de las estructuras narco-paramilitares del Clan del Golfo con el fin de copar las zonas controladas antes por las Farc, combatir los frentes del ELN y a la Nueva Marquetalia y asumir el control de los cultivos ilícitos, así como la producción y comercialización de narcóticos en alianza con carteles mexicanos (principalmente, el Cartel de Sinaloa).
El paramilitarismo urbano
El fenómeno más reciente en la instrumentalización estatal del fenómeno paramilitar ha sido su entronización en varias ciudades, entre ellas, Cali, Bogotá, Bucaramanga y Neiva para actuar al lado de la policía en la represión de la protesta social.
Consultado el fiscal general sobre cómo se define el fenómeno de civiles armados que actúan al lado de la policía para disparar en contra de manifestantes, fue enfático en afirmar que se trataba de paramilitarismo (Caracol Noticias, 2021b). La decisión de perseguir y judicializar a dichos integrantes del paramilitarismo urbano es muy distinta y menor a la vehemencia y desproporción con la que ha actuado para perseguir los excesos y actos violentos cometidos por algunos manifestantes en las protestas, La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP indica que esos paramilitares actuaron durante el paro en 27 ciudades del país y ninguno de ellos ha sido detenido, ni mucho menos procesado por estos crímenes (JEP, 2021).
Se ha querido hacer masiva la idea de que esos paramilitares solo accionaron armas traumáticas, pero, en varios lugares se les vio disparando armas de fuego con las que hirieron y asesinaron a varios manifestantes. En su informe sobre las violaciones a los derechos humanos en la protesta social que cubrió los meses de abril a junio de 2021, Human Rights Watch documenta que cinco de los civiles asesinados, recibieron disparos con armas que accionaron estos civiles (Human Rights Watch, 202).
En ese mismo escenario, 12 indígenas fueron heridos con armas disparadas por estos paramilitares para impedir que se manifestaran por barrios de Cali de clases altas, como Ciudad Jardín. Esto ocurrió el 9 de mayo de 2021 (Romero, 2021). Ninguno de los agresores fue detenido o judicializado.
Aunque parezca un fenómeno nuevo, el paramilitarismo urbano ha estado presente en distintas ciudades desde la conformación de los llamados Frentes de Seguridad Ciudadana y antes, desde la conformación de las cooperativas de vigilancia y seguridad, las Convivir creadas a comienzos de los pasados años noventa. En Medellín, persisten, a pesar de que hace 24 años, la Corte Constitucional las declaró organizaciones contrarias a la Constitución (Sentencia C-572 de 1997).
El paramilitarismo y mercenarismo transnacional
Hay otra desgraciada proyección de las operaciones encubiertas y del paramilitarismo, de modo similar a como se los utiliza internamente contra la población nacional: se trata de su utilización en operaciones transnacionales para intervenir en conflictos internacionales en países en los que se quiere escalar la confrontación, mediante métodos que no permitan reconocer la ilegalidad de las actuaciones. Dicho de otro modo, es el empleo de estrategias paramilitares para generar inestabilidad e intentar el derrocamiento de un gobierno vecino se han denunciado en varias ocasiones.
El gobierno colombiano ha guardado absoluto silencio sobre el evento en contra del gobierno de Venezuela en el participó Iván Duque y en el que se utilizaron los servicios del grupo paramilitar Los Rastrojos para garantizar la presencia del líder opositor Juan Guaidó. Sucedió en la ciudad de Cúcuta (Publimetro, 2019).
Igualmente, en llamada Operación Gedeón, incursión de militares exiliados venezolanos que buscaba derrocar por las armas al presidente Maduro se conoció que la incursión se planeó, desarrolló y aprovisionó de armas desde Colombia, con conocimiento de autoridades de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, según denunciaron algunos de los implicados (Caracol Noticias, 2021a). Los hechos más recientes implican a los jefes de las bandas criminales que lideraron las acciones armadas en el cantón Cota 905 en el sur de Caracas, que huyeron hacia Cúcuta, luego de participar en una acción en donde habrían participado paramilitares colombianos, según algunos medios internacionales (Reuters y Sputnik, 2021).
El hecho más grave sin embargo fue la incursión de un comando de 26 militares colombianos y dos estadounidenses, con poco tiempo de haber sido retirados, para perpetrar el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. La JEP estaba investigando a uno de los mercenarios colombianos por perpetración de falsos positivos y otro era primo hermano del actual Consejero de Seguridad Nacional Rafael Guarín. Aunque, el funcionario afirma no conocerlo. Los militares habían sido seleccionados por una empresa contratista venezolana centrada en Miami, cuyo dueño es socio en alguna de sus empresas con Alfred Santamaría, muy bien relacionado con Duque y varios de los más altos directivos del Centro Democrático. El propósito de la misión, se ha mencionado en los medios, más allá de asesinar al presidente haitiano consistía en “organizar el futuro del país una vez ya no estuviese al mando, según explicó el New York Times” (Semana, 2021b). Inevitable no asociar este propósito con el de la junta cívico-militar que protagonizó el golpe militar en Argentina para llevar al país a un “proceso de reorganización nacional” o el proceso para “refundar la patria” llevado a cabo por el bloque narco-paramilitar contrainsurgente en Colombia con los pactos de la dirigencia de la coalición uribista y los jefes del narco-paramilitarismo. Nuevamente las extremas derechas latinoamericanas implicadas en aventuras en las cuales siempre hay presentes aparatos financiadores del crimen transnacional y de las drogas, con la ciudad de Miami (Florida) funcionando como centro de operaciones de “cambio de régimen” en distintos países, lleva inevitablemente a preguntarse cuál es la postura oficial del Gobierno de los Estados Unidos y cual su voluntad para desmantelar o para darle impulso a las redes transnacionales del poder criminal que atentan contra la paz, la democracia y los derechos humanos en Colombia y se proyectan desde aquí a otros países.
Referencias
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Canal Capital (2019, 12 de marzo). Las elecciones más pacíficas de la historia. Pacto salvó muchas vidas. Canal Capital. https://www.facebook.com/CanalCapitalOficial/videos/557439294742988/UzpfSTY0MTUxODE0NzoxMDE1NjE0NTE5MDk0MzE0OA/
Caracol Noticias (2021a, 27 enero). Mujer detenida en Colombia revela detalles de plan para tumbar a Nicolás Maduro. Caracol Televisión. https://noticias.caracoltv.com/colombia/mujer-detenida-en-colombia-revela-detalles-de-plan-para-tumbar-a-nicolas-maduro
Caracol Noticias (2021b, 7 de junio). “Civiles armados con la Policía es paramilitarismo”: fiscal general. https://noticias.caracoltv.com/colombia/civiles-armados-con-la-policia-es-paramilitarismo-fiscal-general
El Espectador (2021a, 12 de enero). El 2020 fue un año de consolidación y expansión de las disidencias de las Farc. El Espectador. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/para-las-disidencias-de-las-farc-el-2020-fue-un-ano-de-consolidacion-y-expansion/
El Espectador (2021b, 17 enero). Análisis: ELN de hoy es más fuerte que al inicio del presidente Iván Duque. https://www.elespectador.com/noticias/politica/analisis-eln-de-hoy-es-mas-fuerte-que-al-inicio-del-presidente-ivan-duque/
El País (2017, 15 de enero). Santos resaltó la salida del último herido de guerra del Hospital Militar en Bogotá. El País. https://www.elpais.com.co/colombia/santos-resalto-la-salida-del-ultimo-herido-de-guerra-del-hospital-militar-en-bogota.html
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Semana (2021a, 28 de junio). Cerca de 3.000 soldados del Ejército Nacional apoyarán la erradicación de cultivos ilícitos. https://www.semana.com/nacion/articulo/cerca-de-3000-soldados-del-ejercito-nacional-apoyaran-la-erradicacion-de-cultivos-ilicitos/202137/
Semana (2021b, 15 de julio). Implicados en la muerte del presidente de Haití habrían planificado el futuro del país cuando este ya no estuviese al mando. Semana. https://www.semana.com/mundo/articulo/implicados-en-la-muerte-del-presidente-de-haiti-habrian-planificado-el-futuro-del-pais-cuando-este-ya-no-estuviese-al-mando/202139/
Twiter: https://twitter.com/JEP_Colombia/status/1410633516036018176.
Verdad Abierta (2008). La desmovilización: el proceso de paz (2003-2006). https://verdadabierta.com/periodo4/
[1] Más adelante hablaremos de un concepto relacionado con esta coalición: el de “bloque de poder contrainsurgente” sostenido por Vilma Liliana Franco (2009). Con ese concepto, ella designa a la amplia confluencia de intereses políticos, empresariales y militares que controlan desde la clandestinidad gran parte de las redes criminales del narcotráfico y otras rentas ilegales y que se sirven del paramilitarismo para proteger y expandir sus proyectos de acumulación y despojo y para imponer un orden contrainsurgente en las distintas regionales donde ejercen su dominio.
[2] Véase nota de pie anterior.
