Ricardo Bonilla González / Profesor pensionado de la Universidad Nacional de Colombia
Como un año para olvidar: así pasará a la historia 2020. En él ocurrirá la tercera gran recesión de la economía colombiana en dos siglos de historia republicana y su origen es ajeno al comportamiento de los actores económicos y su dinámica. La profundidad de la recesión, en cambio, es consecuencia del manejo errático y desafortunado del Gobierno nacional y de su incapacidad para liderar la coyuntura y ofrecer paliativos razonables a la población. Es muy temprano para evaluar los daños y determinar las necesidades de la reconstrucción del tejido económico y social, pero, lo que sí se sabe, es que no podrá llegarse allá haciendo más de lo mismo. Es la oportunidad del cambio.
El crecimiento colombiano de largo plazo, alrededor del 4 % anual, que es a duras penas mediano en el mundo pero una quimera para nuestros gobernantes, ni siquiera se ha obtenido en el último quinquenio porque la locomotora funciona a media marcha y su futuro es desalentador. Antes de la irrupción de la covid-19, la economía colombiana ya tenía problemas por la extremada dependencia en un producto. La pandemia la hundió más. De dónde venimos, las proyecciones previas, la respuesta institucional y las alternativas de recuperación son los temas del presente documento.
El comportamiento previo de la economía colombiana ilustra las condiciones en que se enfrenta la pandemia y no son las mejores: fallas en la locomotora principal, desempleo en alza y déficit gemelos, mientras el control de la inflación llega al rango meta. Dado el modelo de desarrollo, dependiente de algún sector primario exportador, Colombia es un país acostumbrado a las estrellas fugaces en las que los buenos años son resultado de alguna bonanza, cafetera o petrolera, y lo transcurrido de este siglo no es la excepción. El último mejor año fue 2011, con precios altos del petróleo y crecimiento del PIB al 6,9 %. De entonces hacia acá, lo normal es crecer por debajo de la tasa de largo plazo y el promedio del quinquenio 2015–2019 es del 2,5%, lo que no es una buena senda.
Desde hace 30 años, las bonanzas petroleras, por precios altos, desplazaron a las cafeteras, también por razones similares. La diferencia se encuentra en que los beneficiarios directos de la cafetera son los productores y comercializadores privados, mientras que en la petrolera, es el Estado. Eso convirtió los hidrocarburos en su principal fuente de ingresos y en una especie de herencia irrenunciable, al punto de reflejarse como la principal locomotora del crecimiento en los planes de desarrollo de este siglo. Para el infortunio gubernamental, los últimos años se caracterizan por la inestabilidad de sus precios y el debate por descontinuar su uso, aunque esto último se va a demorar. Los ingresos cayeron y difícilmente habrá otra bonanza.
El consolidado del quinquenio esta precedido de los altibajos en la cotización del petróleo y en la inestabilidad de los ingresos: un crecimiento moderado del 3 % en 2015, la mayor caída en 2017, con 1.4 %, y una ligera recuperación para 3,3 % en 2019 y una expectativa (al comenzar 2020) del 3,5 % para el año en curso. Con esta perspectiva, se aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) vigente. Los planes de desarrollo del siglo XXI (ya 6, incluido el de transición del siglo) tienen en común colocar las exportaciones mineras como motor del desarrollo, bajo el supuesto de un efecto multiplicador hacia el resto de la economía y sin construir un plan de transición hacia otras exportaciones y dinámicas. Esa locomotora perdió velocidad y el gobierno espera recuperarla, lo que no ha sucedido.
En los planes de desarrollo del siglo XXI, las exportaciones mineras figuran como motor del desarrollo. Esa locomotora perdió velocidad y el gobierno espera recuperarla: no ha sucedido.
El principal impacto de la dependencia exportadora es su efecto cambiario1. Durante más de diez años, hubo una fuerte revaluación de la tasa de cambio, consistente con altas cotizaciones; un tránsito abrupto a la devaluación en 2015 y la inestabilidad cambiaria subsiguiente. En consecuencia, los indicadores de comercio exterior son desequilibrados y con fuerte déficit de las balanzas comercial y en cuenta corriente; las exportaciones no logran superar el 15 % del PIB, mientras las importaciones superan el 20 %, a falta de una oferta exportable diversa y la incapacidad del aparato productivo de sustituir importaciones y reconstruir encadenamientos con insumos nacionales.
A pesar de los ingresos fiscales derivados del sector minero exportador, no se logró el equilibrio de las cuentas fiscales del Gobierno nacional, ni del sector público consolidado. Por el contrario, la caída de las cotizaciones del petróleo redujo los excedentes de la empresa estatal Ecopetrol y la base de los ingresos de regalías. Esa inestabilidad agudizó la inflexibilidad del gasto público, lo que condujo a aprobar la “regla fiscal”2 como un instrumento de política pública para promover su estabilidad y evitar el castigo del índice país, generado por la menor calificación internacional de riesgos. Con déficits más bajos terminó 2019: -2.5 % y -2.9 %, producto de ajustes drásticos del gasto y baja ejecución, con menores ingresos tributarios y amenaza de pérdida en calificaciones.
La situación del mercado laboral tampoco es satisfactoria. Después de algunos años en los que la tasa de desempleo volvió a ser de un digito, el quinquenio terminó con una tasa por encima de la promedio de largo plazo y de dos dígitos, al 10,5 %. Esto fue consecuencia de la pérdida de dinamismo de sectores intensivos en mano de obra y de la asimetría que existe entre los grandes contribuyentes al PIB, minería y financiero, y su incapacidad de generar empleo masivo. Desempleo alto e informalidad son los problemas complejos de la sociedad colombiana y no hay, salvo discursos altisonantes, propuestas efectivas para que el recurso humano se use mejor. Sin embargo, la inflación está controlada y el Banco de la República cumplió su objetivo.
La situación del mercado laboral tampoco es satisfactoria, Desempleo alto e informalidad son los problemas complejos de la sociedad colombiana y no hay, propuestas efectivas para que el recurso humano se use mejor.
En síntesis, el quinquenio concluye y el año en curso empieza con los desequilibrios macroeconómicos más cuestionados por las calificadoras de riesgos y organismos internacionales: i) déficits gemelos y ii) desempleo sin inflación. Los déficit de cuenta corriente y fiscal, ambos en los límites de la sostenibilidad y en perspectiva de agravarse; el de cuenta corriente, por la necesidad de importar bienes intermedios para la limitada producción nacional sin respuesta adecuada en las exportaciones, y el fiscal, por el paquete de exenciones aprobado en la Ley de Crecimiento, en diciembre pasado. Desempleo, dada la incapacidad de generar proyectos de choque que dinamicen la actividad económica con bajos costos financieros.
El optimismo del gobierno se reflejó en las proyecciones con que se aprobó el PGN3. Una expectativa de crecimiento del 3,5 % por recuperación de las exportaciones mineras y alineamiento de los indicadores fiscales alrededor de la regla fiscal. El optimismo duró muy poco. La aparición de la covid-19 en China derrumbó los pronósticos y el contagio externo fue el primer choque de demanda en la economía nacional. En febrero, el precio del petróleo cayó a niveles negativos y las proyecciones de crecimiento bajaron dos puntos, mientras se hacía necesario un tratamiento de choque para recuperar la dinámica del empleo y la demanda, situación para la que el gobierno no tuvo reacción afirmativa.
El 6 de marzo se confirmó en Colombia el primer caso efectivo de contagio de la covid-19, importado de Italia. En ese momento empezó el definitivo choque de demanda a la economía nacional y se mostró la impericia y el comportamiento errático del gobierno. Con el argumento de defender la economía, no introdujo correctivos en los procedimientos de acceso de viajeros y puertos y aeropuertos quedaron expuestos a la proliferación del contagio externo, con su paulatina transformación en contagio local. No introdujo medidas preventivas elementales, protocolos de seguridad, cerco sanitario ni aislamiento selectivo obligatorio. Al final, cerró los aeropuertos y ordenó la cuarentena, en una serie de decisiones encontradas y cruce de opiniones con mandatarios locales.
Una vez decretada la cuarentena, surgió el interrogante sobre cómo garantizarla.
Una vez decretada la cuarentena, surgió el interrogante sobre cómo garantizarla. Por seguridad alimentaria, no policial. En respuesta, el gobierno decreta, el 17 de marzo de 2020, el Estado de Emergencia4 y descubre que puede legislar a su acomodo. El despacho presidencial se convirtió en una fábrica de decretos sin control del Congreso y a la espera de lo que pudiera decidir la Corte Constitucional. Inauguró la versión colombiana de “Aló Presidente”, creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) el 21 de marzo5, con destino al sistema de salud y a la población encerrada y sin ingresos, y lo dotó con recursos prestados e impuestos que no podía decretar, que la Corte terminó declarando inconstitucionales6.
El segundo choque de demanda, el generado por factores internos, es consecuencia de la cuarentena sin ingresos y al cierre de la producción y de servicios no esenciales. El aislamiento generó la pérdida de más de 5,5 millones de puestos de trabajo, entre los de empleados formales y los trabajadores por cuenta propia que dejaron de laborar y pasaron a la inactividad. En consecuencia, la población económicamente activa (PEA) se contrajo, aumentó la población inactiva y, en mayo, subió la tasa de desempleo hasta el 21,4 % en mayo. Un mes después, esa tasa descendió a 19,8% en junio (DANE, 2020) (cuadro 1), cuando muchos trabajadores por cuenta propia retomaron sus actividades. Sin ingresos e impedidos para trabajar, los hogares sufrieron una caída en su consumo estimada oficialmente en -5.7 % (cuadro 2).
| Concepto/año | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 P | 2019 PR | 2020 PR | |
| Déficit Gobierno Nacional | -3,0 | -4,0 | -3,6 | -3,1 | -2,5 | -8,2 | |
| Déficit sector público consolidado | -3,4 | -2,2 | -2,4 | -2,7 | -2,9 | -9,5 | |
| Cuenta corriente | -6,3 | -4,2 | -3,3 | -3,9 | -4,3 | -4,8 | |
| Inversión extranjera directa | 4,0 | 4,9 | 4,4 | 3,5 | 3,5 | 2,6 | |
| Importaciones de bienes y servicios | 22,7 | 21,5 | 20,1 | 20,7 | 22,7 | 16,0 | |
| Exportaciones de bienes y servicios | 15,7 | 14,7 | 15,1 | 15,9 | 15,9 | 10,7 | |
| Deuda pública bruta SPNF | 53,4 | 54,9 | 54,4 | 57,5 | 57,3 | 64,2 | |
| Deuda externa pública y rivada | 38,0 | 42,5 | 40,0 | 39,6 | 42,7 | 44,2 | |
| Deuda externa pública | 22,5 | 25,1 | 23,1 | 21,9 | 22,8 | 23,3 | |
| Deuda externa privada | 15,5 | 17,4 | 16,9 | 17,7 | 19,9 | 20,9 | |
| Ahorro total | 17,0 | 17,4 | 16,9 | 16,3 | 16,8 | 13,2 | |
| Tasa desempleo | 8,9 | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 10,5 | 21,4 | |
| Tasa inflación IPC | 6,8 | 5,8 | 4,1 | 3,2 | 3,8 | 2,4 | |
| Devaluación real | 13,7 | -7,4 | 4,7 | -0,9 | 0,6 | 3,7 |
Es temprano para medir el impacto final de la pandemia, dado que se ha extendido más de lo previsto y aún hoy no se sabe cuándo tocaremos techo. Por lo pronto, al cierre de este artículo, van cinco meses y los resultados del segundo y del tercer trimestre serán dramáticos. Así lo reconoce el Gobierno y lo refleja en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2020), del que se toman las estimaciones preliminares del año, sin que sean conclusivas (cuadros 1 y 2). Por ejemplo, allí se estima la caída del PIB hasta -5,5 %, pero, otras proyecciones son menos optimistas y la extienden hasta -8 %. Estas últimas, totalmente creíbles, como consecuencia del menor movimiento en el comercio exterior, de exportaciones al -16 % e importaciones al – 19 % y de aumento del déficit en cuenta corriente al -4.8 % del PIB, mientras la deuda pública se proyecta al 64 %, el déficit fiscal al -8,2 % y la caída en el ahorro hasta el 13 %, todos, sobre el PIB.
La llegada de la covid-19 es un hecho sobreviniente para el que nadie estaba preparado y por eso el contagio y la recesión son universales y en cadena. En Colombia, aún estamos en medio del primer ciclo y las respuestas han dependido de la magnitud del daño y de la percepción del tipo de prevención y credulidad sobre su existencia.
En las respuestas institucionales de diversos países se observan tres tipos de comportamiento: 1) los que pusieron todo el esfuerzo en la prevención y garantizaron cuarentenas efectivas, 2) los que dudaron entre salvaguardar la economía y controlar el contagio, de modo que actuaron tímidamente con apoyos al sistema de salud y medidas insuficientes para sostener el aislamiento, y iii) los que dijeron que el virus era una simple gripa y dejaron avanzar el contagio, para tener que asumir las consecuencias en el daño de la economía. Los primeros salieron rápido, redujeron el daño en salud y tienen mejores posibilidades para recuperar el tejido socioeconómico: Corea y China, entre otros. Los terceros son hoy el centro de la pandemia, aún no vislumbran el pico y su economía se deterioró en grados impensables: Estados Unidos, Brasil y México. La reacción colombiana es del segundo grupo.
Ante la evidencia de recesión, se puede garantizar un aislamiento obligatorio que significa reducir la actividad económica a lo esencial (salud, cadena alimenticia y servicios de saneamiento, transporte y comunicaciones), tan solo, gastando los ahorros, con deuda o con asistencia de emergencia. Dada la desigual distribución del ingreso en Colombia, cerca del 90 % de los hogares no tiene capacidad de ahorro y lo que pueda haber acumulado no está disponible porque forma parte del ahorro forzoso de los fondos para la vejez. Ese mismo 90 % es, difícilmente, objeto de crédito y, menos, en condiciones de reducción de ingresos y pérdida de las posibilidades de trabajar. Para ese grupo, solo queda la alternativa de salir a rebuscar ingresos o de esperar una ayuda temporal de emergencia.
Dada la desigual distribución del ingreso en Colombia, cerca del 90 % de los hogares no tiene capacidad de ahorro. Para ese grupo, solo queda la alternativa de salir a rebuscar ingresos o de esperar una ayuda temporal de emergencia.
Las acciones de diversos gobiernos se han dirigido a: 1) estimular la demanda con apoyos directos a los hogares, 2) apoyar a las micro y pequeñas empresas en pagos de nómina, de manera que se eviten despidos, 3) apoyar a las empresas, con garantías para asumir créditos a tasas bajas, 4) diferir el pago de impuestos nacionales y territoriales y v) invertir en recursos públicos, como respuesta ante la parálisis de la inversión privada. Eso se refleja en las políticas monetaria y fiscal de la coyuntura y Colombia no es la excepción.
| Año | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 P | 2019 PR | 2020 PR | ||
| Crecimiento del PIB (%) | ||||||||
| Consumo final (I) | 3,4 | 1,6 | 2,3 | 3,7 | 4,4 | -3,9 | ||
| Hogares | 3,1 | 1,6 | 2,1 | 3,0 | 4,5 | -5,7 | ||
| Gobierno | 4,9 | 1,8 | 3,6 | 7,0 | 4,3 | 4,1 | ||
| Formación bruta de capital (II) | -1,2 | -0,2 | -3,2 | 2,1 | 4,0 | -17,7 | ||
| Demanda Interna (I + II) | 2,4 | 1,2 | 1,1 | 3,4 | 4,3 | -6,8 | ||
| Exportaciones | 1,7 | -0,2 | 2,6 | 0,9 | 2,6 | -16,3 | ||
| Importaciones | -1,1 | -3,5 | 1,0 | 5,8 | 8,1 | -19,0 | ||
| Producto Interno Bruto (PIB) | 3,0 | 2,1 | 1,4 | 2,5 | 3,3 | -5,5 |
La política monetaria, responsabilidad del Banco de la República, se concentra en el control de la inflación y el instrumento más importante es la tasa de interés de intervención, la que regula las relaciones entre el Banco Central Emisor y los bancos comerciales. La Junta Directiva respondió oportunamente con el objeto de otorgar liquidez a la economía y lo hizo con dos tipos de decisiones: la primera consistió en bajar sucesivamente la tasa de interés de intervención: desde abril de 2018, se encontraba en 4,25 y, después de cinco reuniones que iniciaron en marzo de 2020, la dejó en 2,25: con 50 puntos básicos (pb)7, luego en abril, otros 50 pb; en mayo, también 50 pb; en junio, 25 pb y en julio, 25 pb, para un total de 200 pb, en atención a la expectativa de inflación próxima a 2 %, tendencia a la baja por el choque de demanda. La segunda decisión fue reducir el encaje marginal con objeto de liberar recursos a los bancos comerciales para dar capacidad de otorgar créditos.
La política fiscal ha tenido tres tipos de decisiones: 1) apropiar recursos para el sistema de salud, 2) apropiar recursos para auxilios de emergencia y 3) apalancar recursos de salvaguarda de créditos privados. Las dos primeras, con el FOME, adscrito al Ministerio de Hacienda. En este fondo se cuenta con $23,3 billones, el 2,3% del PIB. El resto de recursos, para que el sector financiero apoye empresas. En total, el Gobierno nacional afirma usar recursos por el 11 % del PIB para afrontar los efectos de la pandemia, pero solo existe certeza de lo apropiado al FOME que, tampoco, se ha ejecutado en su totalidad.
El FOME distribuyó presupuestalmente sus recursos en tres contingencias, así: 1) para la emergencia sanitaria, destinada al área de salud, $ 8,24 billones; 2) para ayudar a población vulnerable, transferencias condicionadas e ingreso solidario, $ 6,63 billones y 3) para el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), $ 6,96 billones. Falta por aprobar la distribución presupuestal de recursos por $ 1,44 billones (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2020, p.405). Los recursos para la salud, se entregaron a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), propias del régimen privado, y no a la salud pública, razón por la cual no hay un programa efectivo de rastreo masivo y el diagnóstico es parcial, con bajo número de pruebas por millón de habitantes y tasa positiva elevada. En los otros dos programas, destinados a la población, se han ejecutado $ 6,2 billones, el 0,6% del PIB.
Aunque, el gobierno colombiano le puso atención en términos técnicos a la pandemia, en términos reales, no la atendió directamente sino que la dejo en manos de terceros y actúa según el ritmo de los acontecimientos. Los recursos apropiados para entregar a los hogares fueron insuficientes y no los han entregado en su totalidad, de manera que las sucesivas cuarentenas han sido poco efectivas. La población salió a rebuscarse y los focos de contagio se expandieron, lo que nos ha convertido en el país con la cuarentena más larga del mundo sin haber contenido los contagios, ni llegar al pico. Los prejuicios “población atenida” y “quieren todo gratis” primaron sobre la necesidad de aislar eficientemente, algo que pretendieron resolver con una ayuda denominada “ingreso solidario” de $ 160 mil por hogar: ni siquiera, un valor en la línea de pobreza.
El Gobierno concentró los apoyos en el sector financiero, las EPS y las empresas, en espera de que ellas atendieran apropiadamente a la población, lo que no sucedió. Además de dejar en manos de las EPS la respuesta a un problema de salud pública, con evidente descuido de otro tipo de enfermedades, el grueso de la atención quedó en manos de la oferta empresarial. Es un absoluto fracaso el programa PAEF, con entrega de ayudas a la nómina; como se dijo, hubo para eso una apropiación de $6,96 billones y, al 3 de agosto, se habían desembolsado $ 1,7 billones (Observatorio Fiscal Universidad Javeriana, 2020); en consecuencia, más de 2 millones de personas perdieron su empleo. El sector financiero quedó con toda la liquidez y los recursos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), pero, no ha reflejado la baja en las tasas de interés y extremó los requisitos para otorgar créditos, a nombre del mayor riesgo.
Los estimativos preliminares son pesimistas, pero no extremos; la desaceleración se transformó en recesión, cuyo tamaño aún se desconoce; por ahora, está en un intervalo de entre -5 % y -8 %. El consumo de los hogares y la inversión bruta de capital son las más afectadas (cuadro 2), mientras el único que puede gastar es el Gobierno, con un gasto que se proyecta al 4,1%; para financiar ese gasto, y ante la previsible caída en la tributación, aumenta la deuda pública interna y la externa y el déficit fiscal supera ampliamente lo previsto en la Regla Fiscal; por esto fue necesario dejarla a un lado. El daño en la economía es más profundo de lo que habría podido ser si el Gobierno hubiera garantizado los recursos para una cuarentena efectiva y dejado de lado propuestas teatrales como “el día sin IVA” y “aislamiento inteligente”. Lo barato sale caro y estamos pagando las consecuencias del miserabilismo oficial.
El contagio se universalizó y la afectación a la economía es global, con una drástica reducción del comercio internacional y la limitación de los mercados internos a lo esencial. Esto significa que las actividades relacionadas con el comercio exterior, el turismo y la vida social son las más perjudicadas y, probablemente, las últimas en reactivarse. Lo esencial está definido por lo siguiente: los requerimientos del sistema de salud en atención a la pandemia, de manera que se redujo la atención a otras patologías a lo exclusivamente urgente; el saneamiento básico, la producción y comercialización de la cadena alimenticia, el transporte controlado, los canales de comunicación, así como la producción de insumos y bienes calificados como esenciales y las funciones de gobierno. Las demás actividades se reducen notoriamente.
Recuperarse es volver a poner en marcha ese aparato productivo y de servicios paralizado temporalmente, con todas las implicaciones de esa parálisis. La mayor tasa de desempleo y el incremento de la población inactiva refleja la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de unidades productivas de empresas formales y de actividades de trabajadores independientes que ofrecen servicios, para los que no hay demanda. Recuperarse no es simplemente volver a abrir las puertas de los negocios: es volver a contratar personas, asumir los costos del tiempo perdido, tener capital de trabajo y adquirir nuevo inventario, aumentar gradualmente el uso de la capacidad instalada y esperar compradores.
Se observan, al menos, dos percepciones en los países en relación con la pospandemia: 1) algunos suponen que lo sucedido fue “un pinchazo” que, una vez superado, permite retomar la actividad normal y volverá el creciemiento; se conoce como la perspectiva de una coyuntura en “V”, en la que se sale de un momento normal, se cae por efecto-contingencia y se retoman actividades sin dificultad. 2) Otros entienden que hubo cambios para perdurar y que recuperar la normalidad es resultado de un plan de choque, equivalente al Plan Marshall, que se impulsó luego la segunda guerra mundial, con fuerte inversión pública y estímulos a la actividad privada.
Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, para la próxima década, la percepción del gobierno colombiano es la de un movimiento en “V”: crecimiento del 3,3 en 2019, caída al -5.5% en 2020, recuperación al 6,6% en 2021 y al 5,5% en 2022, para continuar en una senda del 3,3% al final de la década (Ministerio de Hacienda, 2020, pp. 247 y ss). Esa rápida recuperación será consecuencia de “mejores precios y mayores niveles de producción de commodities (Ministerio de Hacienda, 2020, p. 260)”, es decir, de la expectativa de recuperar el mercado minero-energético y mantener el modelo vigente acompañado de mayor inversión privada. El gobierno considera que los fundamentos de la economía están bien, siguen vigentes y se recuperará la senda de crecimiento de 2019, interrumpida por la covid-19. Más de lo mismo, sin programa alternativo.
Seguir sosteniendo el crecimiento económico con una locomotora de trocha angosta y en desuso no es la mejor propuesta de recuperación, en la que tampoco se entienden las razones del bajo crecimiento del quinquenio anterior. Es hora de cambiar. Los recursos mineros no se van a acabar pero no son la alternativa del futuro. Esta alternativa hay que construirla volviendo a los sectores agropecuario e industrial, reconstruyendo cadenas productivas y consolidando una oferta exportable diversa y de mayor valor agregado. El país tiene que superar el síndrome de las bonanzas y, para hacerlo, no puede seguir dependiendo de una canasta reducida de exportaciones de bienes primarios.
Es hora de cambiar. Los recursos mineros no se van a acabar pero no son la alternativa del futuro. Esta alternativa hay que construirla volviendo a los sectores agropecuario e industrial.
La política monetaria no se puede concentrar solamente en el control de la inflación, sacrificando el crecimiento y el empleo. Es el momento de revisar los compromisos del Banco de la República. La prioridad de la recesión anterior, 1998-1999, fue bajar la inflación y llevarla a la senda del 3%: ese objetivo está cumplido. La prioridad pospandemia es recuperar la senda del crecimiento y bajar la tasa de desempleo. Las medidas tomadas en la coyuntura contribuyen a dar liquidez y a crear condiciones para volver a crecer, mientras el choque de demanda llevó la inflación a un inesperado 2 % para fin de año y a tasas negativas en varios meses, de modo que dejó de ser un problema por el momento. Hora de pensar en el crecimiento con empleo.
La política fiscal queda maltrecha y lejos de la perspectiva ideada en la Regla Fiscal. De ahí que no tenga sentido volverla función-objetivo. El Gobierno tiene claro que él es el único que puede gastar y que lo tiene que hacer contra deuda, lo que significa, contra impuestos futuros. Sin embargo, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se dice lo contrario, lo que es un contrasentido. Bajo la premisa de que las cuentas fiscales deben volver a equilibrio, el Gobierno considera que su única intervención es el gasto de emergencia y, por tanto, supone que el gasto del Gobierno central sube hasta el 23,8 % del PIB en 2020 y debe bajar al 20,7 % en 2021, para que el déficit fiscal de -8.2% se reduzca a -5.1% en un año8. Tampoco tiene previsto mejorar ingresos y descarta una reforma tributaria; mucho menos, hacer la reforma integral que siempre se ha ofrecido y nunca se ha aprobado. Al final, un Estado pasivo.
1 Fenómeno conocido como Enfermedad Holandesa. Véase, por ejemplo, Montenegro (2018).
2 La Ley de Regla Fiscal se aprobó en julio de 2011, Ley 1473, y comenzó a regir el 1º de enero de 2012. Se suspendió en plena pandemia
3 Decreto 2411 de 30 de diciembre de 2019.
4 Decreto 417 de 17 de marzo de 2020.
5 Decreto 444 de 21 de marzo de 2020.
6 Véase, por ejemplo, la suerte del decreto 568 de 15 de abril de 2020 y el pronunciamiento de la Corte Constitucional el 4 de agosto (Chaves, 2020).
7 Una buena explicación de la utilidad de hablar de “puntos básicos” se encuentra en https://es.wikipedia.org/wiki/Punto_base. Allí mismo explica que “un punto básico (…) es la centésima parte (1/100) de un punto porcentual, es decir 1 pb = 0.01 %”. Por ejemplo, un 0,01% de un 10 % o 1 punto básico de un 10 % (nota editorial).
8 Ministerio de Hacienda, Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020, tabla 46, página 269.
